«El monopolio minorista es una garantía para la salud»

Esta legislación, que cumple veinte años, contempla una serie amplia de medidas que abarcan desde el blindaje del acceso al tabaco a menores hasta la lucha contra el comercio ilícito.

Altadis, la empresa líder del sector del tabaco en España, celebró el vigésimo aniversario de la Ley de Ordenación del Mercado de Tabacos con un encuentro que fue clausurado por el subsecretario de Hacienda y Función Pública, Felipe Martínez Rico, y en el que se dieron cita relevantes expertos de esta industria. En su discurso, Felipe Martínez resaltó la importancia que tiene la regulación del mercado del tabaco para la Agencia Tributaria, la cual recauda más de 10.000 millones de euros en impuestos relacionados con la explotación de esta actividad. Al mismo tiempo, genera miles de puestos de trabajo directos, por lo que se ha convertido en un pilar básico para la economía y el empleo de nuestro país. El subsecretario de Hacienda y Función Pública puso en valor «la innovación que se está implementando en algo tan antiguo como el tabaco», y calificó como «muy relevantes» los cambios que se han producido por parte del Comisionado. Una ley que, según Jon Fernández, consejero delegado de Altadis, ha dado «estabilidad, seguridad jurídica y un equilibrio entre los intereses públicos, sanitarios y tributarios». Antes de ahondar en los determinantes efectos de la Ley de Ordenación del Mercado de Tabacos, conviene dar un pequeño repaso a nuestra historia y visualizar cómo estábamos antes de 1998, año en el que entró en vigor dicha legislación. Santiago Cid Fernández, quien fuera primer presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos, recordó el proceso que hubo que seguir.

En 1997 existía un monopolio total del mercado del tabaco. Las fases de fabricación, importación y distribución corrían a cargo del Estado y eran ejercidas a través de la sociedad gestora, que por aquel momento era Tabacalera, una empresa pública perteneciente al patrimonio estatal. La antigua Delegación del Gobierno era la encargada de supervisar la actividad de la empresa, por lo que había un monopolio jurídico con un operador único. En 1998, el Gobierno decide privatizar Tabacalera, lo que permitió la aparición de Altadis. Además, en mayo de ese mismo año, se aprobó la Ley de Mercado de Tabacos que liberalizó la gran mayoría de mercados tal y como había propuesto el Gobierno del Partido Popular. La liberalización del sector permitió a nuevos operadores explotar la actividad tabaquera, pero la principal novedad para Santiago Cid fue la creación del Comisionado de Regulación de Mercados, que sucedía a la antigua Delegación del Gobierno, y que fue el órgano encargado de examinar el desarrollo y análisis del decreto de la nueva Ley. Con los nuevos cambios introducidos, poco tardaron en llegar las primeras empresas que querían tener el permiso de fabricar y comercializar el tabaco con un interlocutor que dialogaba entre operadores y Gobierno.

Para la aplicación de todas las normas hubo que hacer compatible el monopolio minorista del tabaco con la legislación europea vigente. Antonio Martínez, abogado socio de Allen & Overy España, recordó que los estados del viejo continente tenían la obligación de adecuar sus monopolios comerciales a los principios de no discriminación de la Unión Europea, y que quedaban eliminadas las barreras a la importación de productos entre los estados miembros. En 2012, el Tribunal de Justicia europeo consideró que existían restricciones a los minoristas que afectaban a la libre circulación de mercancías y dio más libertad a los estanqueros. Para Antonio Martínez, el monopolio «no es para nada un problema» y valoró los 20 años de la Ley como «una historia de éxito».

La Ley de Ordenación del Mercado de Tabacos juega un papel clave –y a veces invisible– en la defensa de la salud pública, la lucha frente al contrabando y la recaudación tributaria. Ignacio Millán, director de la Asesoría Jurídica de Altadis, expuso cinco razones por las cuales cree que es completamente necesario el monopolio minorista para las labores del tabaco y el actual sistema de venta en los estancos. Según Millán, el sistema asegura «la plena aplicación de las políticas sanitarias en torno al producto» e impide el acceso al tabaco a los menores de edad, gracias a la labor profesional que ejercen los estanqueros. El director de la Asesoría Jurídica de Altadis considera que la Ley procura al consumidor sólo productos seguros y de calidad, y le genera una confianza con el estanquero por el hecho de conocer perfectamente el artículo que está vendiendo. Además, previene el fraude y facilita la recaudación de un sector que genera miles de millones de euros. Ignacio Millán finalizó su discurso con una feroz crítica al contrabando al señalar que «cada cajetilla que se mete en el mercado negro es una bofetada para los legítimos trabajadores del sector».

Al finalizar la intervención de Ignacio Millán, se organizó una mesa redonda en la que se pusieron de relieve los hitos de estos 20 años y en la que participaron Manuel Barroso, director adjunto de Cetarsa; Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis; Jorge Segura, director de Cigarrillos y Picaduras de Logista, y Mario Espejo, presidente de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España. El director adjunto de Cetarsa aseguró que este sector «ha sufrido de todo» y recordó que en un periodo muy corto de tiempo se ha pasado de un sistema basado en subvenciones que cubrían en un 85% los costes totales de producción, a la total desaparición de todo tipo de ayudas. Rocío Ingelmo considera que los objetivos que con la promulgación de la Ley se perseguían «se han cumplido» y destacó el papel activo que ejerce tanto la Agencia Tributaria como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por su parte, el director de Cigarrillos y Picaduras de Logista resaltó que la regulación «ha marcado las reglas del juego» demostrando flexibilidad y responsabilidad hacia las nuevas tendencias, y vio necesario la ampliación de la red minorista de expendeduría para que siga garantizando el control de la sanidad y la recaudación fiscal. En su turno de palabra, Mario Espejo mostró su preocupación frente a los 3.500 núcleos urbanos que no disponen de estanco y afirmó que los estanqueros «tenemos un formidable activo intangible, que es la confianza que nos depositan los clientes».

En los últimos años, el Comisionado para el Mercado de Tabacos ha experimentado una profunda renovación basada en el rejuvenecimiento de su plantilla con el fin de afrontar la nueva era digital. Su actual presidenta, Isabel Juliani, explicó las importantes funciones que este organismo realiza. El Comisionado ejerce la inspección y control para el cumplimiento de la normativa, un aspecto que para ella es la «cara menos amable pero igualmente necesaria» para mantener, entre otras cosas, la calidad del producto que se vende en los estancos. Al mismo tiempo, es una herramienta para luchar contra el comercio ilícito y también funciona como interlocutor con todos los operadores de la industria. De cara al futuro, Isabel Juliani aventuró que el principal reto es el de reformar la normativa vigente. «La ley cumple 20 años y existe una clara necesidad de adecuarla a la actualidad, lo que situaría a España en la vanguardia contra el contrabando y mejoraría aún más la calidad del tabaco», concluyó.