Inspección vigilará la vuelta al trabajo sin un marco legal

Hoy se inicia la deshibernación económica de la mayoría de los sectores productivos no esenciales del país que fueron paralizados justo antes de Semana Santa, pero se hará bajo un clima de desconcierto y desinformación provocado por la inhibición de Ministerios clave, como Trabajo e Industria, que han delegado toda responsabilidad de este regreso al Ministerio de Sanidad. Industria mantuvo durante los últimos días varias reuniones con representantes de las patronales CEOE y Cepyme, de las que salieron dos guías de actuación que todavía no han visto la luz, al menos por parte ministerial, que sigue sin publicarlas en su página web, por lo que han tenido que ser los empresarios los que han informado de sus conclusiones a sus asociados, que ya han activado planes de contingencia propios ante el vacío gubernamental.

Más sangrante ha resultado la actitud de Ministerio de Trabajo, cuya relación con la confederación de empresarios no pasa por su mejor momento, tras su retirada de la reunión concertada para el pasado viernes junto a los sindicatos CC OO y UGT y la titular ministerial, Yolanda Díaz, en la que se iba a informar –a posteriori– sobre la gestión de la pandemia y de la próxima aprobación de la renta mínima vital provisional, la causante de este desencuentro. Fue su forma de protestar ante lo que entienden una falta de respeto de las reglas del diálogo social y una «deslealtad institucional» demostrada por el Gobierno.

Precisamente, Trabajo ha sido el Ministerio más criticado por «ponerse de lado» –según manifestaron a LA RAZÓN fuentes empresariales– justo en el momento en que vuelve a la actividad parte del tejido empresarial paralizado por el parón forzoso. No ha dictado normas específicas para las empresas ni ha establecido protocolos laborales más allá de los estrictamente sanitarios e higiénicos dictados desde el Ministerio de Sanidad a través de su recién publicada guía de «Buenas prácticas en los centros de trabajo». Nada sobre un marco legal oficial y sectorial sobre el que las empresas puedan organizar su vuelta al trabajo sin temor a cometer algún tipo de irregularidad. Y esto conlleva un problema para las empresas: al no haberse oficializado una orden ministerial ni haber sido publicado en el BOE ningún nuevo decreto, todo queda a merced de su buena voluntad.

Fuentes del Ministerio dirigido por Yolanda Díaz manifestaron a este diario que Inspección de Trabajo tiene preparada ya una campaña especial para «vigilar que las medidas elaboradas por Sanidad se cumplan en los centros de trabajo. Van a estar muy encima», reconocen. Por ello, los empresarios temen que la falta de una normativa oficial al respecto que otorgue un marco legal adecuado pueda provocar el caos y una ola de expedientes y sanciones. «Solo con una guía práctica no puede ser suficiente para que la Inspección lance una campaña de control a las empresas, sin ni siquiera una base legal sobre la que sustentarse, porque lo que ha publicado Sanidad solo tiene entidad como recomendación informativa, no como normativa oficial», explicaron las mismas fuentes empresariales, que pusieron en duda que los inspectores puedan llegar a sancionar.

Ante esta falta de seguridad jurídica, tanto el sector industrial como el de la construcción –básicamente los dos que fueron hibernados mayoritariamente con el permiso retribuido recuperable– han decidido planificar sus propios protocolos, basados en las recomendaciones hechas por el ministro Salvador Illa. Las asociaciones de la construcción y de la industria –Confemetal y CNC– han pactado todas estas medidas con los sindicatos, además de que han facilitado listados de empresas que pueden poner a su disposición el material de protección necesario para sus empleados –algo que todas las patronales han estado reclamando a la Administración con insistencia durante los últimos días y que no han conseguido que les faciliten–.

Otra de las cuestiones que tampoco ha aclarado Trabajo es si a las empresas que en teoría tienen que acabar la hibernación se les proporcionará la posibilidad de poder alargar los Expedientes de Regulación Temporal (ERTE) por fuerza mayor en el caso de que no tengan capacidad para recuperar su actividad y sus ingresos. «Si no es así, no tendremos más remedio que echar el cierre y despedir a los trabajadores», advierten. Trabajo ha dicho que sigue en estudio.