Competencia vuelve a la carga e impugna la norma que protege a los taxis frente a Uber

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) interpuso ayer un recurso contencioso administrativo en contra de la normativa de vehículos de alquiler con conductor aprobada el año pasado, donde se ubican servicios como los de Uber, por considerar que establece ciertas restricciones a la competencia.

El organismo aclaró que el recurso tiene como objetivo mejorar dos normativas: un real decreto y una orden aprobadas a finales de 2015 por el Gobierno.

Según Competencia, estas restricciones incorporadas en la normativa «reducen la competencia en el mercado de transporte urbano de viajeros, afectan negativamente a los precios, la calidad, la innovación y, en definitiva, al bienestar general». Además, considera algunos puntos de la normativa una serie de «barreras innecesarias y discriminatorias» para nuevas empresas entrantes.

Uno de los puntos más polémicos es el nuevo servicio ofrecido por Uber, que da la posibilidad a los usuarios de desplazarse por Madrid con conductores profesionales que disponen de licencia VTC.

Desde que la compañía Uber comenzara a operar en España en abril de 2014, la empresa ha sido objeto de numerosas movilizaciones por parte de los taxistas en contra de sus servicios, así como de multas a los conductores y a la empresa por parte de la administración. Un juez de Madrid ordenó la suspensión de los servicios de Uber en diciembre de 2014, pero la empresa volvió a retomar su actividad en marzo de este mismo año.

Este recurso se produce después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia enviase al Consejo de Ministros, el pasado mes de enero, un requerimiento de anulación de algunos artículos incorporados en el real decreto aprobado el pasado mes de noviembre, y otro al Ministerio de Fomento, solicitando la eliminación de varios artículos incorporados en la orden con la que se desarrolló dicho decreto.