El Gobierno obligará a las cajas a salir del capital de los bancos aunque no fija plazos

Las cajas de ahorros tendrán que limitar su ámbito de actuación al de su comunidad autónoma o diez provincias limítrofes, gestionar un activo nunca superior a los 10.000 millones de euros o que sus depósitos superen el 35% del total de la región donde mantengan su actividad financiera. De acuerdo con los criterios del anteproyecto de ley de Cajas y Fundaciones Bancarias, sólo subsistirán como cajas de ahorros las de Ontinyent y Pollença.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de la Ley de Cajas y Fundaciones Bancarias, que pretende devolver al sector a sus orígenes y en el que se establece que las cajas que actualmente desarrollan sus actuaciones en régimen de ejercicio indirecto, así como las cajas que tengan un volumen superior a los límites previstos en la norma, se transformen en fundaciones.

En concreto, deberán convertirse en fundaciones aquellas que mantengan una participación en una entidad de crédito que alcance de forma directa o indirecta al menos un 10% del capital o de los derechos de voto de la entidad, o que le permita nombrar o destituir a algún miembro de sus órganos de administración.

Beneficios para la obra social

Las fundaciones bancarias no podrán participar en procesos de ampliación de capital de la entidad de crédito participada y deberán aprobar sus dividendos por quórum y mayoría reforzados, es decir, con la presencia del 50% del capital en la primera convocatoria y 25% en segunda, más la aprobación de tres cuartos del capital presente en la junta.

El Gobierno ha anunciado un régimen fiscal para preservar el tratamiento «favorable» a la obra social, aunque no ha detallado cómo se articulará. De Guindos ha anunciado que si la obra social se extiende más allá de una comunidad, el protectorado será del Ministerio de Economía, mientras que si permanece dentro de una región, será el Gobierno regional en cuestión el que lo ostente.

También ha precisado que con este anteproyecto de ley se completa la «última pieza» en el proceso de reestructuración del sector, y que supone «volver al modelo tradicional» de estas entidades. «Las cajas nunca tendrían que haber abandonado su labor inicial y originaria», enfatizó ayer De Guindos. El ministro anticipó también que la nueva norma se remitirá al Congreso a finales de este mes y se ha congratulado del «amplio consenso» logrado el BCE, CE y FMI.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha considerado que el anteproyecto representa un «eje clave» para finalizar con la reforma del sector financiero y ha completado el argumento del ministro de que se busca que las cajas vuelvan a su modelo originario: «Se busca volver al sistema de los años 80 o 90». En este sentido, ha recordado que las cajas tenían una labor muy localizada y centrada en pymes e impositores, sin dedicarse a un negocio de grandes operaciones. «Las cajas nunca debieron desviarse de su naturaleza tradicional», ha enfatizado De Guindos. En cuanto a cajas, la norma establece que no podrán dedicarse a otras actividades financieras complejas y han de centrarse en clientes minoristas y pequeñas y medianas empresas. Además, mantiene la comisión de control, elimina la figura del director general y establece un sistema electoral en virtud del cual se pretende evitar el control político de las cajas y atribuir dicho control a los impositores o depositantes. También se incrementa la profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas.

Obligaciones según la participación

El anteproyecto determina que las fundaciones bancarias deberán tener una participación superior al 10% en una entidad de crédito, y distingue entre las obligaciones de aquellas que poseen al menos un 10%, las que tienen un 30% y las que controlan el 50% del banco al que dieron lugar. Todas las fundaciones bancarias, sin excepción, están sometidas a rigurosos requisitos de gobierno corporativo, entre los que se incluye la prohibición de que los miembros del patronato de las fundaciones bancarias sean a su vez integrantes del consejo de administración de la entidad de crédito.

Las fundaciones bancarias con una participación superior al 30% en una entidad de crédito deben presentar al Banco de España para su aprobación un protocolo de gestión de su participación en el banco. Aquellas con una participación superior al 50% o que ostenten posiciones de control en una entidad de crédito estarán obligadas a presentar en su plan financiero una estrategia de diversificación de inversiones y gestión de riesgos que evite la concentración en activos emitidos por una misma contraparte.