La Audiencia Nacional devolverá 5,5 millones a un empresario acusado de desviar fondos de la CAM

La Audiencia Nacional deberá devolver 5,5 millones de euros a uno de los dos empresarios acusados de desviar los beneficios de inversiones hoteleras de CAM en el Caribe tras rebajarle la fianza de 7 a 1,5 millones que le impuso el juez Javier Gómez Bermúdez para poder salir de prisión.

La Audiencia Nacional deberá devolver 5,5 millones de euros a uno de los dos empresarios acusados de desviar los beneficios de inversiones hoteleras de CAM en el Caribe tras rebajarle la fianza de 7 a 1,5 millones que le impuso el juez Javier Gómez Bermúdez para poder salir de prisión.

En un auto, la sección tercera de la sala de lo penal estima parcialmente el recurso de Ferri contra la cuantía que le fijó el magistrado, que fue la misma que impuso al otro empresario acusado por estos hechos, José Salvador Baldó y que, como el anterior, solo tardó tres días en reunir el dinero para recobrar su libertad.

Gómez Bermúdez justificó esta cifra en que ambos disponen de numerosas propiedades en el extranjero, cuentas en Andorra y un entramado de sociedades "todavía no suficientemente desenmarañado que les permitiría seguir obteniendo cuantiosos fondos de forma oculta o encubierta con los que vivir cómodamente".

El juez decidió así enviarles a prisión ante la gravedad de los delitos -contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable o, alternativamente, de apropiación indebida y blanqueo de capitales-, y por el riesgo de fuga y su capacidad económica, que ilustró con el ejemplo de que pagaron en un solo mes de 2012 gastos por viajes en avión privado de más de 445.000 dólares.

Sin embargo, para la sala, el instructor incurrió en una "sobrevaloración pecuniaria del riesgo de fuga", ya que están imputados por los mismos delitos que el exdirector general de la CAM Roberto López Abad, al que estableció una fianza de 1,5 millones para salir de la cárcel.

"No deben hiperbolizarse determinados datos en pro del mantenimiento de la privación provisional de libertad en unos casos o de una cuantía exorbitante de la fianza en otros", sostienen los magistrados.

Y añaden: "La disponibilidad por el recurrente de un aeroplano o de una vivienda en un país extranjero, amén de su capacidad económica,"son datos que sólo conducen a "hipótesis o presunciones desfavorables"y no "inequívocas"de que pueda huir.

El juez ordenó su detención en el marco de la operación "Mar nuestro"iniciada el pasado 7 de noviembre, en la que fueron arrestados, entre otros, López Abad y el exdirector de Empresas Daniel Gil -para el que la fianza fue de 400.000 euros-, a los que acusó de desviar de 247 millones a un paraíso fiscal de las Antillas Holandesas.

Según Gómez Bermúdez, López Abad y Gil desempeñaron un papel esencial en las decisiones sobre la financiación de proyectos por parte de Valfensal, de la que la CAM poseía el 30 %.

Eso sucedió cuando los empresarios les informaron de su intención de adquirir una sociedad a la que desviar los beneficios de varios hoteles que pensaban adquirir o construir en México, Costa Rica y la República Dominicana.

La estructura fiscal fue creada por Ferri y Baldó mediante una sociedad pantalla, Jacksonport, situada en Curazao, gracias al asesoramiento "del despacho Garrigues"y concretamente de Jaime Escrivá.

Éste defendió en varios informes la legalidad de la utilización de esta sociedad para canalizar los beneficios de Valfensal, que luego fueron utilizados por los exdirectivos para justificarla ante los órganos de control de CAM.

Jacksonport obtuvo entre 2004 y 2011 unos ingresos de 333 millones de dólares -247 millones de euros-, aseguraba el juez, que citó las cuotas tributarias supuestamente defraudadas en 2009, 2010 y 2011, que ascienden a 1,2 millones, 1,3 millones y 2,7 millones, respectivamente.