Ocho comunidades podrán gestionar 95.000 millones de sus pensionistas

Más de cuarenta años después de la redacción del Estatuto de Guernica, el ministro de Seguridad Social, por orden del jefe del Ejecutivo, se prepara para ceder en 2021 la gestión económica de las pensiones a la Comunidad Autónoma Vasca, prevista en el artículo 18.b de su Estatuto. Esta cesión constituye uno de los peajes que el Gabinete de Sánchez deberá pagar a cambio del apoyo de los seis diputados del PNV a los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, cuya entrada en vigor permitirá que España reciba un anticipo de 27.000 millones de euros del fondo europeo de reconstrucción postcovid.

Este traspaso abrirá de golpe la puerta a la cesión de esta competencia a siete autonomías más, cuyos estatutos, al igual que el de País Vasco, establecen también la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social.

En concreto, estas ocho autonomías podrán gestionar unos fondos de pensiones cercanos a los 95.000 millones de euros de un total de 6,3 millones de pensionistas. El número de pensionistas en nuestro país roza ya, en estos momentos, lo 10 millones y sus nóminas ascenderán a 163.297 millones de euros en 2021.

En esta situación se encuentran Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Navarra, Cataluña, Baleares y Canarias, junto con el País Vasco. Los estatutos de las restantes nueve autonomías, incluida Madrid, no prevén la transferencia de esta competencia. Por tanto, el traspaso al País Vasco tenderá un puente a ceder el régimen económico solo a estas siete autonomías. Fuentes gubernamentales aseguran a LA RAZÓN que, una vez se deje en manos de la Comunidad Autónoma Vasca la gestión económica de las pensiones a lo largo del próximo ejercicio, no existirá excusa alguna para no hacer lo propio, si así lo solicitan, con los restantes siete ejecutivos autonómicos, cuyos respectivos Estatutos lo recogen.

De momento, fuentes de los Gobiernos valenciano y andaluz aseguran a este periódico que a día de hoy no lo demandarán. Es más, el Partido Popular de Andalucía considera que esta transferencia equivale a «desmantelar la Caja Única, lo que supone apostar por la desigualdad. El precio del apoyo de los socios de Sánchez a los Presupuestos sigue su curso. A la eliminación del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, se suma ahora la exigencia de la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social. Más desigualdades entre ciudadanos en función de donde vivan forjadas con la marca del independentismo», advierten.

Sin embargo, fuentes socialistas aseguran a este periódico que, efectivamente, el traspaso de la gestión económica de las pensiones no rompe la Caja Única del sistema. Pese a ello, no ocultan sus temores sobre la posibilidad de que esta cesión se convierta en el primer paso para romperla y traspasar la competencia a todas las comunidades, junto con la capacidad normativa, a imagen y semejanza de lo que ocurrió, en su día, con las materias de Sanidad y Educación.

Mientras, tanto el Gobierno central como el Ejecutivo regional vasco rechazan que la entrega a las autonomías de la gestión económica de las pensiones suponga una ruptura de la Caja Única del sistema, al «no transferirse la capacidad normativa» del mismo. Es más, fuentes de los Ejecutivos central y vasco consultadas por este diario recuerdan que tanto el estatuto gallego como el andaluz contempla esta cesión. En sendos estatutos se añade la coletilla de «siempre y cuando no rompa la Caja Única». En concreto, en el gallego se regula esta materia en su artículo 33.2, en el que establece que «corresponde también a la comunidad autónoma la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en Galicia, sin perjuicio de la Caja Única» del modelo actual. Mientras, el andaluz lo regula en su artículo 63.3, en el que se asegura que, «en materia de Seguridad Social, corresponden a la comunidad autónoma las competencias ejecutivas incluida la gestión de su régimen económico, con pleno respeto al principio de unidad de caja».

Con estos antecedentes, fuentes de La Moncloa dan por sentado que ambos gobiernos regionales asumirán la competencia cuando se produzca la asunción de la misma por parte de País Vasco, Cataluña y Navarra. ¿Cuándo se efectuará? De momento, no existe fecha. El Gobierno vasco la reclama, en cumplimiento del Estatuto de Guernica y del pacto alcanzado con los socialistas para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo en 2019.

El lehendakari Urkullu da por hecho que se producirá a lo largo del próximo año. Mientras, el Departamento de Escrivá asegura que a partir de final del ejercicio próximo se abrirá un estudio sobre el traspaso de la misma. Sin embargo, otras fuentes gubernamentales confirman a LA RAZÓN que la transferencia se realizará en 2021.

Si se cumple la hoja de ruta del PNV, el Gobierno vasco comenzará a gestionar el próximo año los fondos de sus 560.000 pensionistas, unos 10.131 millones. Y a partir de entonces se cederá a las demás que lo soliciten. De entrada, en esa lista seguro que estará Navarra y Cataluña y «el resto de las autonomías que lo tienen recogido en su estatuto. Nadie entendería que se negaran a asumir esta competencia pudiendo hacerlo», puntualizan fuentes gubernamentales.

Una vez se complete la cesión de esta materia, la Generalitat catalana se colocará a la cabeza de los Gobiernos autonómicos con un mayor volumen de recursos a gestionar, con un montante total de 25.575 millones de sus 1,73 millones de pensionistas; le seguirá Andalucía, con 22.708 millones de un total de 1,5 millones de pensionistas, y la Comunidad Valenciana, que se situará en un tercer lugar, con 14.237 millones de algo más de un millón de nóminas de pensiones. Mientras, Galicia podrá gestionar más de 10.000 millones.

La culminación del traspaso de esta competencia a estas ocho autonomías supondrá una merma de poder del Estado central, al adelgazar su gestión sobre el gasto público. Así, a final de la presente legislatura, fecha en la que ya se habrá completado esta cesión, el Estado pasará a gestionar solo 34 de cada 100 euros de gasto público, las autonomías 55,3 euros y las corporaciones locales, 10,7 euros. En la actualidad, la Administración General del Estado decide qué hacer sobre 49,3 euros de cada 100 que gestionan de gasto público entre todas las administraciones públicas.