El Gobierno propone el cómputo voluntario por toda la vida laboral

El Gobierno ha propuesto, a través del PP en la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, extender de forma voluntaria a toda la vida laboral el periodo de cómputo para calcular la pensión inicial de los nuevos jubilados.

En 2007, con unas tasas de paro en España que implicaban prácticamente el pleno empleo, la Seguridad Social acumuló un superávit de 14.673 millones de euros. Apenas cinco años después, en 2012, la recaudación por las cotizaciones no daba ni para pagar las pensiones contributivas. Desde la crisis, el Gobierno ha liquidado 74.400 millones del Fondo de Reserva, incluidos los rendimientos obtenidos por dicho fondo, para hacer frente a los desequilibrios del sistema, y la hucha de las pensiones ha quedado reducida a poco más de 8.000 millones de euros. El déficit de la Seguridad Social alcanzó su máximo en 2016, con más de 18.500 millones de desajuste entre ingresos y gastos que fueron cubiertos, precisamente, por el Fondo de Reserva.

Las previsiones del Gobierno apuntaban a que 2017 se cerraría con un agujero de 16.679 millones. Aunque las cuentas definitivas no están aún cerradas, parece que se superarán otra vez los 18.000 millones de euros pese al récord de ingresos, más de 109.000 millones, y que en 2018 se rondará la misma cifra. Y esto a pesar de que las estimaciones apuntan a una cifra de creación de empleo algo más atenuada pero aún en el entorno de los 450.000 trabajos.

A la espera de que las medidas aprobadas en 2013, tras las deliberaciones del Pacto de Toledo, entren plenamente en funcionamiento, el Gobierno ha tratado de capear el temporal con ayuda de la financiación de los mercados. En 2017, el Tesoro extendió una línea de crédito de algo más de 10.000 millones de euros y este año la Seguridad Social contará con un cheque de 15.000 millones más a costa de la deuda que emitirá España, lo que supone que el 37,5% de la deuda bruta que emita el Tesoro servirá para tapar el agujero de las pensiones.

Ante esta situación, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció que el Gobierno ha propuesto, a través de la representación del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, extender de forma voluntaria a toda la vida laboral el periodo de cómputo para calcular la pensión de los nuevos jubilados.

Se trata del primer contraataque ante la propuesta del PSOE –anunciada por su secretario general, Pedro Sánchez, la semana pasada– de financiar el desajuste del sistema mediante una batería de medidas, que incluían un impuesto a la banca y otro a las transacciones financieras, con los que se pretendería recaudar de forma excepcional, mientras el déficit lo haga necesario, unos 7.000 millones anuales.

La medida que el Gobierno quiere explorar en el Pacto de Toledo beneficiaría a aquellos trabajadores que cotizaron más al principio o a la mitad de su vida laboral pero no al final de la misma, ya que, a efectos del cálculo de la pensión, se computaría toda la carrera laboral y no sólo los últimos años, lo que mejoraría la cuantía de la prestación.

La ministra anunció esta medida el pasado lunes en una intervención en el canal 24 horas de TVE en la que destacó que algunos trabajadores tienen cotizaciones muy altas al principio y o la mitad de su vida laboral, pero no al final a causa de expedientes de regulación de empleo o por haberse puesto a trabajar por cuenta propia. «Estamos pensando que pueda tenerse en cuenta, no los últimos años de cotización, sino incluso poder elegir durante toda la carrera laboral porque mejoraría la pensión futura», explicó la ministra, que indicó que se trata de una propuesta del PP al Pacto de Toledo. «Veremos si ve la luz. Algunas personas ven con incertidumbre su pensión futura y nosotros queremos que la pensión sea la mejor posible», remarcó Báñez.

La reforma de las pensiones de diciembre de 2013 contemplaba la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 15 a 25 años. Para 2018, la cuantía de la pensión se calcula en función de las bases de cotización de los 21 años inmediatamente anteriores al mes previo al de la jubilación. Para 2022, el periodo de cálculo será de 25 años.

La reforma de 2013 también establece que los trabajadores de más edad expulsados prematuramente del mercado laboral, incluidos los trabajadores autónomos, pueden optar desde el 1 de enero de 2017 por la aplicación de un periodo de 25 años para el cálculo de la pensión si ello les resulta más favorable. Además, el factor de sostenibilidad obligará desde el año que viene a que el cálculo inicial de la pensión, que se realiza una sola vez para cada pensionista, tenga un coeficiente corrector que tendrá en cuenta la esperanza de vida en ese momento.