El Gobierno destapa 87.700 millones en el extranjero

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer que la lucha contra el fraude fiscal es de «máxima importancia» y una «exigencia ética» en un momento en el que se piden sacrificios a los ciudadanos y que, por lo tanto, es necesario «actuar con rotundidad». Por eso, puso como ejemplo las medidas tomadas en España sobre la declaración de los bienes y derechos situados en el extranjero que suponen un 9% del PIB español, 87.700 millones de euros. El presidente del Gobierno calificó estas cifras como «muy relevantes» y destacó la importancia del efecto disuasorio para luchar contra la evasión fiscal.

Esta nueva obligación no supone ningún pago adicional de impuestos, sino que se trata de una mera declaración informativa, con el fin de estrechar el cerco sobre bienes en el extranjero sin declarar. Si la Agencia Tributaria descubre que se ha ocultado una cuenta en el extranjero imputa este bien como una ganancia patrimonial en el IRPF, que puede tributar hasta el 52%. Esta legislación afecta a cuentas financieras, valores, seguros, rentas y bienes inmuebles superiores a 50.000 euros. Más de 130.000 contribuyentes han declarado este tipo de bienes, en concreto 131.411.

Durante su comparecencia, Rajoy aprovechó para despejar algunas dudas sobre las ayudas al sistema financiero español. Aseguró que España no necesitará más ayuda que los 40.000 millones solicitados al MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), pese a disponer de una línea de crédito de 100.000 millones. «Y en el supuesto de que hiciera falta no será a través del MEDE. Si hubiera que hacer algunas provisiones lo pueden hacer perfectamente acudiendo al mercado», dijo.

La intensificación de los esfuerzos contra la evasión fiscal se produce en un momento de recortes y aumento de los impuestos en la UE a la vez que la capacidad de recaudación está bajando debido a la recesión. «Si queremos incitar a los ciudadanos a ser honestos, es importante que persigamos el fraude fiscal», resumió la canciller alemana, Angela Merkel.

Mientras el presidente del Consejo, Herman van Rompuy, reconocía «la indignación pública» ante los últimos escándalos, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, reconoció que le hubiesen gustado unas conclusiones «más concretas».

El encuentro de ayer se saldó con el compromiso de llegar al acuerdo de desbloquear la directiva sobre la fiscalidad en el ahorro que han vetado desde el año 2009 Austria y Luxemburgo, que aún mantienen su secreto bancario.

Se trata de que haya un sistema de intercambio automático de información para evitar las lagunas que suponen las fundaciones o sicavs. «Como Gobierno luxemburgués estamos dispuestos a introducir el intercambio de información el 1 de enero de 2015. Pero a condición de que la UE negocie con Suiza y otros países», aseguró ayer el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker.

Austria y Luxemburgo levantaron la semana pasada el veto para que la UE negocie con Suiza, Andorra, San Marino, Mónaco y Liechtenstein medidas similares a las que se están intentando acordar.