España contará con más margen para ejecutar los fondos europeos

España contará con un periodo adicional de ejecución de los proyectos apoyados por diversas líneas de ayudas provenientes de los fondos de recuperación europeos relacionados con la energía y la descarbonización. Tras los problemas detectados para asegurar que la ejecución de dichos proyectos pudiera estar completada antes de la finalización del plazo máximo fijado inicialmente para los fondos Next Generation, junio de 2026, la negociación de la Adenda entre el Gobierno español y la Comisión Europea ha concluido con un acuerdo que permitirá ampliar el plazo máximo. Es el último balance de la consultora Llorente y Cuenca (LLYC) sobre la Adenda al plan de recuperación. Los expertos de LLYC, que ofrecen la que probablemente sea la estadística más detallada sobre la marcha real del plan en España, señalan que se trata de una novedad muy relevante, que dará mayores garantías de que los fondos de recuperación puedan aplicarse en su totalidad en estos sectores estratégicos, ya que se contará con un periodo adicional de ejecución de los proyectos a partir de mediados de 2026, que sigue siendo el plazo máximo que aparece en la Decisión de Implementación, pero ahora para la adjudicación de las ayudas en los programas citados. Paloma Baena, directora senior de European Affairs (Asuntos Europeos) en LLYC explica que, según el texto de la Adenda finalmente aprobado por la Comisión (a falta del refrendo del Consejo Europeo), el Gobierno español transferirá los fondos de programas relacionados con la energía, la descarbonización y la economía circular a entes públicos como el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) o la Fundación Biodiversidad para que gestionen esos programas, respectivamente, pasando los plazos máximos aplicados a los Hitos y Objetivos de esos programas a computarse en relación a la adjudicación del 100% de las ayudas a los proyectos seleccionados, en vez de computarse como plazos máximos de ejecución o finalización de los proyectos. Lo mismo sucederá con los programas financiados por los fondos que contarán con los préstamos para impulsar actuaciones de carácter muy relevante, como las del alquiler social, las del Fondo ICO Green Line, Next Tech, las dirigidas a emprendedores y pymes o las del Fondo Comunidades Autónomas, entre otras, cuyos proyectos no deberán estar acabados de ejecutar en 2026, sino financiados. Entre las entidades que gestionarán estos fondos, destacan, además de la propia Enisa, el ICO, AXIS, Sepides, Cofides, SEMyS o el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Así pues, de acuerdo con el texto de la Adenda aprobada el 2 de octubre, el hito relevante de cara al calendario de desembolsos acordado con la Comisión será, en el caso de los proyectos financiados por convocatorias lideradas desde IDAE, Fundación Biodiversidad o Enisa, la concesión de la ayuda y no la finalización del proyecto. En total, 5.830 millones de euros (3.580 millones en subvenciones y 2.250 millones en préstamos), para convocatorias como la de Cluster del Hidrógeno Verde, cuyos proyectos no deberán estar finalizados en julio de 2026, sino tener las ayudas otorgadas.

LLYC destaca la escasa ambición y ausencia de carácter estructural de las nuevas reformas incluidas en la Adenda. «Se trata de reformas de continuidad, muchas de ellas ya en marcha, que no implicarán grandes dificultades para su aprobación en el caso de un escenario de continuidad del actual gobierno. La Adenda, por tanto, no servirá para profundizar en reformas de calado, como podría ser la del funcionamiento de la Administración Pública o la mejora de las condiciones de competencia en diversos sectores del mercado en España», apuntan desde LLYC. En su opinión «es un acierto destinar los fondos no reembolsables a reforzar los PERTEs. Sin embargo, deberían simplificarse las condiciones de acceso a estos proyectos».