La industria española, en peligro por los costes energéticos

La factura energética en Alemania es un 50% más barata. La patronal metalúrgica exige al Gobierno un pacto para el sector y un Estatuto del Consumidor Electrointensivo.

El aumento progresivo de los costes de la energía supone una preocupación creciente entre los industriales españoles porque las cuentas no les salen. El problema radica en que lo que tienen que pagar por la energía que hace funcionar sus factorías ha aumentado en mayor proporción que el valor de los bienes y manufacturas que generan, por lo que la competitividad de sus productos baja mientras sus costes de producción suben.

Según datos de la patronal siderúrgica Unesid, la factura de energía para las industrias, sin incluir el IVA, es un 50% más cara que en Alemania y un 40% más que en Francia. Por tanto, el diferencial del precio entre España y Alemania se sitúa en unos 25 euros el kilowatio, 20 si hablamos del caso francés, y 15 de media con el resto de nuestros competidores europeos.

Los industriales españoles llevan años pidiendo que se les dote de un suministro eléctrico competitivo y estable, donde se reconozca la figura del empresario electrointensivo, como se ha hecho en otros países de nuestro entorno. El objetivo es proporcionar unas tarifas especiales para unos consumidores muy sensibles al coste eléctrico. Por ejemplo, en los países más industrializados de la UE las compañías tienen la opción de firmar contratos bilaterales a precios competitivos, con costes regulados y con determinadas exenciones.

En este sentido, el presidente de la patronal siderúrgica Unesid, Bernardo Velázquez, exige que se apruebe cuanto antes el Estatuto para el Consumidor Electrointensivo, cuya aprobación se vio paralizada por la convocatoria de elecciones, y manifestó su esperanza en que «el futuro Gobierno se compadezca de un sector que se quedó a un día de que se llegara al Pacto por la Industria por la moción de censura y a semanas de tener un estatuto electrointensivo por la convocatoria de elecciones».

En 2013 se hizo un cambio legislativo a través de la reforma energética que puso en marcha un mecanismo centrado en la interrumpibilidad, por el que se retribuía a las empresas a cambio de modular su consumo cuando lo requiriera el sistema eléctrico. Más tarde llegó el modelo de subastas. Pero ninguno de los dos ha contado con el beneplácito empresarial porque no se ha conseguido revertir el encarecimiento energético. El presidente de la patronal siderúrgica denunció abiertamente que toda la industria siderúrgica y metalúrgica sufre pérdidas de competitividad por el precio de la energía en España y «eso es algo que hay que solucionar ya».

Velázquez, que es también consejero delegado del fabricante de acero Acerinox, indicó que su empresa en España rebajaría en 35 millones de euros su coste energético si tuviera la fábrica en Alemania, y que ese coste está por encima de los beneficios anuales de la acerera. «Con un precio competitivo podríamos repartir más dividendos a los accionistas e invertir más en España».

Una de las regiones más afectadas por el problema de los elevados costes energéticos es Cataluña, donde el tejido industrial es el más importante de España. Una decena de patronales y agrupaciones de empresarios lideradas por Cecot han alertado de que más de 3.200 empresas catalanas pagan un sobrecoste energético que cada año alcanza los 300 millones de euros desde 2014. Por este motivo, los empresarios han solicitado por carta al presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín, que en la próxima revisión de las tarifas y peajes eléctricos se revierta la «discriminación» de las empresas conectadas a redes de 25 kilovatios.

En concreto, denuncian que éstas llegan a pagar un 40% más que las compañías conectadas a redes de 30 y 36 kilovatios, lo que el presidente de Cecot, Antoni Abad, considera que «atenta directamente contra la competencia» y es una decisión política «con intereses partidistas sin ningún criterio técnico que la avale». Y acusa directamente al Gobierno de la situación por haber decidido «prescindir de organismos como la CNMC para determinar las tarifas».

Teniendo en cuenta que los precios de la energía se revisarán en el último trimestre de este año, la CNMC dio el pasado viernes un primer paso para intentar reducir los costes tras proponer un recorte del 7% de la retribución que reciben las empresas por la distribución de electricidad, y cerca de un 18% la de gas con el fin de definir un marco regulatorio «estable y riguroso» y adecuado al ciclo económico. Así, la retribución inicial para la distribución de electricidad quedará fijada en 5.455 millones de euros. Este nuevo criterio permitirá una rebaja de los peajes que pagan consumidores y empresas a través de la factura, por lo que supondrá un abaratamiento de la misma, al mismo tiempo que garantizará una «rentabilidad razonable para las empresas reguladas».

El sector industrial ve con buenos ojos la medida, aunque la entiende insuficiente para sus necesidades reales, y espera la formación de un Gobierno para que legisle de una vez por todas sobre el Estatuto para el Consumidor Electrointensivo y el Pacto por la Industria. De ello depende su futuro.