«Impuestazo»: Directo al bolsillo del ciudadano

Aunque el Gobierno asegura que las nuevas figuras tributarias que prepara no afectarán al español de a pie, los empresarios ya han avisado de que al final los pagarán.

No se trata de subir impuestos a los ciudadanos, sino de crear espacios fiscales nuevos para el siglo XXI». De esta forma tan engolada y alambicada, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trataba la semana pasada de justificar la necesidad de los nuevos impuestos que va a crear el Gobierno de Pedro Sánchez para recaudar 4.000 millones y, al mismo tiempo, de tranquilizar a los contribuyentes. Habrá más impuestos, sí, pero no saldrán de los bolsillos de los trabajadores, vienen a decir desde La Moncloa. Un planteamiento que, con el paso de las semanas, se está revelando como una verdad a medias. Es cierto que sólo uno de los nuevos impuestos proyectados, la equiparación de la fiscalidad del diésel y la gasolina, tocará directamente el bolsillo de aquellos que tengan un vehículo con estas motorizaciones. Pero también lo es que el resto de tributos, según han advertido desde diferentes sectores empresariales, acabarán saliendo, de un modo u otro, de los salarios que ganan los ciudadanos.

Para tapar el agujero de las pensiones, Montero ha anunciado la creación de un nuevo impuesto a la banca y la conocida como «tasa Google», que pretende poner en marcha de manera inmediata. Esta figura, inspirada desde la Comisión Europea, plantea un impuesto del 3% sobre la facturación por ciertos servicios digitales de grandes empresas como Google, Apple, Facebook o Amazon que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones de euros en la Unión Europea. Se trata de un recurso heredado del Gobierno del Partido Popular, que cuando lo planteó calculaba ingresar 600 millones de euros este año y otros 1.500 millones de euros el que viene, si bien el Partido Socialista no ha ofrecido sus previsiones recaudatorias. La Asociación Española de Economía Digital (Adigital) ya ha advertido de que la tasa repercutirá en el usuario y en «muchas pymes que usan plataformas como Amazon para vender sus productos fuera de España», lo que la convertirá, de facto, en «un impuesto a la exportación».

Comisiones y tipos

El sector bancario también ha alertado de los efectos que para sus clientes tendrá la aplicación de una tasa específica para el sector. Aunque Hacienda no ha anunciado todavía cuál será el diseño definitivo de este tributo, la banca ya ha advertido de que, de una forma u otra, lo acabará pagando el cliente. Públicamente, tanto la AEB como la CECA, las patronales de los bancos y las cajas de ahorros, respectivamente, se han limitado a decir que se trata de una tasa «injusta» y que si el Gobierno estima que la solución para cerrar la vía de agua de las pensiones son más impuestos, debería aplicarse a más sectores. No obstante, también han advertido de que sería «un obstáculo relevante» para «el desarrollo de la actividad económica a través de la concesión del crédito». Fuentes del sector bancario aseguraron a LA RAZÓN a comienzos de esta misma semana que la tasa tendrá un coste para los clientes bien a través del cobro de comisiones o servicios que ahora no se abonan o bien elevando los tipos de interés de los préstamos que conceden. Las entidades consideran que aunque la demanda de préstamos pueda disminuir, su diversificación geográfica les permitiría compensar el negocio que pudieran perder en España.

Otra de las iniciativas que va a poner en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez es la reforma del Impuesto de Sociedades para establecer un tipo mínimo efectivo para las grandes empresas del 15% a partir del cual no puedan hacerse más deducciones. El PSOE asegura que aunque el tipo teórico para estas compañías es del 25%, el real se queda en el 12%. La propuesta ha recibido una contestación pública y contundente por parte de la patronal empresarial (CEOE). Su vicepresidente y máximo responsable de Cepyme, Antonio Garamendi, ha advertido esta misma semana de que si los socialistas suben los impuestos a las compañías, la subida salarial pactada y firmada con los sindicatos puede fracasar. «Las empresas tienen sus costes y un incremento de estos puede hacer fracasar el elemento de aumento de salarios», advirtió Garamendi. «Si las empresas tienen que pagar por un lado, no podrán pagar por otro», sentenció el empresario.

Carburantes más caros

Si cuantificar con una cifra cuál será el impacto para el bolsillo de los españoles de las tres medidas anteriores es complicado, a la equiparación de la fiscalidad del diésel y la gasolina de forma progresiva ya se le han puesto números. El plan del Ejecutivo es subir el impuesto de hidrocarburos en 9,5 céntimos por litro y el autonómico en 4,8 céntimos. La subida costará a los conductores alrededor de 780 millones de euros, según algunos cálculos. Eso, en repostajes. Pero la incidencia de la medida va más allá. Como están denunciando las patronales del transporte por carretera, si transportar las mercancías resulta más caro, los productos también lo serán. Y eso en un país donde el 90% de los artículos viajan por carretera resulta «imprudente» porque no sólo lastraría al sector sino al conjunto de la economía, según ha denunciado la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).