El modelo energético español ante el reto de 2020

La Comisión Europea ha situado recientemente a España entre los países con dificultades para cumplir con los retos en materia de clima y política energética.

En la larga marcha hacia un nuevo modelo energético, 2020 es la fecha límite en que los Estados miembros de la Unión Europea deberán haber cumplido los objetivos ambientales fijados hace unos cuantos años. Para entonces, además, estará avanzado el debate para establecer nuevos objetivos más ambiciosos. ¿Cuál es la situación de España en cuanto al cumplimiento de esos objetivos? ¿Qué consecuencias tienen para el futuro y hacia dónde nos llevan esos objetivos y, sobre todo, cuáles serán los siguientes pasos hacia ese futuro aún por definir?

Estas cuestiones revisten el máximo interés, pues las respuestas que se les den serán el punto de partida de la negociación con la Unión Europea –que, de una u otra forma, está ya en curso– para la próxima etapa de la política de clima y energía.

Recientemente, la Comisión Europea ha situado a España entre los países con dificultades para cumplir los objetivos de 2020. A este respecto conviene hacer algunas precisiones. ¿Ha hecho España poco esfuerzo? Las emisiones por habitante de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de España han estado siempre –y siguen estando– por debajo de la media europea. Otro tanto ocurre con la intensidad de CO2 del Producto Interior Bruto (y si se ajustasen las cifras oficiales por economía sumergida, la posición relativa de España sería aún más favorable). Entonces, ¿estaban bien definidos los objetivos iniciales? Los objetivos de Kyoto consistían en reducir las emisiones con respecto al nivel de 1990, pero poco después España inició una etapa de crecimiento económico extraordinario, que conlleva inevitablemente un aumento de emisiones y, a continuación, una crisis de la que –a pesar de los positivos indicadores económicos actuales– no ha acabado de salir. Parece obvio que el escenario en que se basó la famosa reducción de emisiones no contempló todo esto.

Enegía final limpia

En cuanto al objetivo de renovables en el «mix» energético, la aportación de las energías renovables a la generación de electricidad fue del 34,6% en 2015 y del 40,8% en 2016. Con estos datos, la energía renovable representó el 15,2% de la energía final en 2015. En 2016, aún sin datos oficiales publicados, puede estimarse un 18%. Si la potencia adjudicada en las últimas subastas, más la de la recientemente anunciada (RD 650/2017 de 16 de junio) estuviese en operación en 2020, la aportación de las renovables se situaría entre el 19,5% y el 21,5% de la energía final. Además, sumando la aportación de la energía nuclear (aunque no computa como renovable) el total de energía final limpia sería el 20,3% en 2015, un 22% en 2016 y –con las mismas hipótesis– podría alcanzar el 23-25% en 2020, con una cuota de energía eléctrica limpia superior al 60%. Estas cuotas dependerá también de la evolución de la demanda total de electricidad.

Por otra parte, España ha realizado un esfuerzo extraordinario en cuanto al apoyo económico a las tecnologías renovables. El informe de Consejo Europeo de Reguladores de la Energía de 25 de junio de 2013 sitúa a España en primer lugar en Europa en cuanto a apoyo económico a las renovables, por MWh generado, muy por delante de países mucho más ricos y más emisores de GEI.

Con estos datos ¿tiene sentido exigir a un país en esas condiciones más esfuerzo? En realidad, puede concluirse que España, con un punto de partida desfavorable (emisiones específicas muy bajas), un período de fuerte crecimiento (no previsto, pero irrenunciable) y una crisis económica que dificulta etrabajos adicionales, ha hecho un esfuerzo verdaderamente sobresaliente y estará muy cerca de los objetivos, si es que no los alcanza. Y con todo, seguimos por debajo de la media europea en los indicadores de emisiones específicas, que son más importantes que los objetivos voluntaristas de 2020.

Como consecuencia de este esfuerzo de apoyo a las renovables para cumplir con los objetivos 20/20/20 España tiene hoy un parque generador sobredimensionado, con un margen de reserva excesivo y sin parangón en Europa, un despilfarro inversor innecesario si se hubiese planificado medianamente, y unos precios finales de la electricidad entre los más elevados de Europa.

¿Qué nos espera a continuación? Con el «Winter Package» se ha puesto en marcha la definición de una nueva estrategia energética europea, más ambiciosa que las anteriores en cuanto a transformación de los sistemas energéticos nacionales. A partir de ahora, habrá que hablar de transición energética, es decir, de una política energética orientada a un nuevo modelo energético y subordinada a la política de clima, con objetivos negociados –en parte– pero exigentes.

El paso a ese nuevo modelo energético, requerirá un volumen de inversión muy importante y tendrá impactos notables en todos los sectores: generación eléctrica, gas y petróleo, transporte, industria, residencial, edificación. Habrá que plantearse una serie de cuestiones fundamentales: el papel de cada energía primaria, el papel de las tecnologías renovables en generación eléctrica, el papel de la energía nuclear, el papel del petróleo y del gas a medio y largo plazo, los costes de la transición, los impactos en los sectores consumidores, los impactos de las nuevas inversiones en el sector industrial, los precios resultantes de la energía final y, en particular, de la electricidad. Algunas de estas cuestiones son antiguas (la energía nuclear), otras son nuevas y habrá que dedicar recursos e inteligencia para llegar a diagnósticos y soluciones acertadas. Porque, acertadas o equivocadas, las consecuencias de las decisiones que se adopten nos pesarán durante décadas, y algunos de sus impactos serán irreversibles.

Para España, todo esto es una oportunidad –y también una necesidad– de luchar por cuatro objetivos de gran importancia: defender los intereses nacionales en una negociación en la que otros socios de la UE buscarán una posición dominante favorable a sus intereses; definir una política energética interior que minimice los costes de la transición y los precios finales de la energía a corto, medio y largo plazo; maximizar el impacto positivo en nuestra industria, así como un cuidado especial en asegurar la estabilidad regulatoria. Una vez más, hay que preguntarse si esta vez será posible alcanzar un pacto de Estado sobre la energía, después de casi cuatro décadas de un debate sesgado basado más en agendas partidistas que en el interés nacional.

Pedro Mielgo* es Presidente de NGC Partners