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Competencia pide que los 150 millones de fraude eléctrico los asuman las empresas

La Razón
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Hasta ahora son los consumidores los que están pagando estas pérdidas

Cada año, la red española de suministro eléctrico registra unas pérdidas estimadas en 150 millones de euros, la mayor parte de las cuales viene generada por la comisión de fraudes en las conexiones. Es por eso que la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) propuso ayer, mediante un comunicado, que sean las compañías eléctricas quienes asuman este fraude y no los consumidores.

El fraude en las conexiones es, para la CNMC, la principal causa de las pérdidas millonarias de la red eléctrica española, mientras que otro pequeño porcentaje deriva de los fallos técnicos, de las lecturas no realizadas o de la falta de mantenimiento.

Competencia quiere que las eléctricas se hagan cargo de las pérdidas porque, de esa forma, se incentivaría a las compañías a reducirlas y atajar el fraude, que registra desde 2012 un «significativo aumento y profesionalización» e «incluso ha proliferado el fraude organizado».

Además, la energía defraudada anualmente «no supone una disminución de los resultados de las compañías eléctricas, sino un mayor coste para los consumidores», acorde con la Ley del Sector Eléctrico. Y es que son los usuarios «quienes sufragan el coste que los efectos del fraude suponen para el sistema», según aseguró la CNMC.

Debido a este coste injusto para los consumidores, la entidad reguladora ha elaborado un informe para atajar tanto el problema del fraude con los operadores, como el aumento de las pérdidas en el sistema eléctrico.

La CNMC pide revisar el actual incentivo que se da a las compañías distribuidoras para controlar el fraude eléctrico. También propone dos alternativas para achacar la responsabilidad de las pérdidas del sistema.

Responsabilidad de las pérdidas La primera alternativa es que el distribuidor pase a ser el responsable de comprar la diferencia de pérdidas reales y estándares –las derivadas de los defectos técnicos del sistema–. Con ello, las pérdidas reales se asumirían por «los responsables de la calidad de la red y no por el consumidor».

La segunda opción que propone es que el comercializador siga siendo el responsable de comprar las pérdidas del sistema como se hace hasta ahora, pero eso sí, que el distribuidor le financie la diferencia entre las pérdidas técnicas y las reales.

En su informe, la CNMC alerta no sólo del «significativo» aumento del fraude, sino de su «sofisticación, que cada vez hace más difícil su detección». Entre las modalidades de fraude cita los enganches directos y sin contratos a la red a instalaciones de otro usuario, o la colocación de derivaciones para suministrar energía a otra instalación.

También se defrauda mediante la manipulación de los contadores de energía para alterar el registro de consumos, con la realización de puentes o la instalación de determinados dispositivos, o mediante la manipulación del interruptor del control de potencia.

Además del perjuicio económico para los consumidores, el fraude constituye también un «grave problema de seguridad», para quienes lo cometen y para los operarios que trabajan con las redes de eléctricas manipuladas, y genera problemas técnicos, por las averías que ocasiona.