Hacienda calcula el corte para cerrar la lista de defraudadores

La amenaza del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de hacer públicos los datos de las personas y sociedades que más defraudan a la Administración Tributaria no es un farol. Es un asunto al que el Ministerio lleva dando vueltas desde hace ya algunos meses, aunque en las últimas semanas ha vuelto al primer plano de la actualidad tras publicarse los datos de lucha contra el fraude y los escasos efectos que ha tenido la amnistía fiscal en las arcas públicas. El ministro ha cifrado en 70.000 millones de euros el agujero fiscal causado por el fraude en los últimos cuatro años, que no pueden atribuirse exclusivamente a la crisis económica o el desplome del sector inmobiliario.

Según ha podido conocer LA RAZÓN en fuentes del Ministerio de Hacienda, se trataría de una medida extraordinaria para incentivar a los defraudadores a saldar sus cuentas con el fisco, pagar cuanto antes sus deudas y no escudarse en interminables procedimientos jurídicos.

Aplazar los pagos

La crisis económica ha disparado el número de solicitudes de aplazamiento de los pagos con Hacienda de ciudadanos y empresarios. En los siete primeros meses del año, el número de aplazamientos se ha situado en 1,372 millones, un 16,3% más que en el mismo periodo del año anterior. El importe de estas solicitudes asciende a 11.902 millones de euros, un 11,2% superior al de los siete primeros meses de 2011.

En el año 2007, cuando aún no había estallado la crisis, se solicitaron a Hacienda un total de 501.336 aplazamientos de pagos, por un importe de 5.866 millones de euros. Esta cifra estuvo estabilizada a lo largo de todos los años de bonanza económica. Según datos de la memoria de la Agencia Tributaria, el pasado año se pidieron 1,639 millones de aplazamientos, que sumaban una deuda de 16.025 millones.

El principal problema para llevar a la práctica las intenciones del Ministerio es el establecimiento de los parámetros que fijen la frontera del gran fraude, toda vez que no se trata de hacer una lista interminable ni de incluir a todos cuantos tienen deudas pendientes con el fisco.

Reformar la Ley Tributaria

El Código Penal considera delito fiscal el fraude superior a 120.000 euros, aunque la cantidad no va a ser la única referencia que sirva a los técnicos del Ministerio. Otros criterios, como la multirreincidencia, sentencias dictadas, número de reclamaciones... pueden calibrar también dónde se situará la frontera. «Se trata de distinguir a los grandes morosos, a los grandes defraudadores del sistema, por criterios que no sean arbitrarios», señala una fuente del Ministerio.

Su aprobación no es inminente, porque lleva acarreada una modificación de la Ley General Tributaria en varios artículos, sobre todo del 95, acerca del carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado. No pueden ser cedidos o comunicados a terceros salvo en los casos de colaboración con los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Fiscal, otras administraciones tributarias, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, comisiones parlamentarias de investigación... «Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos», dice el artículo.