Europa allana a España el camino al Fondo de Reconstrucción

Las recomendaciones sobre la sostenibilidad de las pensiones y la no derogación de la reforma laboral se quedan en un segundo plano como exigencias para acceder a los 140.000 millones de ayudas

El camino se va despejando, aunque aún es pronto para cantar victoria. Las instituciones europeas llegaron ayer a un acuerdo para supeditar el desembolso de los fondos europeos al respeto al Estado de Derecho, con la mirada puesta en la deriva autoritaria de países del Este. Esto supone un balón de oxígeno para la entrada en vigor del fondo de reconstrucción europeo dotado con 750.000 millones de euros, de los que a España le corresponderían 140.000 entre ayudas y préstamos y del nuevo marco financiero plurianual para los próximos siete años del que dependen también las ayudas a las regiones o a los agricultores. A pesar de esto, el dinero europeo no llegará hasta la segunda mitad del año que viene y puede que se retrase hasta final del verano.

Las negociaciones sobre el fondo continúan porque el Parlamento Europeo y las cancillerías deben ponerse de acuerdo sobre algunos aspectos importantes, pero a nadie se le escapa que el acuerdo de ayer es una buena señal. El Parlamento Europeo había batallado sin descanso para poner en marcha un mecanismo eficaz y se da por satisfecho con el resultado de ayer. Además, la mayoría de las capitales europeas ha aprobado este nuevo instrumento, si bien Hungría y Polonia están intentando maniobrar para que no se produzca la aprobación definitiva.

Pero no todo está hecho. La Eurocámara quiere aumentar la dotación de algunas partidas presupuestarias como los fondos para I+D y el programa Erasmus de intercambio universitario y los principales grupos políticos del hemiciclo han llegado a un acuerdo para rebajar las condiciones a cambio del dinero europeo. En el texto consensuado en la Eurocámara se suprime cualquier referencia a la necesidad de cumplir las normas sobre déficit y deuda públicas, y se hace hincapié en la doble transición energética y digital mientras se deja en un segundo plano otras recomendaciones efectuadas por Bruselas que, en el caso de España, están referidas a la sostenibilidad de las pensiones o la vuelta de tuerca a la reforma laboral. Unos cambios que pueden no gustar a las capitales, ya que los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete incluyeron en su último texto de negociación una referencia explícita a la sostenibilidad fiscal, para disgusto de España que no pudo frenar este añadido. Aunque Bruselas ha suspendido durante 2020 y 2021 las normas fiscales, el gran interrogante es si España deberá realizar ajustes a partir de esta fecha para recibir los fondos pendientes.

En cuanto al mecanismo del Estado de Derecho, el acuerdo de ayer supone un delicado equilibro entre las demandas de todas las partes. Por una parte, se necesitará una mayoría cualificada de los Estados europeos para avalar la suspensión de los fondos lo que permite a los países del Este conseguir aliados. Por otra, se establecen plazos para que las capitales no puedan retrasar sine die la adopción de decisiones y también se ha ampliado el foco en el tipo de conductas censurables. Si el acuerdo durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete en el mes de julio se refería tan sólo a los incumplimientos del Estado de Derecho en el fraude en la utilización de los fondos europeos, ahora se incluyen también otros aspectos como el menoscabo de la independencia judicial. Una referencia indirecta a la deriva autoritaria de Budapest y Varsovia.