Empleo se lanza a erradicar los contratos temporales irregulares

Erradicar la contratación temporal no justificada se ha convertido en una de las prioridades del Gobierno. El Consejo de Ministros abordó ayer el informe sobre el anteproyecto de reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que, entre otros asuntos, otorga más capacidad a este organismo para perseguir este tipo de contratos. La normativa prevé extender la capacidad de controlar la causalidad de los contratos temporales, el trabajo ilegal de menores y la prevención de riesgos laborales de los 964 inspectores de trabajo a los 836 subinspectores. Con ello, Empleo espera un «salto exponencial» en la transformación de contratos temporales en indefinidos, según fuentes de este Departamento.

La medida completa la que el Gobierno ya introdujo en 2013 para que los trabajadores a tiempo parcial registraran a diario las horas realizadas en jornada y las complementarias. De esta forma, prevé que las empresas cuenten con un registro que incluya esta información, que podrá ser solicitada por un inspector de trabajo para verificar que no se trata de trabajos a tiempo completo encubiertos. En 2014 se incrementaron las inspecciones en este ámbito en un 127% respecto al año anterior, hasta las más de 14.400.

Colaboración

La reforma también introduce la posibilidad de firmar acuerdos de colaboración con las fuerzas de seguridad y otras instancias como la inspección de Sanidad, para que puedan aportar información a la Inspección de Trabajo si cuentan con evidencias de fraude a partir del desempeño ordinario de su actividad. Para aumentar la participación ciudadana en la lucha contra el empleo irregular, Empleo abrió en 2014 el buzón del fraude. El resultado han sido 15.200 inspecciones y el afloramiento de unos 3.000 empleos irregulares, según Empleo.

El anteproyecto recoge también una reorganización administrativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para hacerla más eficiente, según explicó la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría. Así, este mecanismo de control se constituirá en organismo autónomo de nueva creación que prestará servicio al Estado y a las comunidades autónomas. Para mejorar su eficacia en materia de prevención de riesgos laborales y siniestralidad laboral, el Gobierno prevé aumentar sus recursos con la creación de una nueva escala de subinspectores de seguridad y salud en el trabajo.

Para combatir el fraude laboral, se creará dentro del organismo de inspección de trabajo una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude. El Gobierno ya había dado pasos para cercar esta práctica como la modificación del Código Penal, que agrava las sanciones por fraude a la Seguridad Social y los delitos contra los derechos de los trabajadores.

A pesar del aumento de medios propuestos en la reforma, Sáenz de Santamaría aseguró que tendrá «coste cero», porque en su mayor parte es «organizativa». «Se trata de ser más eficaces», dijo, y añadió que los cambios están encaminados a fortalecer la unidad del mercado laboral y a lograr una «actuación más eficaz y uniforme» en el seno de este organismo.

Los autónomos opinarán sobre la nueva formación profesional

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció ayer que los trabajadores autónomos participarán en la reforma de la formación profesional que prepara el Gobierno. Durante un acto organizado por ATA en Córdoba, Báñez se refirió al colectivo como el «corazón del tejido productivo español» y el «motor de la recuperación» económica. Por ello, Báñez dijo que el Gobierno «seguirá contando con los autónomos» a la hora de confeccionar medidas económicas que «creen empleo y riqueza». La ministra subrayó que los trabajadores autónomos cuentan con el derecho a la «formación permanente», por lo que en la reforma de la formación profesional «ATA tendrá su papel».