Fianza de 1.200 millones para diez directivos de Pescanova

Fianza multimillonaria para diez directivos de Pescanova y seis sociedades del grupo alimentario es la que les ha impuesto el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, dentro de la causa en la que se investiga la supuesta comisión de los delitos de falseamiento de cuentas y de información económica, uso de información relevante, estafa y falsificación de facturas. Entre los directivos que deberán hacer frente a la fianza está el ex presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, quien tendrá que depositar 178,8 millones de euros.

La resolución del magistrado se justifica en la necesidad de garantizar, en su caso, el pago de las responsabilidades civiles que se puedan originar como consecuencia del procedimiento penal; sin que ello signifique en estos momentos que existan elementos probatorios que desvirtúen la presunción de inocencia de los imputados.

Sin embargo, el juez señala que la imposición de una fianza para cubrir las posibles responsabilidades civiles es suficiente con la existencia de «probabilidad de delito y de que una persona es responsable del mismo», lo que sí puede determinarse a la luz de la investigación practicada. «Se infiere esa probabilidad de delito por parte de los querellados al estimarse la existencia de indicios racionales de criminalidad a tenor del informe de la documentación e informes periciales obrantes en la causa».

Junto a ello, se encuentra el riesgo existente de que se pueda «difuminar» los bienes por el paso del tiempo y, posteriormente, no tener con qué hacer frente a esa responsabilidad civil. Y ello, señala el juez, toda vez que los imputados «conservan su capacidad de actuar como la libre disposición de sus bienes, con lo cual podrían eludir su posible responsabilidad patrimonial derivada de una actuación punible». Por otro lado, el magistrado alude a la actuación de los administradores en todo este proceso, los cuales habrían proporcionado una «imagen irreal» de la situación económica y patrimonial de la empresa, lo que ocasionaría un grave perjuicio a los accionistas.

En cambio, el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, entre el 7 de enero y el 27 de febrero de este año, a través de una de sus sociedades, vendió 1.688.518 acciones a 16,26 euros, lo que le supuso un ingreso de 27,4 millones «y la evitación de una pérdida de 15,6 millones, según estimaciones de la CNMV». Esa venta se produjo justo un mes antes de que la compañía entró en concurso de acreedores.

Esta misma acción fue realizada por otros consejeros , a fin de evitar «pérdidas en sus patrimonios personales y plenamente conocedores de la verdadera situación económica», según se señala en la querella presentada por varios de los afectados y que recoge el juez en su resolución.

Información económica falsa

De hecho, según se desprende de la información aportada por la CNMV, al menos cuatro de ellos «procedieron a la venta de sus acciones hasta el mismo día o pocos días antes de la comunicación» al organismo regulador de los mercados, el pasado 28 de febrero, «en la que se desvelaba la incertidumbre sobre la continuidad de la actividad de la sociedad con la subsiguiente depreciación de dichos títulos», y ocasionando graves pérdidas a accionistas. Y ello, «en virtud de la información económico-contable falsamente positiva de la sociedad proporcionada por sus responsables».