Frente sindical contra la insumisión en el sector público de Cataluña

CC OO, UGT y CSIF piden a sus afiliados cumplir la legalidad frente a la llamada a la rebelión de la Generalitat contra el 155.

Los sindicatos no quieren que los funcionarios catalanes se sumen a la desobediencia que ha pedido el responsable de asuntos exteriores de la Generalitat, Raül Romeva. El «conseller» aseguró que los funcionarios en Cataluña «no seguirán órdenes de Madrid», sino que obedecerán a las instituciones catalanas electas si el Gobierno central asume las competencias autonómicas. Una llamada a la insumisión que no ha calado entre las principales centrales sindicales de la región (UGT, Comisiones Obreras y CSIF).

Ninguna de las tres organizaciones apoya la insumisión de los empleados públicos como respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno. En Cataluña hay en la actualidad unos 303.000 empleados públicos que se podrían ver afectados con la toma de control de la Generalitat por parte del Gobierno central. Esta situación podría darse, previsiblemente, a partir de este viernes 27 de octubre, fecha en la que el Senado dará luz verde, previsiblemente, a las medidas aprobadas en Consejo de Ministros para restablecer el orden constitucional en Cataluña. Ante este panorama, los tres principales sindicatos informaron a LA RAZÓN de que en ningún caso darán instrucciones a sus afiliados para que apoyen la desobediencia civil que persigue la Generalitat.

Aunque CSIF y Comisiones Obreras se han manifestado públicamente en este sentido en favor del cumplimiento de la ley, la postura de UGT despertaba más dudas, dado el posicionamiento de su sección catalana abiertamente a favor del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Sin embargo, fuentes de UGT señalaron que están convencidos de que los funcionarios catalanes afiliados al sindicato cumplirán la ley. De hecho, en los orígenes de la ofensiva nacionalista enviaron una carta a sus afiliados en la que les ofrecían protección jurídica en el caso de que sufrieran presiones a la hora de ejercer su trabajo.

En la misma línea se posicionó el secretario general de CC OO, Unai Sordo, quien aconsejó ayer a los funcionarios catalanes que cumplan la normativa vigente en el caso de aplicarse el artículo 155 de la Constitución para evitar que «ningún trabajador tome una decisión que le lleve a tener problemas laborales». Según dijo, el artículo 155 «puede gustar más o menos», pero aún así es una norma constitucional y el sindicato no va a llamar al incumplimiento de las normas. En esta línea, Fernando Lezcano, del mismo sindicato, dijo que «no vamos a dar ninguna instrucción que suponga incurrir en la desobediencia civil o que los funcionarios incurran en algo que pueda ser punible».

En el caso de CSIF, sindicato mayoritario de empleados públicos a nivel estatal pero más minoritario en Cataluña, se mostró seguro de que la inmensa mayoría de los empleados públicos en esta región va a estar del lado de la Ley. «Nos parece una irresponsabilidad muy grande que [el consejero Raül Romeva] esté llamando a una desobediencia civil de los empleados públicos», advirtió el presidente del sindicato, Miguel Borra. «Los empleados públicos estamos al servicio de los ciudadanos y de la legalidad vigente. El estatuto básico del empleado público y de autonomía de Cataluña establece que nos debemos a la Constitución. Para el responsable de CSIF en Cataluña, Joan Escanilla, los casos de desobediencia van a ser muy minoritarios. «Con lo que cuesta una oposición, no creo que mucha gente quiera jugársela por un tema así», afirmó a este diario. «Los empleados públicos sabemos las consecuencias a las que nos enfrentamos por no cumplir nuestra obligación. Tenemos un régimen disciplinario, tanto de la Generalitat como de la Administración General del Estado, y sabemos cuáles son las consecuencias de desobedecer una orden», dijo. En este sentido, una falta considerada muy grave supone ser apartado del servicio.

Además, podría tipificarse con hasta 12 años de inhabilitación en el peor de los casos. Escanilla explicó que, por el momento, no han recibido demasiadas consultas de funcionarios en relación al 155, «porque no se sabe bien aún como va a ser la aplicación». En cualquier caso, el sindicato brindará asesoramiento a todos sus afiliados que tengan dudas acerca de cómo actuar. «No queremos que salgan perjudicados por un tema político». La aplicación del artículo 155 protegerá a los empleados públicos frente a posibles presiones de la Generalitat. Según las medidas aprobadas por el Gobierno, la incoación de expedientes sancionadores por parte de la Generalitat al personal que se oponga a medidas contrarias a la Constitución serán «nulas de pleno derecho e ineficaces».