Ideología y energía nuclear

Sebastien Jumel (1971) es francés, comunista y diputado en la Asamblea Nacional, elegido directamente en la circunscripción sexta de Seine-Maritime como candidato del Partido Comunista Francés (PCF). Hijo de un soldador anarco-sindicalista, también fue alcalde de Dieppe, una localidad de unos 30.000 habitantes en la costa de Normandía, muy cerca de dos centrales nucleares, las de Penly y Paluet. El político comunista, quizá por encima de su ideología, le ha dicho a «El País» en Penly, al lado de la central, que «la energía nuclear no es de izquierdas ni de derechas: es pragmática». Además, defiende que «si la prioridad política es luchar contra el calentamiento global, no hay solución sin la energía eléctrica».

El diputado galo, que al mismo tiempo marca distancias con el presidente francés, defiende su posición «pronuclear» poco después de que Emmanuel Macron anunciara que Francia impulsaría su programa nuclear con la instalación de reactores de nueva generación, dos de ellos precisamente en el distrito electoral del Jumel, en donde celebran la decisión presidencial porque están convencido de que dará más prosperidad a la zona. Si el comunista se opusiera tendría muy complicado mantener su escaño en las próximas elecciones.

Francia, como España, es un país con escasas fuentes de energía propias, más allá del denostado y perseguido carbón, aunque eso no impide que en la muy pragmática Alemania, el 30% de la electricidad se produzca con carbón. Francia, a diferencia de España, apostó en su día por la energía nuclear y mantuvo el envite, lo que ahora –con el segundo parque de centrales nucleares del mundo y 56 reactores en funcionamiento– le permite acariciar una cierta independencia energética incluso en momentos complicados, como los actuales, o los que se vislumbran en horizonte.

España, con siete reactores nucleares operativos, pero con fecha de caducidad, eligió otro camino. En 1984, el Gobierno de Felipe González, con la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico, dispuso la llamada «moratoria nuclear, también conocida como «parón nuclear», que supuso la paralización de la construcción de siete reactores, algunos casi terminadas. Las obras, no obstante, se paralizaron definitivamente en 1991, con el abandono de los proyectos iniciados (Lemóniz I y II, Valdecaballeros I y II, Trillo II, Regodola I y Sayago I), con un coste –que corrió en buena parte a cargo del Estado– de unos 5.000 millones euros de la época, casi 15.000 millones actuales. La decisión de renunciar a la energía nuclear fue, en 1984, una decisión política, algo que nunca ocultó el Gobierno de entonces, aunque algunos de sus integrantes, entre ellos Miguel Boyer, tenían sus reticencias, porque no eran partidarios de dar un cerrojazo total a esa opción.

Ramón Tamames, en las diferentes ediciones de su histórica «Estructura Económica de España», ya escribía que «precisamente la insuficiencia energética fue uno de los elementos explicativos del retraso de la industrialización española». Es cierto, España siempre ha tenido que importar –y todavía lo hace– la mayor parte de la energía que necesita, con frecuencia a precios muy elevados. El abandono de los proyectos nucleares fue definitivo, aunque existen indicios de que varios de los que tomaron la decisión hoy hubieran adoptado otra.

El Gobierno de Pedro Sánchez, con su vice ecológica Teresa Ribera a la cabeza, milita ideológicamente en el bando antinuclear, con el mismo fervor que sus socios de Unidas Podemos y la mayoría de sus apoyos parlamentarios, «indepes» o radicales de izquierda. El presidente y su ministra enarbolan desde el principio la bandera de las energías renovables -eólica y solar sobre todo– que gozan del favor popular, sobre todo de los votantes de izquierdas.

Es una estrategia antes ideológica que técnica, lo que no invalida que esas energías sean el futuro, aunque no lo son a corto plazo. Tendrán que pasar bastantes años y miles de millones en inversiones para que la eólica y la solar sean las energías predominantes en un país como España. Muy pocos también abogan por iniciar nuevos proyectos nucleares, costosos y que tardarían incluso más de un lustro en empezar a funcionar en el mejor de los casos.

Sin embargo, existe una mayoría de expertos –socialistas incluidos– que consideran que España debería rectificar y prolongar todo lo posible la vida de los actuales reactores nucleares si no se quiere tener problemas energéticos a medio plazo. El único obstáculo para hacerlo es ideológico y casi infranqueable porque aquí tampoco hay ningún diputado comunista como el francés Jumel que abraza el pragmatismo sin complejos.

Cuatro alumnos de los jesuitas en busca de un compromiso

La biografía de Mario Draghi, de Jana Randow y Alessandro Speciale, que acaba de publicar en castellano Deusto, incluye abundantes anécdotas desconocidas. En una cumbre europea, a las cuatro de la mañana, Draghi estaba en una mesa con el presidente de la Comisión, Van Rompuy, Mario Monti y Mariano Rajoy. «Aquí estamos cuatro alumnos de los jesuitas en busca de un compromiso: nos han enseñado bien», dijo Van Rompuy, que estudió como los otros tres en colegios jesuitas.

El riesgo de que el gasto para afrontar la COVID-19 se convierta en permanente

Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, advierte en el último número de «Cuadernos de Economía», que edita Funcas, de que «el sector público español carece de una estrategia presupuestaria creíble y ambiciosa». Añade también que existe el peligro «de que una parte del gasto público necesario para afrontar la crisis de la COVID-19 se convierta en permanente», que es lo que explicaría en parte que el déficit para 2022 sea incluso mayor que el de 2021.