La Audiencia imputa a FCC por el pago de 82 millones en comisiones en Panamá

La Audiencia ha imputado como persona jurídica a FCC por el supuesto pago de 82 millones de euros en comisiones a políticos de Panamá a cambio de la adjudicación de la construcción de dos líneas de metro y de la Ciudad de la Salud.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado como persona jurídica, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por el supuesto pago de 82 millones de euros en comisiones a políticos de Panamá a cambio de la adjudicación de la construcción de dos líneas de metro y de la Ciudad de la Salud en Panamá entre los años 2010 y 2014. El magistrado imputa a tres filiales de esta sociedad -FCC Construcción, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias- delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo.

Anticorrupción sostiene que las tres mercantiles constituyeron un consorcio con la multinacional Odebrecht -investigada desde 2017 por haberse servido presuntamente de empresas pantalla españolas para blanquear el dinero procedente de sobornos pagados por diversas constructoras a cambio de adjudicaciones-, que resultó adjudicatario único de la contratación de dos líneas del suburbano en Panamá.

La información facilitada por las autoridades suizas ha permitido constatar -asegura el instructor en su resolución, que los participantes en las dos contrataciones bajo sospecha, todos ellos altos directivos de FCC y personal de Odebrecht, diseñaron -según Anticorrupción- "un esquema de corrupción repetido y que consistió en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá y en facturarlo al doble de su precio". Con esa maniobra habrían conseguido los fondos necesarios para pagar dádivas a empleados y dirigentes políticos de Panamá sirviéndose de sociedades pantalla administradas por directivos de FCC y Odebrecht. Todos ellos ya han declarado en el juzgado como investigados.

El pasado enero, la Audiencia Nacional recibió las informaciones requeridas en una comisión rogatoria a Suiza, que incluía el aviso realizado por un banco de Lugano de los perfiles de riesgo de las operaciones realizadas por los grupos empresariales de los investigados. Según advertía el banco, gestionaban un grupo de cuentas, sociedades y clientes con indicios de autocontratación entre ellos y con un perfil instrumental, sin recursos ni trabajadores y ejecutaban, además, un millonario volumen de facturación cuyos fondos circulaban por sus cuentas.

En mayo y junio, FCC presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción sobre los acuerdos comerciales suscritos en relación con los hechos investigados. FCC aportó 38 facturas y transferencias libradas desde esta compañía al entramado investigado, por un importe de 82,7 millones de euros entre 2010 y 2014 por servicios no prestados, según la compañía, y para dar cobertura a pagos por presunta corrupción.

Moreno considera que la denuncia aportada por FCC pone de manifiesto la participación de varios altos directivos, ya cesados, en los acuerdos de presunta corrupción respecto a trece obras de infraestructuras que licitaban en Panamá, Costa Rica, Salvador y Nicaragua y en las que se habría encubierto el pago de dádivas con supuestos trabajos de consultoría.

Sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda corresponder a estas personas de forma individual, el magistrado argumenta que la misma "debe trascender a la compañía porque no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa".

"Estas personas –añade el magistrado- que actuaron bajo el paraguas de las referidas mercantiles eran altos ejecutivos de la cúpula directiva de FCC CO, con distintos niveles de dirección y responsabilidad en distintas filiales y en la matriz, actuaron desviadamente durante 4 años, periodo temporal en el que se comprometió el pago de más de 82 millones de euros, a través de transferencias de las propias cuentas de la mercantil FCC CO, contabilizadas y visadas con varias firmas y autorizaciones de su cúpula directiva”. Todo ello, según se recoge en el auto, revela indiciariamente "que no se definió una ética de empresa, ni existieron instrumentos de prevención dirigidos a instaurar una cultura de respeto a la legalidad vigente. Los indicios revelan una transgresión radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente a la libre y recta competencia en la contratación internacional".

Para Moreno, las tres mercantiles de FCC "presumiblemente conocieron y participaron en la vertiginosa generación de sobrecostes" en los contratos del suministro del acero para los Proyectos del Metro de Panamá y Ciudad Hospitalaria de Clayton. Unos fondos que supuestamente fueron destinados a esos "pagos de corrupción a través de una secuencia de sociedades instrumentales y circuito de cuentas bancarias para acabar abonando esas ganancias ilícitas en pagos de corrupción encubiertos como comisiones comerciales y a terceros responsables políticos y empleados públicos".