El FROB secunda a la Fiscalía y pide 5 años de cárcel a Rato por Bankia

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria solicita cinco años de prisión para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato por estafa a los inversores de la salida a bolsa, aunque descarta el presunto delito de falsedad contable.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) solicita cinco años de prisión para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato por estafa a los inversores de la salida a bolsa, aunque descarta el presunto delito de falsedad contable tras adherirse a los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción.

El FROB secunda así el escrito de acusación registrado por el Ministerio Público, por lo que pide cuatro años de cárcel para el exvicepresidente José Luis Olivas, tres años para el exconsejero José Manuel Fernández Norniella, y dos años y siete meses para el exconsejero delegado Francisco Verdú, en tanto que exonera al resto.

En el documento, al que ha tenido acceso Efe, el Fondo les considera responsables civiles directos, razón por la que solicita una indemnización por las cantidades en las que resultó mermado el patrimonio tanto de Bankia como de su matriz, BFA, como consecuencia de las reclamaciones de los afectados por la operación, cantidad a determinar una vez que haya sentencia y se haga firme.

Según la Abogacía del Estado, que representa los intereses del FROB, los cuatro tuvieron “especial responsabilidad en que la salida a bolsa se ejecutara sustrayendo a los inversores la información esencial acerca de la verdadera situación patrimonial de Bankia y su inviabilidad”.

Especial peso atribuye a Rato y Fernández Norniella por los cargos desempeñados en los órganos de dirección de Caja Madrid, así como a Olivas por su posición destacada en Bancaja, cuya situación patrimonial y correspondiente reflejo contable “está en el origen de la situación creada”.

Sobre Rato, el escrito asegura que “pilotó el proyecto de BFA-Bankia” y permitió el debut bursátil pese a ser “plenamente consciente de la inconsistencia del proyecto” y de que los inversores estaban recibiendo una información “incompleta e inveraz” que ocultaba la realidad “crítica” de la entidad.

Una conducta que también reprocha a Olivas, a quien señala por haber autorizado en su época al frente de Bancaja, operaciones “faltas de racionalidad económica” en las que no existían expectativas de un desarrollo urbanístico que permitiera recuperar la inversión a corto o medio plazo, originando un “importante quebranto” que acabó por afectar a la matriz de Bankia.

“Sin perjuicio de que el entorno económico se deteriorara en el tercer y cuarto trimestre de 2011, la situación de BFA-Bankia era ya a la fecha de la salida a bolsa muy crítica”, denuncia el FROB, que asegura que los acontecimientos posteriores “no fueron sino la confirmación de la inviabilidad del proyecto” de la entidad.

La acusación no presenta cargos contra los otros 28 procesados por el juez, entre ellos el socio auditor de Deloitte Francisco Celma, exime de cualquier responsabilidad a Bankia y reclama que se archiven las actuaciones por presunta falsedad contable contra el conjunto de los implicados.

También remite al documento de Fiscalía y afirma que la contabilidad “no puede calificarse materialmente de falsa en la medida en que no vulneraban la normativa entonces vigente y cumplieron las exigencias del regulador” hasta el punto de contar con un colchón de 3.027 millones para hacer frente a los ajustes de los que informaban los peritos judiciales del Banco de España.

En relación a las pruebas testificales, el FROB se adhiere a las propuestas por el fiscal del caso, Alejandro Luzón, que pidió las comparecencias, entre otros, de los presidentes de BBVA y Bankia, Francisco González y José Ignacio Goirigolzarri, el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y alguno de los técnicos que ya comparecieron durante la fase de instrucción.

Igualmente avala la declaración del ministro de Economía, Luis de Guindos, aunque recuerda la posibilidad de aplicar el artículo 703 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que le permitiría testificar por escrito, con el fin de no interferir el adecuado ejercicio de su cargo.