La factura eléctrica subirá para el 80% de los consumidores

El mercado eléctrico peninsular ya es oficialmente «excepción ibérica», con capacidad para topar el precio del gas. Aunque todavía debe hacerse oficial en el Consejo de Ministros, el acuerdo con Bruselas recoge que tendrá una duración de 12 meses y que empezará con un precio medio del gas de 40 euros MWh, para estabilizarse en 50 euros de media en todo el periodo. Según se defiende desde el Gobierno, una vez aprobada y en vigor –previsiblemente el martes que viene–, beneficiará al 40% de los consumidores domésticos –los que más han sufrido estos meses, con la tarifa regulada– y hasta al 80% de los consumidores industriales de electricidad con el coste vinculado al mercado mayorista.

Sin embargo, la realidad puede ser muy distinta. Según estimaciones de expertos consultados por LA RAZÓN, esta rebaja en la factura engordará la factura del 80% de los consumidores. ¿Cuál es la causa? Que el 80% de la demanda eléctrica tiene unos precios fijos, es decir, ha mantenido sus precios más o menos estables durante los últimos meses. Ahora, con esta nueva medida, las comercializadoras –las verdaderas beneficiarias de los altos precios del gas– tendrán que cubrir el sobrecoste que les va a suponer la descompensación de seguir comprando con un precio más elevado del tope marcado por ley. Por tanto, trasladarán al consumidor final del mercado libre ese sobreprecio. Es decir, los que hasta ahora apenas habían sufrido alzas significativas en su factura.

Por tanto, los analistas ya advierten de que en los contratos de las comercializadoras a precio fijo se incluirá un sobrecoste por este nuevo mecanismo y elevarán los precios en función de la diferencia que les suponga la compra de gas. «El Gobierno no topa el precio del gas. Te lo cobra por otro lado», avisa el economista Daniel Lacalle. «Sube la tarifa al 80% de los consumidores y el término fijo a todos al subvencionar a las centrales de gas. Genera subsidios cruzados y perjudica especialmente a renovables y comercializadoras independientes», sentencia.

Según las cuentas del Gobierno, con este nuevo «sistema ibérico» la factura se abarataría en torno al 50% con el precio máximo de entre 40 y 50 euros. Pero el precio del gas de generación en esta cantidad no implica que ese sea el precio final. El precio mayorista entre enero y abril del año pasado tuvo un precio medio de 49,78 euros MWh. Pero con la nueva tarifa, ese tope se situará entre 125 y 140 euros, notablemente por debajo de los 220 euros de media en los que se mueve el mercado en los últimos días, pero el triple de lo que se pagaba hace tan solo un año.

¿Pero por qué es así? El Gobierno ha topado el precio final del gas a un máximo de 50 euros, pero esa cantidad hay que multiplicarla por dos para cubrir los costes de producción, lo que colocaría el precio en los 100 euros. Además, a esta cifra hay que sumarle las tasas de emisión de CO2, que aunque son variables, el precio suele estar en torno a 80 euros, del que habría que asumir el 40%. Por tanto, la cifra final oscilaría en la horquilla citada de entre 125 y 140 euros.

Pese a estas evidencias, el Gobierno no se da por aludido y sigue manteniendo que su gestión ha sido un éxito rotundo. Diferentes miembros del Gobierno manifestaron la pasada semana públicamente su satisfacción por el acuerdo con Bruselas.

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, defendió de nuevo que es un «acuerdo muy importante porque nos va a dar doce meses con una red de seguridad para que, aunque el precio del gas en el mercado internacional suba, en el mercado español podamos tener un precio máximo y aliviar así a las familias y empresas».

Para Teresa Ribera, titular de Transición Ecológica, lo importante es «definir de modo distinto el precio de referencia de la electricidad en el mercado mayorista y evitar las turbulencias en el mercado del gas».

Por su parte, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, calificó el visto bueno de Bruselas como un «gran éxito. Estoy muy satisfecha con lo que hemos logrado: un precio medio de 50 euros. Es un triunfo que Europa se planteara hablar de una medida que permite romper el sistema de fijación de precios y el contagio del precio de la electricidad respecto al gas. Pero seguiremos reclamando ante la Comisión una reforma estructural del mercado».

En los días previos a la aprobación del tope ibérico, las patronales de las grandes eléctricas españolas (Aelec) y portuguesas (Elecpor), con el apoyo de Iberdrola, Endesa y EDS, se posicionaron en contra de esta medida por su impacto en los contratos a precio fijo. Según su valoración, la reducción de precios beneficiaría únicamente a los clientes con contratos en el mercado regulado y a las grandes industrias cuyas facturas están vinculadas al mercado mayorista de electricidad.

En cambio, el resto de clientes domésticos -el 60% del total, según sus cuentas, el 80% según otras fuentes- tendrán que pagar la diferencia entre el precio tope del gas -los 50 euros por MWh topados- y al que cotice en el mercado, que se acabará reflejando en la factura eléctrica. Queda claro pues que los consumidores del mercado regulado se beneficiarán con esta medida, pero la otra cara de la moneda, los clientes del mercado libre, se verán seriamente perjudicados por la limitación al tener que asumir ese desfase.