El Supremo ve «exiguas» las penas para 5 directivos de Novacaixagalicia

Confirma los dos años de cárcel impuestos por la Audiencia Nacional, pero los considera escasos en relación a la gravedad de las conductas

El Tribunal Supremo confirmó ayer las penas de dos años que la Audiencia Nacional impuso a cinco ex directivos de Novacaixagalicia por las indemnizaciones que se autoconcedieron (22 millones de euros en total), aunque las ha calificado de «exiguas». Los condenados son José Luis Pego Alonso (ex director de NCG), Gregorio Gorriarán Laza (responsable de la división inmobiliaria), Óscar Rodríguez Estrada (coordinador de la integración de las dos cajas gallegas), Julio Fernández Gayoso (ex presidente de Caixanova, una de las dos entidades que dieron origen a la macrocaja gallega) y Ricardo Pradas Montilla (asesor jurídico). Los tres primeros recibieron unas prejubilaciones millonarias ante la previsión de que fueran a prescindir de sus servicios de forma inminente en el año 2010. Los otros dos fueron condenados a la misma pena de dos años como cooperadores necesarios del delito.

En el momento de modificarse los contratos de alta dirección que dieron origen a las indemnizaciones percibidas y que han sido objeto de la sentencia, las dos cajas gallegas (Caixanova y Caixa Galicia) habían iniciado el proceso de fusión y habían reclamado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 1.162 millones de euros para superar la situación de inviabilidad financiera de las dos entidades.

Lo más llamativo de la decisión del Tribunal Supremo es que ha tachado de «desproporcionada» la pena impuesta por la Audiencia Nacional, pero no por exceso, como reclamaban las defensas de los directivos, «sino claramente por su exigüedad desde la perspectiva de la gravedad de las conductas», tal y como recoge Europa Press.

La «llamativa lenidad» de las penas, para el Supremo, se deriva de que la suma de dinero apropiada superó de forma extraordinaria los 50.000 euros que el Código Penal fija como subtipo agravado del delito, ya que Pego Alonso mejoró su contrato en 7 millones de euros, Gorriarán, en 4 millones, y Rodríguez Estrada, en 225.400 euros. A ello hay que sumar que los dos primeros intervinieron en la administración de Caixanova, que había quedado en serias dificultades de viabilidad y práctica insolvencia, de modo que para hacer viable la fusión bancaria con Caixa Galicia el FROB tuvo que aportar más de 9.000 millones de euros del erario público.

El alto tribunal rechazó el argumento de las defensas de que la última reforma del Código Penal impedía su condena por apropiación indebida. En este punto, la sentencia contesta que sus conductas no han quedado despenalizadas, ya que no pueden interpretarse como el resultado de actos de deslealtad con el patrimonio administrado o fruto de decisiones equivocadas en el ámbito de la administración que les incumbía, sino que hicieron suyas las cantidades millonarias «a través de un mecanismo expropiatorio que va mucho más allá de la adopción de actos erróneos en el ejercicio de su facultades de administración». Es decir, que los ex directivos ejecutaron «inequívocos actos apropiatorios con fines de lucro personal» y no «meros excesos o abusos» en el marco de sus competencias, recoge la sentencia, que suma una extensión de 198 folios.

Lo que sí ha estimado el Supremo es el recurso de los acusados en relación con la cuantía de las indenmnizaciones por responsabilidad civil, que tendrán que ser revisadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El alto tri bunal ordena a la sección tercera, autora de la sentencia, que fije de nuevo el quantum de la indemnización conforme a la calificación jurídica de los hechos declarados probados.

Un ruinoso rescate de 9.000 millones

Novagalicia, fruto de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, ha constituido uno de los rescates financieros más ruinosos para el Estado. La entidad recibió ayudas por parte de las administraciones públicas que superaron los 9.000 millones de euros. Sin embargo, el banco fue vendido a finales de 2013 a la entidad venezolana Banesco por sólo 1.003 millones de euros. El propio fondo de rescate (FROB), que poseía el 62% del capital de la entidad cuando fue vendida, reconoció que no podía estar contento con la operación y responsabilizó a la banca española de parte de las pérdidas por no haber hecho ofertas más altas por la entidad gallega. La reestructuración del sector financiero español está siendo, en términos generales, bastante ruinosa para el Estado. La pasada semana, el Banco de España reconoció que será imposible que las arcas públicas recuperen 26.300 millones destinados al rescate de la banca.