Normativa

Los españoles pagarán 1.600 millones de más por cambiar de coche

La normativa de la Comisión Europea supondrán hasta 150 euros extra para coches y furgonetas y 2.700 para camiones y autobuses entre 2025 y 2035

Imagen de la campa de un concesionario de vehículos
Imagen de la campa de un concesionario de vehículosJesús G. FeriaLa Razón

El Ejecutivo comunitario propuso ayer una nueva normativa para introducir límites más estrictos a las emisiones de los vehículos de combustión con el fin de mejorar la calidad del aire. Aunque se espera que la venta de estos vehículos termine el 2035 –a partir de este momento tan solo estará permitida la adquisición de vehículos de segunda mano de gasolina, diésel e híbridos–, Bruselas quiere que esta última generación sea lo más limpia posible, ya que calcula que más del 20% de turismos y furgonetas y más del 50% de los vehículos pesados continuarán circulando por las carreteras europeas tras la fecha serán de combustión.

La nueva normativa, bautizada como Euro 7, supondrá un incremento para los consumidores de entre 90 a 150 euros para turismos y furgonetas y hasta 2.700 euros para camiones y autobuses. Teniendo en cuenta que en nuestro país se venden de media unos 800.000 vehículos particulares y comerciales al año, esto supondrá en la próxima década un gasto de más de 1.000 millones de euros si se mantienen las pautas de consumo actuales. Si se incluyen los vehículos pesados –camiones y autobuses– la cifra superaría los 1.600 millones. Bruselas considera que los beneficios superan ampliamente el gasto, en una proporción de 5 a 1, teniendo en cuenta las bondades para el medio ambiente y la salud.

Esta nueva normativa no deja libre de culpa a los supuestos vehículos no contaminantes. No olvida que los coches eléctricos, al ser un 40% más pesados, suponen también un mayor desgaste en la conducción, con sus correspondientes consecuencias para el Medio Ambiente. De hecho, la propuesta presentada contiene un capítulo novedoso por el que, por primera vez, se exigen límites a las partículas ultrafinas de los frenos y de los neumáticos y también se regula la duración de las baterías de turismos y furgonetas, con el objetivo de no incrementar el consumo de materias primas en los próximos años.

También se recortan las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), un 35% para coches y el 56% para vehículos pesados, en comparación con la normativa actual. Además, se exige la reducción de las partículas emitidas por el tubo de escape del 13% en el caso de los turismos y el 39% para autobuses y camiones. El Ejecutivo comunitario pretende que todos los vehículos respeten la reglas durante el doble del tiempo establecido en la legislación actual. Los turismos y furgonetas deberán cumplir estos estándares hasta que alcancen los 200.000 kilómetros y los 10 años de antigüedad, ya que según los datos de la Comisión Europea la vida media de los vehículos en Europa se sitúa en los 12 años.

Se espera que esta regulación puede entrar en vigor el 1 de julio de 2025 para coches y furgonetas y el 1 de julio de 2027 para autobuses y camiones una vez se haya negociado con las capitales europeas y la Eurocámara. La industria ya se ha apresurado a considerar que estas fechas no son realistas y las asociaciones medioambientales consideran que estos requisitos no son lo suficientemente duros y benefician a los fabricantes de coches. Por ello, la iniciativa no ha contentado a nadie y ha sido objeto de debate en el propio seno del Ejecutivo comunitario, ya que este texto se esperaba desde hace tiempo y su redacción final ha sufrido varios retrasos.

«Hubo escenarios más ambiciosos, hemos elegido éste. No se trata de un arbitraje político sino de que estamos todos en la misma lucha contra el cambio climático, hay un compromiso fuerte de poner fin a la combustión en 2035 y hay que ayudar a la industria a hacer todo lo posible para lograrlo», explicó el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, en rueda de prensa en la capital comunitaria. La semana pasada el mismo comisario reconoció en varias declaraciones la dificultad de alcanzar esta meta en el 2035 y abogó por que el debate en 2026 –año en el que se ha establecido una cláusula de revisión de este objetivo– se realice sin «tabúes», lo que abre la puerta a que esta fecha acabe retrasándose. Esta normativa ha tenido en cuenta que la industria está ya comprometida con la electrificación para cumplir con el objetivo de cero emisiones, que exigen importantes inversiones

Esta propuesta también contempla pruebas más eficaces sobre las condiciones de conducción por carretera para medir las emisiones que incluyan temperaturas extremas de 45 grados o viajes cortos para los desplazamientos urbanos. El objetivo reside también en restablecer la confianza de este tipo de test después del escándalo del dieselgate.