La banca asumirá 2.000 millones en preferentes

El Gobierno aprobó ayer un real decreto-ley de protección a los titulares minoristas de preferentes en el que se crea la comisión que impondrá los criterios para acceder a los arbitrajes.

El Gobierno aprobó ayer un real decreto-ley de protección a los titulares minoristas de preferentes en el que se crea la comisión que impondrá los criterios para acceder a los arbitrajes y que ordena una derrama de cerca de 2.000 millones entre los bancos para pagar a los tenedores de estos títulos de NCG y Catalunya Banc. La contribución de los bancos se realizará mediante una aportación al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) bancarios y responde a la necesidad de lograr liquidez para pagar a los clientes minoristas de la entidad gallega y la catalana las acciones que reciban a cambio de sus preferentes, ya que ninguna de las dos cotiza y no tienen posibilidad de venderlas en el mercado.

En todas las entidades nacionalizadas (NCG, Catalunya Banc y Bankia), al realizar el canje por acciones se efectuará una quita en el valor de las preferentes en cumplimiento de lo estipulado por la normativa europea, tal y como se encargó de recordar el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La valoración

Impuestos

En las entidades no cotizadas (NCG y Catalunya Banc), el precio de recompra de las acciones resultantes de estos canjes se determinará mediante un informe de un experto independiente que calculará el valor de mercado de estos títulos. El informe será encargado por la comisión gestora del FGD y su coste se descontará de los fondos obtenidos.

Según ha explicado De Guindos, la gestora del FGD hará una derrama entre los bancos del 3 por 1.000 de los depósitos, lo que dará un montante de entre 1.500 y 2.000 millones de euros, aunque ha avanzado que estará más cerca de la última cifra. Antes del 31 de diciembre de este año los bancos abonarán el 40% de la derrama, aunque habrá excepciones: las entidades intervenidas por el FROB estarán exentas y las que tengan un balance por debajo de 5.000 millones de euros se deducirán hasta un máximo del 50%. Por último, habrá deducciones de hasta un 30% de las aportaciones realizadas o que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2013 al «banco malo» (Sareb). El segundo tramo se abonará a partir de 1 de enero de 2014 de acuerdo a un calendario que fijará la comisión gestora del fondo dentro de un plazo máximo de 7 años. En cuanto a la comisión de seguimiento, el ministro explicó que será el órgano encargado de supervisar los arbitrajes ya realizados en NCG y Catalunya Banc y establecer «los criterios básicos que tienen que utilizarse» en el de Bankia, que se iniciará este próximo 1 de abril.

Seguimiento

Con un proceso exprés

La comisión determinará el universo general de los tenedores de de preferentes que podrán acceder al sistema de arbitraje, que en ningún caso podrán ser inversores institucionales. Asimismo, determinará unos criterios para extraer de este grupo inicial de beneficiarios a los clientes más vulnerables desde el punto de vista financiero, que gozarán de un «procedimiento exprés» de arbitraje. Entre sus funciones también estará la de realizar análisis, elaborar informes trimestrales al Congreso y elevar propuestas para mejorar la defensa de los ahorradores.

Estará compuesta por la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el subgobernador del Banco de España, el secretario general de Sanidad y Consumo, el secretario general del Tesoro, el Consejo de Consumidores y Usuarios y representantes de las consejerías autonómicas que han participado en los arbitrajes.

Afectados

Tres grupos

El ministro de Economía ha dividido en tres los grupos de clientes que se han visto afectados por la comercialización de preferentes. Además de los «más vulnerables», aquellos que menos conocimientos tenían del producto en el que invertían, hay otro grupo, los «menos vulnerables», cuyo proceso de arbitraje se iniciará una vez que haya concluido el primero. El tercer y último colectivo es el que componen las personas que sí sabían el riesgo que asumían. No tendrán posibilidad de reclamar, aunque les queda la vía judicial si no están de acuerdo con la catalogación que les dé su entidad.