El PSOE busca erigirse antes del 28-A en salvador de las pensiones

Intenta a la desesperada que Podemos apoye todas las recomendaciones del Pacto de Toledo. Aunque el acuerdo podría salir adelante sin la formación morada, los socialistas no quieren dejarlos atrás.

Después de casi dos años de trabajo, los partidos que integran el Pacto de Toledo han alcanzado un elevado consenso sobre las recomendaciones a hacer al Gobierno para garantizar el futuro del sistema público de pensiones. Todos están de acuerdo en que lo fundamental para sanear las cuentas de la Seguridad Social es acometer la nueva separación de las fuentes de financiación recogida en el punto uno del último borrador. Es decir, que prestaciones no contributivas y servicios de carácter universal como las políticas de empleo o vinculadas a la protección de la familia y a la conciliación de la vida personal deben ser financiadas con cargo a los Presupuestos del Estado y no con los recursos de la Seguridad Social. Con ello, en un periodo de siete años, estiman que sería posible enjugar el déficit de 18.000 millones de euros que arrastra el sistema dado que estos pagos pueden llegar a representar hasta 26.000 millones de euros. En otros puntos, sin embargo, no hay unanimidad y eso está, de momento, bloqueando cerrar el acuerdo.

Discrepancias

Según han asegurado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, la negativa de Podemos a algunas de las recomendaciones está impidiendo cerrar el pacto. Y no porque no sea posible sacarlo adelante sin la formación morada. El problema, explican los consultados, está en que el PSOE no quiere aprobar nada sin el respaldo del partido de Pablo Iglesias, el único que apoyó las cuentas socialistas devueltas por el Congreso la semana pasada. Podemos discrepa en algunas de las recomendaciones como la referidad a la edad legal de jubilación, que quiere que vuelva a ser los 65 años. Tampoco está de acuerdo con no incluir el destope de las cotizaciones. A día de hoy, la base máxima de cotización se encuentra en 3.751,2 euros, por lo que trabajadores cuyos salarios superan el nivel en el que hay que realizar esa aportación (alrededor de un 28,3% del salario bruto) dejan de pagar esa proporción más de su sueldo a la Seguridad Social. Podemos quiere que ese límite se elimine y se cotice por el total del salario percibido.

Ante lo apretado de las fechas por la convocatoria de las elecciones del próximo 28 de abril, los socialistas buscan ahora un acuerdo de última hora que les permita presentar el acuerdo de las recomendaciones del Pacto de Toleo como un logro conseguido durante el periodo de gobierno de Sánchez para salvar el sistema público de pensiones. Los socialistas consideran que queda margen suficiente para que el Congreso de los Diputados valide las recomendaciones y que es «factible» llegar a un acuerdo sobre las mismas, como explicó la semana pasada su portavoz en la Comisión, Mercé Perea, a Efe. Según el calendario electoral, apenas quedan dos semanas para hacerlo pues las Cámaras se disolverán el próximo 5 de marzo. No obstante, el Ejecutivo podría aprobar en los próximos Consejos de Ministros un real decreto que derogara el índice de revalorización del PP con el fin de volver al IPC real. Éste es el objetivo fundamental que perseguirían los socialistas con las recomendaciones del pacto por el poderoso mensaje electoral que podrían enviar en plena campaña a un colectivo tan decisivo para los sufragios del 28 de abril como los pensionistas. «Es la mejor noticia que podría tener este país», aseguró Perea. La recomendación segunda que maneja el Pacto de Toledo insta a subir las pensiones en base el IPC «real» tras dejar claro que el vigente índice de revalorización ligado al 0,25% aprobado por el PP «no goza de suficiente consenso político y social». No obstante, el real decreto que incrementa las pensiones al 1,6% este año y establece el pago de una compensación por desvío según la inflación, no contempla la derogación expresa del índice del 0,25% ni la del Factor de Sostenibilidad ligado a la esperanza de vida.

En caso de aprobación de la medida vía real decreto, la ley faculta a la Diputación Permanente a resolverlo y votar su convalidación o derogación en un plazo máximo de 30 días, el mismo que tendría el Congreso de los Diputados.