Fomento abre la puerta a suprimir el 80% de Uber y Cabify

Autonomías y consistorios podrán en cuatro años limitar el número de licencias y fijar sus precios y sus horarios.

Dice José Luis Ábalos que con el real decreto-ley que ayer aprobó el Consejo de Ministros para ordenar el transporte terrestre ni el taxi ni los VTC pueden decir que han ganado. Pero sí parece evidente que el sector de los vehículos de alquiler con conductor es el más perjudicado. Los coches de plataformas como Uber y Cabify que dentro de cuatro años no tengan una segunda licencia autonómica o municipal que así les habilite no podrán operar en el ámbito local. Ese es el eje sobre el que gira el decreto-ley. La normativa, como informó ayer LA RAZÓN en su edición impresa, recoge que las comunidades, tras ese periodo transitorio, asumirán las competencias plenas del sector y serán ellas o los ayuntamientos por delegación los que establezan el número de licencias VTC que podrán operar en el ámbito urbano. Las restantes sólo podrán trabajar en el ámbito interurbano –entre ciudades– y sólo en la comunidad autónoma en la que tienen su base. Si alguna región decide no legislar, cuando transcurran estos cuatro años, todos los VTC de ese territorio pasarán a ser exclusivamente vehículos de transporte interurbano, pues el decreto establece que esa es la única licencia que tienen los VTC a partir de ahora aunque les conceda cuatro años de prórroga para trabajar en las calles de las ciudades. Con esta decisión, Fomento evita la expropiación de licencias y enfrentarse a posibles demandas de miles de millones. Unauto, la patronal de los VTC, cifra en 3.600 los millones de euros a reclamar en caso de que se hubieran retirado sus autorizaciones.

Otro blindaje

El hecho de que Fomento haya establecido la moratoria de cuatro años para aplicar las ratios es otra maniobra para cubrirse de reclamaciones por los hipotéticos daños infligidos por la norma a los vehículos de alquiler con conductor. El ministerio entiende que el hecho de que una vez pasado ese tiempo los VTC sólo puedan trabajar en el ámbito interurbano salvo que tengan una segunda licencia les supone un perjuicio económico. Por eso, se les permitirá seguir operando como hasta ahora durante los próximos cuatro años para, si lo desean, recuperar su dinero y abandonar el mercado. «Se les indemnizará con tiempo en lugar de con dinero. Hemos calculado que esos cuatro años son los que necesitan para recuperar su inversión y que ni las comunidades ni el Estado tengan que afrontar una indemnización en forma de responsabilidad patrimonial de la administración», explicaron ayer fuentes de Fomento. Si desde que se apruebe el decreto la Justicia autoriza más licencias VTC, su periodo transitorio se extenderá los siguientes cuatro años desde que entren en vigor. El decreto-ley contempla también posibles compensaciones adicionales en caso de que el propietario de alguna de estas licencias considere que los cuatro años no son suficientes para resarcir los posibles perjuicios del cambio de normativa. Serán también en forma de plazo y, excepcionalmente, superará los dos años.

Aunque durante el periodo transitorio los VTC podrán seguir trabajando en el ámbito urbano, lo que el decreto sí establece es que las comunidades puedan, desde su entrada en vigor, modificar las condiciones de explotación de los VTC como las condiciones de precontratación, solicitud de servicios y horarios. Incluso podrían regular sus precios, según explicó Fomento. Lo único que no está al alcance de su mano en los próximos cuatro años es la fijación del número de licencias. Además, en este periodo excepcional, los VTC deberán cumplir las condiciones de los ayuntamientos en cuestiones como el uso del dominio público viario, la gestión del tráfico urbano, la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación.

En la práctica, lo que Fomento ha puesto sobre la mesa amenaza al 80% del sector VTC, que es el que quedaría fuera del negocio urbano dentro de cuatro años si todas las autonomías se deciden por aplicar la ratio de una licencia para estos vehículos por cada 30 de taxi que ahora rige. En este momento, hay 11.200 licencias VTC y unas 67.200 de taxi, por lo que, para cumplir la proporción, sólo 2.240 vehículos con conductor podría operar en el ámbito urbano en 2022. El negocio de Uber o Cabify es eminentemente urbano y difícilmente podrían sobrevivir con su estructura actual con operaciones de carácter interurbano.

Sanciones más duras

Además de cambiar la regulación del sector, el Ministerio de Fomento también va a modificar el régimen sancionador a las VTC para endurecerlo y adaptarlo el registro electrónico de servicios que está creando. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del real decreto- ley aprobado ayer, el Gobierno presentará un proyecto de ley que podría incrementar las sanciones cuando los servicios se presten en un ámbito territorial que no corresponda o cuando se incumplan las limitaciones establecidas o la exigencia de contratación previa de los servicios por vía electrónica.

Aunque el decreto-ley tenga carácter efectivo una vez sea aprobado en el BOE, todavía debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días porque, en caso contrario, decaería y habría que volver a tramitarlo. Fuentes de Fomento no fueron ayer más allá de comentar que los contactos con el resto de formaciones ya habían comenzado. El PSOE, con apenas 84 diputados en la Cámara Baja, necesitará echar mano de varios partidos para sacar adelante la norma.

Habrá que ver también cuál es la reacción de las comunidades una vez que se ha confirmado el traspaso de competencias. Las gobernadas por el PP están indignadas con el Ministerio de Fomento por no haberles consultado el contenido del decreto durante su redacción.