El coste de las bajas laborales ha aumentado casi un 80% desde 2019 y la previsión es que este porcentaje siga creciendo durante los próximos años por el empeoramiento de la salud de la población activa después de la pandemia, por el creciente envejecimiento poblacional –sobre todo de la «generación babyboomer»–, y por el crecimiento del empleo, que siempre impulsa proporcionalmente las bajas, que las últimas cifras oficiales confirman que han llegado a su nivel récord. Y este aumento se ha observado en todos los grupos de edad y ha sido generalizado en todas las comunidades autónomas y sectores de actividad.

Así lo ha constatado el Banco de España en su último informe anual, en el que detalla que el coste derivado del pago de las prestaciones por incapacidad temporal (IT) ha aumentado casi un 80% desde 2019 para las Administraciones Públicas y supera ya los 15.000 millones de euros, lo que supone rozar el 1% del PIB. A esta cifra habría que sumar el coste directo para las empresas, que en su caso se disparó un 62% en esos seis ejercicios, para superar los 4.600 millones, casi el doble de los 2.840 millones que tuvieron que afrontar en 2019. Es decir, que el coste global de estas bajas laborales roza ya los 20.000 millones de euros.

Según datos de la Contabilidad Nacional, el gasto en prestaciones sociales aumentó un 6,8% en el último año, principalmente por el pago de las pensiones, pero también por el incremento del coste de las prestaciones por incapacidad laboral transitoria. Un problema que ha sido «más acusado en España en comparación con el observado en otros países de nuestro entorno», con porcentajes superiores al resto de miembros de la UE en todos los grupos de población.

Así, en los últimos cinco años, estas bajas han crecido en torno a 1,5 puntos porcentuales entre los hombres y dos puntos entre las mujeres, con mayor incidencia entre los mayores de 55 años (2,5%), aunque también subió un 1,6 puntos en el grupo de 30 a 54 años, y 1,1 puntos en los grupos menores de 30 años. El alza ha sido mayor en los ocupados nacionales (1,8%) que en los foráneos (1,4%).

Y si se tienen en cuenta otro tipo de características –como el sector de actividad o la región de residencia– también se aprecia un patrón generalizado de aumento de las bajas por IT, «si bien con algunos matices», apunta el regulador.

Los principales incrementos se vieron en agricultura, manufacturas, construcción, comercio y transporte, así como el fuerte aumento en suministro de agua y saneamiento. Solo en el sector de la distribución (supermercados, autoservicios y distribución mayorista) se contabilizaron más de 353.000 procesos de baja laboral para la población protegida por las mutuas en 2024, lo que supuso un incremento del 4,58% con respecto a 2023. Estas bajas tuvieron una duración media de 46 días, generando un coste de 1.023,30 millones de euros, 128 millones más que en 2023 y 556 millones más que en 2018.

En el ámbito regional, destacan los casos de País Vasco, Galicia, Cantabria y Murcia, que encabezaron el ranking de incrementos, muy superiores a los observados en el Principado de Asturias, Madrid y, sobre todo, Navarra.

Por otro lado, el porcentaje de personas ocupadas en situación de incapacidad temporal ha pasado de un 2,7% en 2019 a un 4,4% en 2024, casi el doble. Una situación que el supervisor entiende como «un factor adicional de tensionamiento del mercado laboral» asociado al deterioro de la salud, el envejecimiento de la población y el propio ciclo económico ya que, históricamente, «se ha observado que la incidencia de la incapacidad transitoria ha sido mayor durante los periodos de expansión económica», apunta el informe.

Una situación que llevado a la Comisión Europea a reclamar medidas adicionales para la mejora de la gestión de estas bajas por parte del Gobierno, según los datos que presentó en el último Plan Fiscal en Bruselas, que confirma un crecimiento anual promedio del gasto público neto –o gasto computable–, del 3% durante un periodo extendido de ajuste de siete años, de 2025 a 2031.

Caída de las horas trabajadas

Este aumento del absentismo ha provocado una caída del número de horas trabajadas por ocupado, que disminuyó en 2024 por segundo año consecutivo, «prolongando la trayectoria descendente que esta variable mantiene desde la crisis financiera», apunta el informe.

Más allá de factores de índole estructural, vinculados al incremento del peso del sector servicios y de la renta per cápita, este descenso reflejaría «la elevada incidencia que se sigue observando en las bajas por incapacidad temporal».

Ante esta situación, los empresarios han mostrado su preocupación por el incremento del absentismo. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, reprobó hace unos días que se hable de la reducción de jornada y no se haga lo mismo con el absentismo creciente que hay en España, cuando «hay 1,4 millones de personas que no van a trabajar cada día», 200.000 más que el año anterior. «Lo estamos viendo con la Seguridad Social, pero los sindicatos de esto no quieren hablar».

También hizo alusión a la mesa de diálogo social que mantiene abierta el Ministerio de Elma Saiz para tratar, entre otros temas, las altas médicas progresivas para la vuelta al empleo tras una larga enfermedad, siempre después de la recuperación del paciente.

Garamendi recordó que más de 325.000 personas se ausentan cada día de su trabajo sin justificación médica, «y luego no paran de aumentar los permisos porque sí. ¿Y eso no son más cargas en las cotizaciones sociales?, se preguntó en voz alta.

Según el «XI Informe trimestral: absentismo y siniestralidad laboral» elaborado por Adecco, el absentismo laboral general –que incluye IT y baja sin justificación–aumentó hasta el 7,4% en el cuarto trimestre de 2024, lo que suponen dos décimas más que el mismo periodo del año anterior, mientras que el absentismo por IT alcanzó el 5,8%, también dos décimas por encima del dato de un año antes.