La rigidez laboral pone en riesgo miles de empleos tras el verano

Cualquier crisis que sacuda la economía española provoca un desgarro en el mercado laboral que tarda décadas en cicatrizar. No hay más que echar la vista atrás, hasta la sacudida más reciente, para darse cuenta de que no hubo ni una sola economía homologable donde la sangría se cebara más en el empleo que en España. En el segundo trimestre de 2007, la tasa de paro española alcanzó su mínimo del siglo, un 7,93%, con apenas 1,7 millones de desempleados sobre una población activa de 22,3 millones. Apenas año y medio después, en el primer trimestre de 2009, el desempleo afectaba a más del 17% de la población activa, cuatro millones, y en el primer trimestre de 2013, a casi el 27% de los españoles en edad de trabajar (26,94%), con 6,3 millones de desempleados.

Cuando el mercado laboral no se había recuperado aún del hundimiento, con cuatro millones de puestos de trabajo triturados entre los 20,7 millones de afiliados de finales de 2007 y los mínimos alcanzados a principios de 2014 (16,9 millones), de los que aún quedaban por incorporar un millón de aquellos empleos perdidos, la crisis del Covid-19 amenaza con otro lustro perdido. Y eso pese a que desde la entrada en vigor de la reforma laboral el umbral de crecimiento a partir del cual la economía española es capaz de generar puestos de trabajo ha pasado del 2% de antes de 2012 a tasas cercanas al 1%.

Durante 2014, la economía española creó más de 400.000 empleos a pesar de crecer al 1,36%. En 2018, España logró la mayor creación de empleos en 12 años (566.200) con una tasa de crecimiento del PIB del 2,4%. En 2019, el PIB creció un 2% y se crearon algo más de 400.000 puestos de trabajo. Sin embargo, el Gobierno socialcomunista sigue empeñado en enterrar la reforma laboral y en cargar contra la estructura productiva del país, vinculada al sector servicios, la hostelería y el turismo.

Es cierto que el peso de la industria en España es inferior al de Alemania, el 16% por el 28%, pero también que el sector público español tiene más presencia que la industria. En 2007 representaba el 14,6% del PIB (157.201 millones) y en 2019 se situó en el 16,4% (203.432 millones). El alza es de 2,2 puntos, unos 46.000 millones más en euros corrientes. En cuanto al empleo, hace 12 años todo el empleo público suponía el 17,5% (3,6 millones) del mercado laboral total y ahora representa nada menos que el 22,4% (4,1 millones).

La tasa media de paro de los países con peor estructura productiva que la española (menos industrializadas) es del 7%. Es decir, con una estructura productiva que supera la del 80% de los países del mundo, España no reduce sus tasas de paro. ¿Por qué?

La explicación se debe, según las patronales y el consenso de los economistas, a que las regulaciones, barreras y cargas con las que tiene que funcionar la economía española no se adaptan a la capacidad productiva.

Por un lado, están las empresas y los trabajadores cualificados, capaces de generar empleos indefinidos y competitivos, con una alta productividad, para los cuales las barreras regulatorias no implican ningún lastre. Pero la mayoría del tejido empresarial del país son microempresas y pymes familiares, con poco potencial de crecimiento por los altos costes laborales que tendrían que afrontar. Esto deja una masa perpetua de potenciales trabajadores abocados a la temporalidad, la economía sumergida o el paro. Y es precisamente la población activa con menor cualificación la que más difícil tiene lograr esa experiencia, sobre todo los jóvenes y las mujeres.

El PIB por hora trabajada en España equivale al 86% del observado en las ocho principales economías europeas. España destaca por su rigidez, tal y como señalan los economistas Andrés y Doménech. Como resultado de ello, a finales de 2019 las tasas de desempleo y de temporalidad eran mucho más altas en España que la media de las ocho principales economías europeas: del conjunto de la población activa, sólo el 60,1% de los trabajadores tenía un contrato indefinido en España frente a más del 80% de las ocho mayores economías de la UE. La rigidez es también la responsable de que España fuera el único país de la UE en el que entre 2007 y 2012 se observó, a la vez, un aumento del paro y de las horas trabajadas por ocupado. En 2012 había menos trabajadores ocupados que en 2007, pero trabajando más horas. Por el contrario, en Alemania el ajuste de la jornada laboral permitió que el empleo creciera en los años más duros a costa de una disminución de las horas trabajadas.

Los denominados países «frugales» pretenden establecer condiciones estrictas a los países del Sur para acceder al Fondo de Reconstrucción. Las pensiones están en la mira, pero sobre todo la legislación laboral, incapaz de dar a los empresarios españoles el margen suficiente para resistir a desafíos como el actual. La receta de los «frugales» está clara: nada de derogar, España necesita más flexibilidad laboral.