El fiscal censura el «primitivo y depredador» uso de las «black»

Rebaja sus solicitudes de condena para 18 de los 65 acusados, pero no para Blesa y Rato

Blesa llega ayer a la Audiencia Nacional, donde se celebra el juicio
Blesa llega ayer a la Audiencia Nacional, donde se celebra el juicio

Rebaja sus solicitudes de condena para 18 de los 65 acusados, pero no para Blesa y Rato

El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón censuró ayer la actitud «primitiva y casi depredadora» de los 65 usuarios de las «tarjetas black» de Caja Madrid y Bankia que se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional –con sus ex presidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato a la cabeza– acusados de apropiación indebida y, en su caso, de administración desleal, por haber gastado con esos plásticos 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012.

En un duro informe final de hora y media de duración, el representante del Ministerio Público provocó en varias ocasiones murmullos de desaprobación en los estrados de las defensas de los acusados –para quienes pide condenas de entre uno y seis años de prisión–, que tuvieron que escuchar cómo Luzón comparaba sin inmutarse con el «pillaje o la rapiña» la actitud de aquellos ex directivos que incluso siguieron utilizando esas visas cuando ya habían cesado en el cargo.

El representante del Ministerio Público mantuvo invariable su petición de cuatro años y medio de prisión para Rato y seis para Blesa, pese a que ambos han reintegrado, como han hecho la mayoría de los acusados, el dinero gastado con los polémicos plásticos (98.837 euros en el caso de Rato y 436.688 en el de Blesa). Y es que para Luzón la cantidad «es tan escasa en proporción a la responsabilidad que se les atribuye que no da para aplicar» la atenuante de reparación del daño.

Una atenuante que sí ha aplicado la Fiscalía a 18 de los acusados que devolvieron el dinero gastado, entre ellos el ex director financiero de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj (a quien, pese a todo eleva de dos a dos años y medio de prisión su solicitud de condena por el montante de lo gastado con su «black»: 575.079 euros) y el ex consejero de la caja y ex secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella (para quien sigue reclamando tres años de cárcel). Para Luzón no es lo mismo «devolver al perjudicado de manera efectiva y definitiva» el dinero gastado con las tarjetas que limitarse a consignarlo en previsión de una posible condena.

La Fiscalía también ha tenido en cuenta los argumentos de cuatro de los procesados –entre ellos los ex consejeros José María de la Riva y Cándido Cerón– sobre operaciones que no autorizaron, por lo que ha reducido (al igual que Bankia y el FROB) el montante de las cantidades de las que supuestamente se apropiaron.

«Cobrar como profesionales»

En su exposición, el fiscal Anticorrupción señaló a Blesa (presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010) por aprovecharse del mecanismo de compensación de gastos instaurado en 1988 bajo el mandato de su antecesor Miguel Terceiro. «Tomó la decisión –dijo el fiscal– de perpetuarlo y pervertirlo hasta convertirlo en un sistema no sólo opaco, sino manifiestamente ilegal». Su sucesor, Rato, continuó con esa práctica durante dos años , «en un momento de evidente crisis de la entidad» y «perdió una oportunidad muy buena», recalcó Luzón, de poner fin a ese supuesto sistema de retribución opaco con el nacimiento de Bankia.

El representante de Anticorrupción aseguró que los usuarios de las tarjetas defendían su uso para gastos de representación «a modo de eufemismo» para ocultar lo que en su opinión era una tarjeta retributiva. Luzón denunció que, pese a que el consejo de la entidad estaba muy politizado, a sus integrantes las retribuciones asignadas por ley «les parecían escasas». «Querían cobrar como profesionales», ironizó. Pero no podían admitir que los gastos con esos plásticos formaban parte de sus salarios, por la sencilla razón de que –añadió–, de hacerlo así, «habrían hecho constar una ilegalidad» en las actas del consejo de administración (dado que, recordó, los consejeros sólo podían percibir dietas por asistencia e indemnizaciones). Una ilegalidad, recalcó, de la que todos ellos eran conscientes.

Como exponente de esa actitud «depredadora», el fiscal se remitió al correo que envió, el 23 de febrero de 2005, Sánchez Barcoj a Blesa: «Disfrutemos por si algún día llegan las vacas flacas».

Críticas a la «sobreactuación»

El representante de Anticorrupción calificó de «absolutamente anormal» el pago de un salario a través de una tarjeta. «Era ilegal, contrario a los estatutos y sin amparo en los acuerdos del consejo de administración», subrayó. Y aseguró que los gastos personales que cargaron a esas visas los ex directivos de la entidad no redundaron «ni siquiera remotamente» en beneficio de la caja. «Ninguno ha sido capaz de justificar una sola reunión ni una sola comida en beneficio» de ambas entidades, hizo hincapié.

El representante de Anticorrupción denunció la «voluntad de ocultar a terceros tan atípicas como ilegales retribuciones» que, dijo, «abochornarían a cualquier contribuyente responsable». «Eran muy conscientes de que no podían declararlas a Hacienda porque estarían revelando una retribución opaca o en “B”», destacó.

Asimismo, restó importancia al hecho de que la Agencia Tributaria no pusiese objeciones a las mismas. «No descubrir ese engaño en ningún caso puede significar avalarlas», precisó Luzón, que criticó la «sobreactuación» de los acusados en su intento de «deslegitimar» los extractos de bancarios con los cargos a sus respectivas tarjetas.