Trabajo «expropia» más de la mitad de los fondos de formación de empleo de las autonomías

Nuevo lío a la vista. El Gobierno parece haber dejado a un lado el hilo directo con las comunidades autónomas en la toma de decisiones conjuntas en esta crisis sanitaria, tras facultarse en el último decreto ley para disponer unilateralmente de los fondos adscritos a los planes de formación profesional que el Servicio Público de Empleo (SEPE) distribuye entre las regiones. Esta norma avalaba al Ministerio de Trabajo para derivar los 2.414 millones aprobados en esta partida, con destino a pagar las prestaciones de desempleo, lo que levantó ampollas en los gobiernos autonómicos bajo control de populares y nacionalistas, ya que sólo enteraron de esta medida una vez publicada en el BOE. Ninguno de los ministros que ofrecieron la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la hizo pública.

Así se lo hicieron saber a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que estaba destinada a informarles sobre todas las medidas laborales adoptadas por el Gobierno hasta la fecha y para conseguir su apoyo en esta polémica medida, tomada, según dijo la ministra, «con carácter excepcional y extraordinario», aunque no pudo evitar que todo derivara en un agrio enfrentamiento con los consejeros no socialistas presentes. Tras más de cinco horas de choques dialécticos se llegó a un acuerdo de mínimos, por el que se acordó finalmente distribuir a las comunidades 1.048 millones de euros para políticas activas de empleo –menos de la mitad presupuestada–, una medida que no contó con el apoyo de todas ellas.

En el Real-Decreto Ley 11/2020 publicado en el BOE, se establece que “dado el impacto económico ocasionado por las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 se procede a cambiar la afectación" de lo dispuesto en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional Para el Empleo en el ámbito laboral. Por ello, se permitirá que "los ingresos derivados de la cotización por formación profesional puedan aplicarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo, incluyendo, de esta manera, finalidades más amplias que la mera formación profesional para el empleo”. Con este cambio, se habilitaba al Gobierno a destinar ese dinero al pago del paro.

Según informó Díaz, finalmente Trabajo repartirá "el 90% de los fondos públicos en un contexto de enorme dificultad dado que no sabe cuánto será capaz de recaudar, pero queremos avanzar el reparto». Dada la excepcionalidad del momento, se ha autorizado que estos fondos tengan flexibilidad para su uso y que cada gobierno «decida en qué dirección vaya a utilizar los recursos públicos en esta situación excepcional». No obstante, el reparto aprobado queda condicionado a una valoración final sobre los resultados del cierre del ejercicio.

Madrid, Cataluña, País Vasco, Castilla y León, Andalucía... Hasta siete comunidades se opusieron a que todos los fondos de las políticas de empleo se utilizaran para otros fines sin contar con su consentimiento y le afearon a la ministra que, con esta decisión, los trabajadores que pagan la cuota por desempleo para garantizarse esta prestación si la necesitaran estarían duplicando su aportación al destinar la cuota de formación al pago de la prestación. Para oficializar su oposición, varias de estas comunidades enviaron cartas de protesta a Yolanda Díaz para manifestarla su rechazo sobre cómo se había aprobado esta última medida. La Comunidad de Madrid criticaba que no «mediara ninguna consulta previa» y hablaba de «menosprecio».

El consejero de Economía, Manuel Giménez, rechazó de plano la decisión “unilateral” de recortar 139,5 millones de euros de los 266 que le correspondían y expresó que Madrid “entiende y apoya la necesidad de asegurar el pago de las prestaciones por desempleo en esta situación, pero no a costa de descapitalizar gravemente la fuerza laboral. Por su parte, el viceconsejero de Empleo del Gobierno Vasco, Marcos Muro, denunció esta “nueva imposición” del Ejecutivo central al eliminar “vía decretazo” las partidas de las comunidades, una medida que “invade competencias” y “atenta contra las necesidades” de los desempleados. En este sentido, advirtió de que estas políticas quedan “desamparadas”, pese a que serán “imprescindibles” para afrontar el incremento del paro. La Consejería de Trabajo de la Generalitat de Cataluña también reprochó al Gobierno que haya recortado en un 55% los recursos destinados a Cataluña para políticas activas de empleo, lo que implica una reducción del presupuesto en más de 215 millones de euros. En un comunicado, alertó de que afecta a los derechos de los trabajadores y se está dejando “sin herramientas a los servicios públicos de empleo para gestionar la postcrisis sanitaria”. Finalmente, la Consejería de Empleo andaluza aseguró que “esta medida supone arrebatar millones de euros a todas las comunidades autónomas, de los que alrededor de 200 millones de euros corresponden a Andalucía”.