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El nuevo Gobierno debe potenciar la productividad de la economía española para luchar contra el paro y garantizar el sistema de pensiones en el futuro.

Los programas económicos más proclives al crecimiento de la economía son los que sitúan la productividad como elemento fundamental para mantener el avance del PIB, elevar la presencia de las empresas españolas en el exterior y resolver los dos problemas más importantes que acechan sobre la coyuntura española: la alta tasa de paro y la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Para mantener la buena dinámica de nuestra economía «se necesita aumentar el potencial de crecimiento, crecer en productividad». Rafael Pampillón, profesor del IE Business School y de la Universidad CEU San Pablo, asegura que es una de las variables que más influye sobre el sistema de pensiones, ya que las ganancias de productividad se traducen en un mayor crecimiento del PIB y, por ende, en un ensanchamiento de la base de cotizantes.

«A mayor productividad, mayor producción, mayores salarios, mayores pagos en concepto de cotizaciones sociales y mayor recaudación para la Seguridad Social». Pampillón considera que la mejora de la productividad tiene que ver con las mejoras tecnológicas y organizativas, y que pasa por facilitar el proceso de creación de empresas de mayor tamaño, modernas, competitivas y duraderas a largo plazo.

En este sentido, el próximo Gobierno, además de aligerar la carga fiscal para fomentar la actividad y el crecimiento de las empresas, tiene el reto de mejorar la capacidad innovadora.

Lejos de las propuestas que han copado buena parte de los programas electorales, fuentes consultadas han echado en falta durante la campaña medidas que serían cruciales, como una reforma integral de la Administración Pública, fusiones de ayuntamientos, intervención de comunidades autónomas o reformas en las infraestructuras más necesarias, como las interconexiones energéticas, la adecuación de los puertos marítimos o el ancho de vía ferroviario. Asimismo, Flores lamenta que ninguno de los programas aborde de modo concreto las principales prioridades, entre las que resalta la financiación autonómica.

En materia de política económica internacional, teniendo en cuenta que las empresas españolas compiten en un mundo cada día más globalizado, Santacruz revela que sólo el PP es el que se muestra más claro a la hora de reducir las trabas burocráticas para inversores extranjeros, y de mejorar la tramitación de visados para aquellos que estén interesados en entrar en el mercado español.

PROPUESTA ARRIESGADA

La propuesta electoral que más beneficiaría a la economía española, según Santacruz, es la adecuación del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social a los ingresos que se tienen. Pero no sólo para los autónomos, como proponen PP y Ciudadanos, sino para el conjunto de los asalariados. Y es que en este momento la reducción que se ha producido de los salarios ha llevado a que la mayor parte de trabajadores coticen por encima de lo que les corresponde por coste laboral, tanto si la cotización la paga el trabajador (6,35% del sueldo bruto) como si la abona aparentemente el empresario (29,9% del sueldo bruto), ya que es el empleado el que, en última instancia, termina pagándolo en forma de menos sueldo.

Los trabajadores pagan más de lo que les corresponde porque se pone en marcha la denominada «base mínima de cotización». Así, independientemente de cuál sea el sueldo bruto, la base mínima aplicable es de 1.067,40 para licenciados y titulados superiores. Por tanto, «una persona que tiene un sueldo bruto menor de 1.067,40 tiene que pagar como si su sueldo bruto fuera ése aunque realmente sea más bajo». Santacruz admite que ésta sería una propuesta arriesgada, debido al actual déficit de la Seguridad Social. Sin embargo, supondría que en el futuro el factor trabajo no estuviera tan castigado fiscalmente como ahora y, por tanto, se produciría una mejora de la productividad y del nivel de vida.