Se alquila apartamento a buen precio gracias al Gobierno

Este país se está convirtiendo en un infierno legislativo a la vista de los movimientos que algunos políticos llevan a cabo y que sólo buscan el rédito electoral para no seguir desangrándose en votos en los próximos comicios tras una gestión más que cuestionable y que ha derivado en incumplimiento, de facto, de las grandes promesas electorales que los llevaron al Congreso y no sólo me refiero al precio de la electricidad o al incumplimiento de pactar con determinados partidos. Ya ha comenzado la precampaña a las elecciones generales con el pistoletazo de salida que supone la nueva Ley de Vivienda donde el consagrado derecho constitucional a la propiedad privada y el de libertad de empresa vuelven a ser vapuleados sin ningún resquemor.

Además, la fea costumbre por la que se culpabiliza del repunte de precios al propietario en vez de entonar el «mea culpa» por la falta de políticas en materia de vivienda social, o en vez de fomentar el teletrabajo o la movilidad geográfica hacia zonas menos tensionadas de la España vaciada, no son más que fuegos de artificio para justificar el cumplimiento de medidas programáticas ineficaces que buscan el rédito electoral. Sobre todo, considerando que la mayor parte del parque de viviendas es del pequeño propietario, que con mucho esfuerzo y sacrificio ha ahorrado durante años, se ha hipotecado y ha decidido comprar una vivienda para alquilar o como segunda residencia, y no tanto de los fondos de inversión que mueven sus capitales de un mercado a otro sin mucho esfuerzo.

Al propietario se le tacha injustamente de monstruo capitalista, un vampiro que desangra al inquilino y al que se le va a decir, desde un despacho de lujo en la Administración lo que puede ganar, limitando sus ingresos, pero sin fijar un techo a los gastos que conlleva esa vivienda. La dualidad de unos políticos que luchan para que se suban las rentas del trabajo y a la vez para que bajen las rentas del capital porque los propietarios, según algunos, aunque sean de clase trabajadora, nadan en la abundancia, son inmunes a la inflación y no tienen que pagar gastos corrientes como los demás, ni hipoteca, ni la comunidad de vecinos, ni el seguro de hogar, ni el mantenimiento del inmueble o el IBI. Todos ellos suben inexorablemente erosionando la rentabilidad de la inversión y, en algunos casos, con pérdidas.

Para bajar precios hay que estimular la oferta haciendo que salgan al mercado muchas viviendas que están vacías y cuyos propietarios no tienen incentivos porque tienen mucho miedo a los impagos, los destrozos y el calvario judicial que conlleva. Si al menos aumentase la seguridad jurídica y se agilizasen los procesos judiciales se podría equilibrar la balanza, pero se sigue manteniendo desprotegidos a esos propietarios que ven cómo los okupas tienen en España un paraíso habitacional, al igual que los inquilinos morosos, que saben que pueden llegar a estar muchos meses disfrutando impunemente sin consecuencias penales ni administrativas por sus acciones.

Y si el propietario prefiere dormir tranquilo y decide no alquilar, se abre un nuevo melón, pues tendrá que soportar un recargo en el IBI por tener la vivienda desocupada, otro brindis al sol, un concepto que nadie es capaz de definir con precisión y que genera inseguridad jurídica a aquellos propietarios que tienen una segunda o tercera residencia para las vacaciones o los fines de semana.

En definitiva, medidas ocurrentes donde van a tirar la casa por la ventana para mantenerse en el poder como sea, aunque la casa que derriben sea de otros. Deberían saber que para que funcione la economía hay que premiar y no castigar.