Casi la mitad del recibo de la luz paga los errores del PSOE

En 2002, el desajuste del sistema eléctrico rondaba los 1.500 millones de euros. El Ejecutivo de Aznar se vio obligado a subir la luz un 1,5% en 2003 y 2004 para mantenerlo en unos márgenes razonables. El cambio de Gobierno precipitó un desajuste colosal que ronda los 27.000 millones, según la patronal Unesa. Desde 2005 hasta 2013, el pago de la amortización de ese agujero se ha disparado un 1.072% y las primas a las renovables un 816%, dos conceptos que van íntimamente ligados.

Durante dos legislaturas nadie se atrevió a meterle mano al déficit de tarifa, el desajuste generado por los insuficientes ingresos del sistema a través de la factura en relación a los gastos cargados al sistema y los sucesivos ministros de Industria (Montilla, Clos y Sebastián) evitaron subir el tramo regulado en la cuantía necesaria para atajar el problema mientras no dejaban de instalarse termosolares. El «boom renovable» disparó la deuda. Nadie se preguntaba por los rendimientos que ofrecían alguna de esas energías a los inversores, próximos al 20%, ni por los desmedidos costes de generación de unas tecnologías aún inmaduras. Miles y miles de placas solares desperdigadas por España creando un espejismo de modernidad a crédito. Ni siquiera la por entonces vigente legislación del sector ni los sucesivos llamamientos del Tribunal Supremo, que demandaban una tarifa que fuera suficiente para afrontar los costes del sistema, fueron suficientes para frenar un desbarajuste eléctrico que financiaban –y volverán a financiar en 2013– las cinco principales eléctricas, con Endesa, Iberdola y Gas Natural Fenosa a la cabeza. A cambio, el Estado permitió que se pagara la diferencia en el recibo de luz y se trasladara a las generaciones futuras (en 15 años) con la cesión a terceros (titulización) de los derechos de cobro de las actividades reguladas. Con esta fórmula, los pagos de las anualidades de los déficits de años anteriores se pagaban con las tarifas de años posteriores y, desde 2003, se permitió la titulización de los déficits peninsulares comprendidos entre 2000 y 2005. Hasta 2006, los desajustes se explicaban porque el precio al por mayor de la electricidad era superior al que fijaban las tarifas mientras que desde 2007 el déficit se desboca porque las tarifas no son capaces de cubrir todos los conceptos que se cargan al sistema, con las primas a las renovables a la cabeza. Los costes regulados del sistema se disparan un 221% desde 2005, siendo 2008, con Miguel Sebastián ya en Industria, el año que marca el récord con un déficit en origen de 6.287 millones.

Fracaso en las subastas

A medida que el agujero engordaba, se complicaba la colocación de la deuda en los mercados. Así, en 2007 la Comisión Nacional de la Energía se vio obligada a celebrar tres subastas. La falta de garantías provocó que la primera y la tercera quedaran desiertas. La segunda sólo logró colocar 1.300 millones de los 2.700 en el mercado. La situación hizo necesaria la creación del FADE (Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico) para dar garantías a la deuda acumulada. Pese a todo, las rentabilidades exigidas para sacar el déficit a los mercados seguían siendo elevadas, llegando incluso a rondar el 7%. Y en éstas, llegó la crisis.

Cambio de Gobierno y la urgencia de parar la generación de sucesivos déficits. La caída del consumo energético en la industria y la construcción se resienten. Hay sobreoferta eléctrica y ya no es necesaria la producción de más megavatios.. El nuevo ministro de Industria, José Manuels Soria, paraliza la construcción de 500 nuevos megavatios renovables pendientes de la autorización administrativa para entrar en el registro y tener acceso al sistema de primas. Aunque la ley de 2007 fijaba un límite máximo de producción fotovoltaica de 450 megavatios y de 500 para la termosolar, en 2009 el Gobierno de Zapatero permitió que una producción fotovoltaica diez veces superior (4.500 megavatios) y cinco veces superior para la termosolar (2.500 megavatios). No era suficiente y comienzan los recortes. Las eléctricas sufren en sus balances por partida doble: hacen de banqueros del déficit y ven recortadas sus retribuciones. De las tres patas sobre las que recae la reforma que se presenta en julio para acabar con la generación de déficit (recortes e impuestos al sector, alzas a los consumidores y traslado a los Presupuestos del déficit de 2013), una de ellas, el Estado, no puede hacer frente a su parte (3.600 millones de los desajustes de este año) para no disparar el déficit público. Esto obliga a cargar a las eléctricas el nuevo agujero y a subir los peajes de acceso (la mitad del recibo de la luz) un 2% en enero. La subida del precio de la electricidad dispara la subida para el nuevo año por encima del 11%.

Sin embargo, no es el precio de la electricidad lo que paga el consumidor. De cada 100 euros a pagar, representa 35,3. Los impuestos, 21,3 euros. Por contra, 42,5 de cada 100 euros incluyen las subvenciones a las renovables, la amortización de déficits pasados y la subida adicional para acabar con el déficit de tarifa. Casi la mitad del paga errores ajenos.

Un agujero a pagar hasta 2029

Los vencimientos de las emisiones de bonos eléctricos del FADE para 2014 y 2015 suman más de 7.000 millones de euros. A su vez, el pago de intereses por estas emisiones superarán los 1.500 millones. Este concepto se mantendrá en torno a los 400 millones anuales hasta 2018. Desde ese año y hasta 2021, se pagarán en torno a 239 millones si no se producen nuevas desviaciones. Los intereses del agujero eléctrico se seguirán pagando hasta 2027. Eso sin contar los 3.600 millones del desfase de este año que las eléctricas emitirán a 15 años.