Hoy por hoy, España se enfrenta a un progresivo envejecimiento de su población. Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, publicado con datos de 2011, la edad media de su población ha aumentado 1,5 años en los últimos diez años, hasta los 41,5. Como consecuencia de este envejecimiento, la partida del gasto en sanidad será la que más crezca en los próximos años en los presupuestos públicos, según la Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017. Mientras que en 2010 equivalía al 6,5% del PIB, en 2060 habrá escalado hasta el 7,8%, 1,3 puntos porcentuales más. También lo hará el gasto en cuidados de larga duración. Ahora mismo está en el entorno del 0,8% del PIB, pero en 2014 acabará por escalar hasta el 1,4%.

Este mismo envejecimiento de la población, junto a la reducción de la tasa de paro, permitirán, sin embargo, que los gastos en educación y desempleo se reduzcan a lo largo del periodo en 0,5 y 1,1 puntos porcentuales, respectivamente.

Reformas para ahorrar

El impacto en las finanzas públicas del envejecimiento de la población llevó al Gobierno a tomar medidas de control del gasto sanitario y farmacéutico y a reformar el sistema de pensiones. El Ejecutivo asegura que aunque a la larga el gasto sanitario crecerá, las reformas del Sistema Nacional de Salud han permitido un ahorro total de 5.400 millones de euros en 2012 y 2013. El gasto farmacéutico, por ejemplo, se redujo según sus cálculos en 2.892 millones entre el 1 de julio de 2012 y finales de enero de 2014.

Un ahorro que Moncloa achaca a la disminución del precio de ciertos medicamentos, a la potenciación del uso de genéricos, a la aplicación del sistema de precios de referencia y a la menor financiación para medicamentos con síntomas menores. Pero también al copago. La aportación de los usuarios al gasto público en farmacia, que el informe califica de «más equitativa y solidaria», redujo en 54 millones el número de recetas facturadas, es decir, un 5,93% menos. Paralelamente, el gasto medio por receta se ha mantenido en 10,7 euros durante los dos pasados ejercicios.

En el Programa Nacional de Reformas remitido a Bruselas también se contempla la aprobación del modelo de atención sociosanitario, que debe ser coordinado con las comunidades autónomas. El Ejecutivo estima que se puede lograr un ahorro de 150 millones este año.

Aunque el envejecimiento de la población vaya a incrementar a largo plazo el gasto en pensiones, los fondos totales asociados a esta circunstancia se van a mantener más o menos estables, una circunstancia que el Ejecutivo achaca en exclusiva a su reforma del sistema de pensiones. El gasto en este aspecto se mantendrá en el entorno del 10% del PIB, para reducirse hasta el 9,6% en 2060. Todas las medidas, asegura el documento, tienen un impacto macroeconómico significativo. En concreto, la edad efectiva de jubilación aumenta prácticamente un año entre 2014 y 2060. Hasta 2027, la edad efectiva de jubilación aumenta en casi nueve meses como resultado del establecimiento de condiciones más estrictas para acceder a la jubilación anticipada. Para la jubilación involuntaria, la edad ha aumentado entre 2013 y 2017 de los 61 a los 63 años y se exigen 33 años de cotizaciones. Para la voluntaria, se prevé un aumento progresivo entre 2013 y 2027 de los 63 a los 65 años y un periodo contributivo de 35 años.

El proceso de envejecimiento de la población española se explica por dos razones. La primera, el continuo descenso de la tasa de fecundidad, que en este momento se sitúa en 1,35 hijos por mujer, según el INE. La otra es la cada vez mayor esperanza de vida, cifrada en 79,1 años para los hombres y 84,9 para las mujeres. A ello se suma también el envejecimiento de la generación del «baby boom» español, nacida entre las décadas de los 40 y los 70 del siglo pasado. Y para los próximos años, las perspectivas no son nada optimistas, pues el aumento de la calidad de vida permite vivir más años y un posible repunte de la tasa de fecundidad no entra en los cálculos de nadie.