Los empresarios rompen con Yolanda Díaz por su “traición” tras pactar con Bildu el control de los ERE

Negociación rota “sine die” con Yolanda Díaz y el Ministerio de Trabajo. Las patronales CEOE y Cepyme han anunciado que se levantan de todas las mesas de negociación en las que se sienten sus representantes al quedar “invalidado como interlocutor fiable” tras haber aceptado una enmienda a la Ley de Empleo que devuelve el control y la capacidad decisoria de la aprobación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) a la Inspección de Trabajo .

En un durísimo comunicado, ambas organizaciones empresariales exigen “una rectificación” por parte de Yolanda Díaz que, de no producirse, la interlocución con el Ministerio de Trabajo queda rota “por entenderla tramposa y contraria a la buena fe”. Asimismo, consideran que la imposición de esta medida presentada por Bildu es “una traición al acuerdo alcanzado en la reforma laboral”. Denuncian los empresarios que este asunto ya fue debatido en los trabajos de la reforma laboral y rechazado “de mutuo acuerdo en aras del consenso”. Por ello, la actuación del Ministerio aceptando esta enmienda “supone una ruptura de la buena fe negocial, imprescindible en todo proceso de negociación, que obliga a las partes a respetar y defender los acuerdos alcanzados, actuación que invalida al Ministerio de Trabajo como interlocutor fiable”.

Según pretende llevar a cabo Trabajo, a instancias de Bildu, la Inspección tendrá la última palabra para acreditar que cada ERE se ciñe a las causas alegadas y, por tanto, tendrá la decisión final de aprobar o no dicho expediente. Así, deberá elaborar un informe sobre cada expediente en el que constate “la concurrencia de las causas especificadas por la empresa” para alegar el despido colectivo. Esta enmienda transaccional se incluirá en la ley a través de una modificación del artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores y recoge que la autoridad laboral recabará “con carácter preceptivo” el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que deberá ser evaluado en quince días desde la notificación de la finalización del periodo de consultas para incorporarlo al procedimiento.

Concretamente, la enmienda aprobada detalla que “el informe de la inspección se pronunciará sobre la concurrencia de las causas especificadas en la comunicación inicial y constatará si la documentación presentada por esta se ajusta a la exigida en función de la causa concreta para despedir”. La Inspección de Trabajo, por tanto, “evaluará y emitirá su conformidad o no sobre las causas alegadas por la empresa para la ejecución del despido colectivo”.

Por ello, los empresarios denuncian que estos cambios tienen como objetivo “intervenir las decisiones empresariales” y resulta “contraria a la Constitución y al derecho a la libertad de empresa”, además de contravenir la normativa europea porque “no admite una regulación que sustraiga al empresario la facultad decisoria como establecen numerosas sentencias”, entre otras, la sentencia del TJUE de fecha 21 de diciembre de 2016. La junta directiva de CEOE tratará estas cuestiones, “dada su urgencia”, el próximo 21 de diciembre. Fuentes empresariales confirmaron a LA RAZÓN que en esta reunión se tratará si la ruptura se hace extensiva a todas las mesas abiertas con el Gobierno, “aunque esta decisión debe ser aprobada por todos los órganos de Gobierno de CEOE”.

La posibilidad de levantarse de todas las mesas “es real” si el Ministerio de Trabajo “no da marcha atrás y paraliza la enmienda de Bildu”, por lo que cuestiones tan trascendentales como la aprobación de la segunda parte de la reforma de las pensiones -que debe ser cerrada y presentada a Bruselas para que no se corte el flujo de los fondos europeos- podrían quedar paralizadas. Lo que sí que queda rota con carácter inmediato es la mesa sobre la ley del becario, así como cualquier posibilidad de consulta sobre la subida del salario mínimo interprofesional, aunque la decisión sea prerrogativa única del Gobierno.

Ninguna de estas acusaciones las comparte Yolanda Díaz, que acusó a la CEOE de faltar a la verdad con sus acusaciones. «Nunca se trató este asunto en la reforma laboral, jamás. Creo que se debe a otros motivos para montar todo esto», subrayó, antes de apuntar que «si todo está bien en un ERE, los empresarios no tendrán ningún obstáculo en que la Inspección examine las causas que motivan un despido colectivo».