El Gobierno recaudará 6.000 millones de las grandes empresas

Se obtendrán otros 2.500 millones con el ahorro en intereses de deuda y la lucha contra el fraude

Poco después de que los Veintiocho hubieran formalizado ayer la luz verde para la activación de una multa de hasta el 0,2% del PIB (2.000 millones de euros), el titular de Economía español en funciones, Luis de Guindos, anunció cambios en el pago adelantado del Impuesto de Sociedades con el fin de conseguir 6.000 millones de euros extra para encarrilar el déficit público.

El toma y daca entre Bruselas y Madrid ya ha comenzado. El fin es que la Comisión Europea reduzca la multa a un castigo meramente simbólico y el comienzo de la negociación de una nueva senda fiscal, compatible con el crecimiento y con el letargo vivido en los últimos meses por el impasse institucional.

Esta nueva medida formará parte del texto de alegaciones que el Gobierno tiene previsto remitir hoy mismo a las autoridades comunitarias, aunque todavía se desconocen muchos detalles de la propuesta.

Este cambio no se aplicará a todas las empresas sino sólo a aquellas que superen un determinado umbral de beneficios, presumiblemente tan sólo las grandes corporaciones, y el propio de Guindos reconoció que para que sea efectivo debe ser tramitado a través de una nueva ley llevada a cabo por un Gobierno que haya superado la fase de interinidad.

Comienza también la cuenta atrás para conseguir apoyos entre el resto de las fuerzas políticas y convencer a Bruselas de que las promesas se convertirán en hechos. El Gobierno en funciones pretende fijar un tipo mínimo en los denominados pagos a cuenta, liquidaciones fraccionadas del impuesto, con lo que se conseguiría que las empresas anticiparán el cobro aunque esta cantidad después se reduciría de la cantidad global anual. Este tipo de iniciativa ya se llevó a cabo en el año 2012 en los peores momentos de la crisis de deuda en aras de aumentar los ingresos en el corto plazo y sufrió varias prórrogas. Se desconoce todavía si esta nueva medida estrella dentro de las negociaciones con Bruselas será temporal y puede quedar reducida a un mero artificio contable o si se prolongará en el tiempo y conseguirá aumentar la recaudación en el largo plazo.

Dentro de las cuentas que España debe negociar con Bruselas, el titular de Economía también contabilizó un ahorro en los tipos de interés a los que España se financia en los mercados de 1.500 millones de euros y unos resultados mejores de los esperados en la lucha contra el fraude que redundaría en 1.000 millones de euros adicionales.

En total: 8.500 millones de euros de ingresos suplementarios para luchar contra el abultado déficit público. El pasado mes de mayo, la Comisión Europea propuso a España un calendario con un año extra para volver al redil de un déficit público por debajo del 3%, tal y como propugna el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

A pesar de que esta moratoria de doce meses se mantiene, la Comisión Europea en sus últimos cálculos desconfía que pueda llevarse a cabo y está dispuesta a la renegociación. Esta senda provisional exigía a nuestro país un déficit público del 3,7% para este año y del 2,5 % para el siguiente, un ajuste de unos 8.000 millones de euros en dos años con los datos manejados hasta el momento. Se espera que los nuevos objetivos por parte de Bruselas se hagan públicos a finales de julio, si bien España no dar pistas sobre nuevos objetivos y De Guindos se limitó a reiterar su compromiso con un déficit por debajo del 3% el año que viene. Parece que tanto por parte de Bruselas como de Madrid se propugna la máxima rapidez en las negociaciones.

Se daba por supuesto que la Comisión Europea hará público su veredicto sobre la cuantía de la multa y el nuevo calendario de déficit en su última reunión colegiada, el 27 de julio, pero no resulta descartable que se tomen decisiones la semana que viene.

Dentro de su alegato para que la multa sea reducida a cero, el representante español aseguró que «sería una paradoja que la economía que ha tenido el giro más intenso, que más crece y que más empleo crea, que mejor comportamiento está teniendo en tiempos de incertidumbre se le impusiera una multa», a la vez que cuestionó los cálculos de Bruselas en sus previsiones sobre crecimiento potencial de la economía y la inflación. De hecho, de Guindos aseguró que si la tasa de precios al consumo se hubiera mantenido con una cifra por debajo pero cerca del 2% del PIB, tal y como propugna el BCE, el PIB hubiese crecido un 0,7% suplementario y se hubieran cumplido los objetivos de déficit el año pasado.

La medida anunciada por el Gobierno en funciones para recaudar más fue rápidamente contestada por la oposición. El secretario de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha, anunció que su partido no apoya la decisión para recuperar los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades porque «no es más que un parche que infla la recaudación temporalmente de forma artificial». De la Rocha puso en cuarentena esta posibilidad, ya que el Gobierno «necesita aprobar esa subida de impuestos que no ha sido acordada con ningún grupo político». «Parece que De Guindos y Rajoy no se han enterado de que el Gobierno está en funciones», añadió el portavoz socialista.