Los créditos para ayudar al alquiler por el coronavirus, misión casi imposible

“Han fijado [el Gobierno] casi más requisitos para conceder un préstamo de 5.000 euros a un particular que para dar uno de 100 millones a una gran empresa”. Con esta frase tan gráfica define una fuente del sector bancario la maraña burocrática a que, según coinciden en admitir varios consultados, se van a enfrentar aquellas familias en situación de vulnerabilidad afectadas por el coronavirus que vayan a solicitar uno de los microcréditos articulados por el Gobierno para ayudarles a pagar los próximos seis meses de alquiler. Tal es el compendio de exigencias, que estas fuentes dudan de que el plan vaya a funcionar.

Sobre el papel, los requisitos básicos para acceder a estos préstamos que cubrirán un máximo 900 euros mensuales durante seis meses -5.400 euros como máximo- son sencillos. Se resumen en haber sufrido el arrendatario o un miembro de su unidad familiar una reducción de ingresos por el Covid-19; que los ingresos de la unidad familiar no superen en el mes anterior a la solicitud de la ayuda cinco veces el Iprem (2.689,2 euros); que la renta del alquiler más los gastos y suministros básicos sean igual o superior al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar; y no ser, ni el arrendatario ni ningún miembro de la unidad familiar, propietario o usufructuario de ninguna otra vivienda. Pero cuando se profundiza en los detalles, “te das cuenta de que las condiciones son muy duras y no sabes hasta que punto se va a poder pedir esto”, explican estas fuentes. Además, añaden los consultados, la cantidad de documentos que se exigen para certificar que se cumplen las condiciones para hacerse acreedor del crédito complican todo aún más. “Han hecho tal burocracia que habrá que ver quienes lo piden”. Certificados de la Agencia Tributaria, del Registro de la Propiedad o de la entidad gestora de las prestaciones por desempleo son algunos de los documentos necesarios para acceder a estos préstamos, que no suponen ni gastos ni intereses para quien los soliciten, que, además, contarán con un plazo para devolverlo de seis años, con posibilidad de una prórroga de cuatro años más. Aunque se empezarán a conceder ahora, tienen carácter retroactivo desde el 1 de abril.

Los consultados aseguran que el sector bancario le ha transmitido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del que depende Vivienda, estos problemas. Aseguran que han estado tratando hasta el último momento de convencerlos para que cambiaran los requisitos. Sin embargo, no han logrado grandes avances, según explican. Pese a ello, reconocen que la mayoría de las entidades acabarán adscribiéndose a los convenios con el ICO, el encargado de avalar los préstamos, para los que el Estado ha dispuesto una financiación de 1.200 millones de euros.

La banca lamenta que este tipo de ayudas, como ya les ha ocurrido con otras como la moratoria hipotecaria, generen frustración y enfado entre los ciudadanos. “La gente se enfada con nosotros por la cantidad de papeles que les pedimos, pero las condiciones no las fijamos nosotros”, insisten. En el caso de la moratoria, sus resultados también están siendo los esperados, aseguran desde algunas organizaciones sectoriales. Según datos recabados por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), sólo uno de cada diez de sus potenciales beneficiarios se está beneficiando de la medida, que establece un aplazamiento de capital e intereses durante 3 meses. El plazo de amortización de la hipoteca se alarga a su vez por 3 meses de manera que no se incrementa la carga financiera del cliente.

Oposición

Autónomos y pymes también han mostrado en todo momento su desacuerdo con este tipo de financiación para salvar sus negocios y se quejan de que el Gobierno se limite a buscar soluciones que van siempre dirigidas hacia su endeudamiento. “Los autónomos no quieren microcréditos. Nosotros siempre hemos estado en contra de esto. Lo que se necesitan son ayudas directas, que solventen la situación límite que viven estos trabajadores”, se queja Lorenzo Amor, presidente de ATA. “Los requisitos que se han impuesto no van a poder cumplirlos la mayoría de los autónomos. Justificar una caída del 75% de la facturación del último mes respecto a la media del trimestre del año anterior para poder solicitar la moratoria del alquiler es prácticamente imposible de cumplir en la mayoría de los casos. En el caso de los microcréditos es mucho peor”, añade.

En este sentido, Eduardo Abad, presidente de UPTA, mantiene la misma línea y cree que “el Gobierno sigue sin entender lo que necesitamos. La solución no son los microcréditos para el alquiler, sino que se apruebe una moratoria verdadera de las mensualidades del alquiler [de establecimientos] para que se puedan aplazar mientras dure el cese de actividad, y que además se igualen las condiciones a las de los particulares. No sé por qué tienen que ser distintas si estamos en la misma situación”. Abad recuerda las dificultades que están teniendo los trabajadores por cuenta propia a la hora de solicitar las ayudas y los créditos del ICO. “El Ejecutivo sigue exigiéndonos el cese de actividad en la Agencia Tributaria para poder solicitar cualquier ayuda, lo que nos obligaría a cerrar nuestros negocios. Es una cerrazón que no entendemos que mantengan cuando se lo hemos explicado por activa y por pasiva. Y se lo volveremos a repetir en la próxima reunión sectorial. No queremos microcréditos, sino facilidades para salvar nuestros negocios y a nuestros trabajadores”.

Por su parte, María José Landaburu, secretaria general de Uatae, descarta también el sobreendeudamiento que puede provocar acudir a la financiación para solucionar todos los problemas. “Creemos que son necesarias ayudas directas que no perjudiquen al arrendador, especialmente para aquellos sectores más castigados, como la hostelería, que está perdiendo unos meses en los que reciben ingresos mucho mayores que en otros periodos y que en muchos casos los utilizan para afrontar los pagos del resto del año”.