La gran empresa ve viable bajar el paro al 10,3% en cuatro años

El director de inversiones del Banco Santander, Jose Manuel Campa (d); el director general del CEC, Fernando Casado (c) y el presidente de Telefónica y presidente del CEC, César Alierta (i) durante la presentación hoy del informe "España 2018".
El director de inversiones del Banco Santander, Jose Manuel Campa (d); el director general del CEC, Fernando Casado (c) y el presidente de Telefónica y presidente del CEC, César Alierta (i) durante la presentación hoy del informe "España 2018".

La gran empresa pidió ayer una «revolución radical». Pero que nadie se lleve a engaño, no ha sido abducida por Pablo Iglesias, se trata de ampliar las reformas con el objetivo de reducir a la mitad y en tan sólo cuatro años la tasa de paro de España con una batería de medidas «viables».

La gran empresa pidió ayer una «revolución radical». Pero que nadie se lleve a engaño, no ha sido abducida por Pablo Iglesias, se trata de ampliar las reformas con el objetivo de reducir a la mitad y en tan sólo cuatro años la tasa de paro de España con una batería de medidas «viables». El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) –que agrupa a 15 de las principales empresas españolas y que lidera el presidente de Telefónica, César Alierta– presentó ayer un ambicioso informe «que no es de izquierdas ni de derechas», en el que propone dar un giro copernicano a la economía de España para dejar en el 10,3% el desempleo, cuya tasa se sitúa hoy en el 24,5%.

El plan de choque «España 2018», que contiene ocho grandes campos de actuación, colocaría a nuestro país en una «posición líder a escala global» y resolvería de un plumazo los problemas sociales, ya que para esa fecha «todas las familias españolas estarían ocupadas y el gasto en prestaciones por desempleo sería muy inferior», según indicó Alierta.

Entre las principales medidas destaca por su impacto la mejora del marco institucional para aumentar el tamaño de las empresas, lo que contribuiría a reducir en 4,2 puntos la tasa de paro en 2018. Los grandes empresarios estiman que si las reformas logran duplicar el número de empresas de más de 250 trabajadores y aumentar en un 60% el de empresas medianas (entre 50 y 250 empleados) se generarían más de 400.000 puestos de trabajo.

La mejora del nivel educativo, orientada a la cualificación especializada, implicaría incrementar hasta el 6,2% del PIB el gasto en educación, que en 2012 fue del 5,6% del PIB, y duplicar el gasto en políticas activas de empleo, del 0,9% al 1,8% del PIB. La mejora del sistema educativo podría generar un impacto en la rebaja del paro de casi un punto.

Por su parte, respecto a la internacionalización de las empresas españolas, aumentar en 35.000 la cifra de firmas que exportan regularmente en los próximos cuatro años generaría más de 700.000 empleos.

El CEC también propone incrementar al 3% del PIB la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) desde el actual 1,3% con el foco puesto en una mayor digitalización de la economía, volcada todavía en la industria clásica, para pelear en igualdad con el principal competidor europeo, Estados Unidos. El informe concluye que si se logra equiparar en 2018 estos indicadores a las mejores prácticas de nuestros socios europeos se conseguiría un impacto extra del 1,5%, que se trasladaría a una creación neta de empleo de 130.000 puestos de trabajo por año.

Otro bloque de acción es el energético, un sector que supone el 3,1% del PIB, alcanzando el 5% incluyendo impactos directos e indirectos, y que da trabajo (directo e indirecto) a más de 420.000 personas, el 2,5% del empleo total. El CEC remarca que la factura eléctrica residencial media en España es más de 2,5 veces la de EE UU y la industrial, la novena más cara de la UE. El problema son los costes ajenos al suministro, que responden a políticas públicas y fiscales, y que representan más del 50% del precio de la energía para el consumidor doméstico (el 10% en EE UU). Además, los cargos externos al suministro en España son los más altos de la UE y los impuestos están muy por encima de la media europea. Las grandes empresas proponen, entre otras medidas, priorizar la interconexión con Francia, eliminar de la tarifa los costes ajenos a la producción y distribución de la energía, una «verdadera» reforma fiscal que reparta los costes entre las distintas tecnologías y una inversión de 18.000 millones en el sector, lo que aumentaría el PIB en 34.000 millones en el periodo 2015-2018. El impacto sobre el empleo sería de casi 100.000 puestos de trabajo. Además, el CEC apuesta por explotar los recursos nacionales de gas pizarra («shale gas»), que según un reciente estudio de Deloitte serían de 2.000 Bcm (miles de millones de metros cúbicos) y que podrían tener un impacto superior al billón de euros en el periodo 2015-2065.

Asimismo, el documento señala la relevancia de mantener la «privilegiada» posición de España en infraestructuras tras la brusca caída de las inversiones desde 2009 y la importancia de desarrollar una financiación fluida del consumo y las empresas. Por último, se propone un ajuste fiscal de 30.000 millones de euros en cuatro años, reforzar la lucha contra el fraude (que generaría una recaudación adicional de 20.000 millones cada año) y privatizaciones para reducir la deuda en al menos 35.000 millones.

Teniendo en consideración todas estas medidas, y sumando el efecto cíclico y el estructural, el nivel de empleo en 2018 podría ser 2,3 millones de personas superior al actual, lo que se traduciría en una reducción de 10 puntos de la tasa de paro. La lucha contra el fraude en el mercado laboral lograría aflorar unos 800.000 empleos, lo que situaría la tasa de paro cercana al 10,3%.

Medidas «viables» independientemente de quien gobierne, subrayó Alierta.