La Audiencia Nacional deja libre a la cúpula de Afinsa hasta que se resuelvan los recursos

La Audiencia Nacional ha acordado la libertad sin fianza para siete directivos de Afinsa, condenados a penas de hasta 12 años de cárcel por la estafa masiva a casi 200.000 clientes, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación.

La Audiencia Nacional ha acordado la libertad sin fianza para siete directivos de Afinsa, condenados a penas de hasta 12 años de cárcel por la estafa masiva a casi 200.000 clientes, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación.

La sección primera de la sala de lo Penal considera que no existe el riesgo de fuga achacado por la Fiscalía y las acusaciones particulares para la inmediata entrada en prisión de los condenados, dada la situación personal de algunos de éstos.

En concreto, alega que dado que todos ellos disponen de familia en España, desempeñan alguna "actividad profesional"en el país, tienen una edad avanzada o incluso, "padecen una grave enfermedad", cabe excluir el riesgo de una eventual "elusión"a la justicia.

"El comportamiento futuro de una persona es siempre incierto, pero debemos intentar atender a los hechos y neutralizar cualquier tentación de ejecución provisional de las penas", explican los magistrados en el auto.

Tampoco consideran "imprescindible"la imposición de fianza económica de 200.000 euros que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción para el exsecretario de Afinsa José Joaquín Abajo Quintana y el proveedor de sellos, Francisco Guijarro.

No obstante, los jueces acuerdan medidas cautelares tales como la obligación de notificar cambios de domicilio y únicamente a Abajo Quintana se le retira el pasaporte y se le impone la obligación de comparecer cada quince días ante el juez.

El veredicto conocido ayer condenó a once integrantes de la compañía, entre ellos su presidente, Juan Antonio Cano, y el fundador del grupo, Albertino de Figueiredo, por poner en marcha y colaborar con un negocio que carecía de sentido económico y se basaba en una sobrevaloración constante de sellos que no tenían valor intrínseco.

El escrito de 174 páginas desveló que los clientes, "no informados y crédulos", invertían en la medida que se les prometía la devolución de su dinero, incrementado con un interés muy superior al que ofrecían las entidades financieras de la época.

Por todo ello la sala imponía además a los hoy citados, a excepción de Guijarro, el pago de 2.574 millones en concepto de indemnización a los 190.022 afectados, cantidad que corresponde con el agujero patrimonial desvelado tras la intervención judicial.

"No podemos devolver algo que no tenemos"ha asegurado Cano tras conocer el auto, y ha añadido que "no es que nadie se haya llevado el dinero. Lo que no aparece es porque no existe".

Además, ha asegurado que tanto él como el resto de directivos intentaron que impulsar un convenio para que los inversores pudiesen recuperar sus ahorros a través de la venta de los activos que nunca fue aprobado.

Un visto bueno que, ha recordado Cano, tampoco recibió el plan de los acreedores, y ha apuntado a la gestión de los administradores concursales que "ahora, en fase de liquidación, están dilapidando los activos", haciendo "imposible"el reintegro de las cantidades.

Además de los siete directivos citados hoy, también fueron declarados culpables otros cuatro miembros y colaboradores de la compañía, que se enfrentan a penas inferiores entre los cuatro años del presidente no ejecutivo de la filial estadounidense, Esteban Pérez y los dos años y tres meses de los expertos Joan y Jordi Domingo.

Quedaron absueltos, en cambio, el auditor de la compañía, Francisco Blázquez y el jefe de operaciones en Europa de la filial, Ramón Egurbide, una decisión que la Asociación de perjudicados de Castilla y León ya anunció que recurriría.