El Gobierno blindará al taxi de modo inminente con una ley «anti-Uber»

El Consejo de Ministros va a elevar a ley el decreto de 2015 para protegerlo de recursos judiciales

Uber no quiere restricción alguna en su competencia con el taxi
Uber no quiere restricción alguna en su competencia con el taxi

El Consejo de Ministros va a elevar a ley el decreto de 2015 para protegerlo de recursos judiciales.

Movimiento de calado en la guerra entre el taxi y Uber. El Gobierno va a dar de forma inminente un paso adelante en su afán de frenar a la multinacional estadounidense. El Consejo de Ministros elevará hoy o la próxima semana a la categoría de real decreto ley el decreto ley 1057/2015 que regula el sector. El paso no es menor. Al transformar la regulación en ley, la deja fuera del alcance de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), que no puede recurrir una normativa de tal rango.

El movimiento del Gobierno se produce apenas tres días después de que se celebrase en el Tribunal Supremo (TS) la vista final del proceso abierto por el recurso presentado por la propia CNMC y Uber contra el decreto de 2015. Tanto Competencia como la app han solicitado la liberalización total del sector. Entienden que limitar la actividad encarece los precios y perjudica a los usuarios. Frente a ellos, el sector del taxi, que cuenta con el apoyo de Fomento, así como de las comunidades y los ayuntamientos, argumenta que una liberalización total pondría en riesgo la supervivencia entera de su sector. Las partes están a la espera de lo que decida el tribunal.

El Ministerio de Fomento siempre ha creído necesario regular el sector para proteger al taxi. Si ha dado ahora un paso más en el nivel de protección es porque considera que algunos ayuntamientos y comunidades autónomas están tomando decisiones a favor del taxi que podrían desequilibrar el mercado, argumentan desde el departamento. No obstante, en el sector se da por descontado también que elevar a rango de ley la normativa persigue dejar en fuera de juego a la CNMC y protegerlo de una eventual sentencia del Tribunal Supremo a favor de los postulados de Competencia.

El real decreto ley es una normativa que debe ser convalidada por el Congreso de los Diputados, un trámite que el Gobierno tiene garantizado pasar. Fuentes del PSOE confirmaron a LA RAZÓN que darán su apoyo a la norma porque consideran que es necesario que el sector esté regulado. Con los votos socialistas, el PP suma una mayoría suficiente para convalidar el decreto, pues sumarían 218 diputados.

El decreto de 2015 establece que por cada licencia de vehículo VTC, los que usa Uber, debe haber 30 licencias de taxi. Además, prohíbe a estos servicios recoger viajeros en la vía pública y establece una regla de habitualidad, que les obliga a realizar no más de un 20% de sus servicios fuera de la ciudad en la que tengan su base de operaciones. A finales del año pasado, se introdujo una modificación para reforzar la norma. Así, se impide la transmisión de autorizaciones VTC en los dos años posteriores a su otorgamiento y se obliga a dar cuenta de todos los servicios a un registro central.