Retrasar cuatro años la jubilación mejora la pensión hasta un 16%

La sostenibilidad del sistema de pensiones es uno de los objetivos prioritarios del Gobierno, que prepara una reforma estructural que pondrá sobre la mesa en el Pacto de Toledo, cuyas negociaciones se reiniciaron ayer tras el parón veraniego. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, defenderá abiertamente en este debate que para acabar con el déficit estructural de las pensiones en el menor tiempo posible y abordar con garantías la temida jubilación de la generación del «baby boom» -los nacidos entre 1955 y 1975, cuyos primeros jubilados llegarán en apenas dos años-, hacen falta tres recetas principales: aumentar la natalidad o, en su defecto, aumentar la población laboral con trabajadores extranjeros; eliminar de la Seguridad Social gastos y pagos que no le corresponden y, sobre todo, retrasar la edad efectiva de jubilación para aproximarla a la legal. Ahora mismo, la edad efectiva esta situada en 64 años y cinco meses, mientras que la legal está en 65 años y 10 meses –según el plan previsto esta llegará a los 67 años en 2027–. Pero la idea es ordenar las bonificaciones y penalizar al máximo las jubilaciones anticipadas.

Y es en el retraso de la edad de jubilación en el que coinciden la mayoría de informes sobre sostenibilidad de las pensiones. El último en hacerlo ha sido el Instituto de Actuarios Españoles (IAE) en su estudio «Factor de Equidad Actuarial del sistema contributivo de pensiones de jubilación español», que concluye que «el sistema contributivo de pensiones de jubilación en España implica que, en la gran mayoría de los casos, el pensionista recibe más de lo que ha aportado en su vida laboral», y que el sistema muestra importantes desigualdades a la hora de comparar los distintos casos de pensionistas que se jubilan a diferentes edades, según sus años cotizados, «ya que no existe un criterio equitativo para adelantar o retrasar la edad de jubilación» apunta el IAE. Esto puede llevar a una enorme falta de equilibrio en la cuantía final de la pensión, ya que a mismos años cotizados se puede cobrar más cuanto más tarde se abandone la actividad laboral. Pero con matices.

El IAE explica que este año, una persona que acumule 38 años cotizados a los 65 años podría jubilarse a esta edad. Sin embargo, si decidiese prolongar su vida activa hasta los 69 años, acumulando 42 años cotizados, «se beneficiaría de un premio del 4% por cada año de demora». Es decir, podría cobrar hasta un 16% más. Sin embargo, el sistema mantiene una bonificaciones muy irregulares, lo que provoca, por ejemplo, que una persona con 65 años y 37 cotizados que decidiese seguir trabajando un año más que en el ejemplo anterior, hasta los 70 años y acumulando 42 años cotizados, sólo recibiría el 2,75% por cada año de retraso. Por ello, el «premio» recibido por retirarse un año más tarde con los mismos años cotizados (42) sería menor que la retribución de quien se jubiló con un año menos. Por tanto, el informe refleja que existen problemas de inequidad en la forma de definir los distintos grupos de coeficientes que conforman la tasa de sustitución. Como consecuencia de esta situación, los actuarios entienden que las penalizaciones y bonificaciones por jubilación a edades distintas y superiores a la ordinaria se deberían calcular de forma actuarialmente neutral –excepto por género–, sin hacerlas depender de los años cotizados.

El IAE cree que se podrían resolver las desigualdades y conseguir una relación más equitativa entre aportaciones y prestaciones actuando sobre tres elementos: el tope del 100% del coeficiente por años cotizados; las elevadas penalizaciones por anticipar la edad de jubilación y las bajas bonificaciones por retrasarla. De este modo, los actuarios entienden que tanto las penalizaciones como las bonificaciones por jubilación a edades distintas de la ordinaria se deberían calcular de forma actuarialmente neutral -excepto por género-, sin hacerlas depender de los años cotizados.

Según sus cálculos, los jubilados cobran de media un 51% más de lo que deberían percibir del sistema contributivo, por lo que advierten de que el actual sistema de cálculo de las pensiones contributivas de jubilación “presenta inequidades, lleva a arbitrajes y arriesga su viabilidad futura”. El IAE define y aplica en este estudio el concepto de Factor de Equidad Actuarial (FdEA), con el que pone en relación el valor actuarial de lo que, en conjunto, recibe una persona como jubilada y el valor actuarial de lo que aportó en total como trabajador.

El valor promedio ponderado que arroja el informe en el escenario de bases medias es de 1,51, lo que implica que el sistema contributivo de jubilación devuelve un 51% más de lo que recibe, “teniendo que financiarse esta diferencia bien a través de impuestos, bien a costa de incrementar la deuda pública”, avisan. Según explica el organismo, un FdEA inferior a 1 denota un sistema de pensiones en el que el jubilado percibe una prestación que, en valor actual actuarial, es inferior a lo que aportó. Si el FdEA es igual a 1, el sistema de pensiones sería “actuarialmente justo”, pues el valor actuarial de la pensión que percibe el jubilado coincidiría con el de las aportaciones que realizó al sistema. Por contra, un FdEA superior a 1 indica que el sistema de pensiones es “generoso” en términos relativos, pues se recibe más de lo que se aportó, como es el caso español.

El informe del IAE indica que hay margen de mejora para calibrar el sistema y hacerlo más equitativo. Así, subraya que conseguir que el crecimiento del PIB supere el 1,59% ayudaría a mejorar el sistema sin empeorar la suficiencia. El valor real del PIB que permitiría obtener la equidad actuarial en el sistema de pensiones es del 5,67% durante los próximos 40 años, cifra muy superior a todas las previsiones realizadas por las distintas instituciones sobre el crecimiento de nuestra economía. También se puede alcanzar un FdEA más bajo, incrementando el tipo de cotización, pero esta medida puede tener un efecto muy pernicioso en el mercado laboral.

Al mismo tiempo, destaca la necesidad de acordar un “patrón lógico” a la hora de incentivar o desincentivar las jubilaciones en función de la edad biológica y los años cotizados al sistema. “El conjunto de estas dos decisiones permitirá a todos los agentes relacionados juzgar la política de pensiones desde parámetros mensurables y estimaciones de impacto que pueden contrastarse con la realidad año a año”, concluye el IAE.