El Gobierno desoye a Competencia en su intento de bajar el precio de la luz y el gas

El Ministerio para la Transición Ecológica ha desestimado la propuesta hecha por Competencia en un informe no vinculante en el que pedía recortes a la retribución de transporte y distribución de electricidad y gas de Competencia porque no cumple los objetivos en materia de energía y clima propuestos por el Gobierno. El Ministerio considera positiva la iniciativa, que contribuiría a reducir las facturas de los consumidores, pero cree necesario analizar si la retribución por extensión de vida útil establecida compensa suficientemente al titular de un activo frente a la alternativa de invertir en una nueva instalación que los sustituya. Además, advierte que su regulación corresponde al Gobierno mediante real decreto y no al ente regulador. Por ello, el Ministerio ha considerado necesaria la convocatoria de la comisión de cooperación con el objetivo de resolver las discrepancias que contiene la propuesta y asegurar un marco normativo coherente.

El Ministerio considera positiva la propuesta, tanto en términos de cambios metodológicos como en los incentivos recogidos para prolongar la vida útil de las instalaciones, pero ha estimado que las medidas planteadas no consideran de manera adecuada las inversiones necesarias para cumplir los objetivos del ministerio en la materia. Asimismo, ha alegado que las necesidades de inversión en las redes no concuerdan con los objetivos en energía y clima dictaminados por el ministerio y además su regulación corresponde al gobierno mediante el real decreto y no al ente regulador.Es el Gobierno “el que debe regular el establecimiento de un límite máximo de inversión anual”, así como la aprobación de los planes de inversión en el sector tal y como recoge la ley de 2013, ha detallado el ministerio en el informe. Por todos estos factores, el ministerio ha considerado necesaria la convocatoria de la Comisión de Cooperación con el objetivo de resolver las discrepancias que contiene la propuesta y asegurar un marco normativo coherente, a la vez que se respetan las competencias tanto de la CNMC como del Gobierno.

El recorte propuesto por la CNMC para seis años (2021-2026) supondría una rebaja anual media en comparación con el sistema que se aplica hasta ahora del 23,5 % en la actividad de las empresas dedicadas al transporte de gas y electricidad, lo que supondría pérdidas de 723 millones de euros para el sector, según el informe. Este recorte supondría para las plantas regasificadoras una rebaja anual del 12 % de sus actividades, que supondría unas pérdidas de 356 millones.