Grecia

La troika exige a Grecia que venda créditos dudosos a fondos buitre

El Gobierno de Tsipras tendrá que endurecer el control sobre los morosos para alcanzar el acuerdo. El FMI eleva a 90.000 millones la cuantía del rescate

La Razón
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Optimismo moderado en la capital comunitaria. Todo indica que las negociaciones entre Grecia y sus acreedores internacionales van sobre ruedas después de que se hayan intensificado en las últimas horas. El desenlace podría producirse esta misma semana con la convocatoria de una reunión por videoconferencia de los miembros del Eurogrupo para dar luz verde al memorándum de entendimiento con las contrapartidas negro sobre blanco del tercer paquete de rescate por un valor máximo de 86.000 millones de euros en tres años. No obstante, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la cantidad necesaria podría elevarse hasta los 90.000 millones.

Aunque la posibilidad de un crédito puente aprobado de urgencia sigue latente, parece cada vez más lejana y todo indica que el pago al Banco Central Europeo por valor de 3.500 millones de euros, que vence el 20 de agosto podrá realizarse con dinero contante y sonante del tercer salvavidas europeo. «No hay grandes obstáculos», señalaban ayer fuentes diplomáticas en Bruselas, después de reconocer incluso cierta sorpresa por lo productivo de las últimas negociaciones transcurridas durante el fin de semana en Atenas durante día y noche. Si el calendario se cumple, Grecia recibiría 24.000 millones de euros en el primer tramo. 12.000 servirían para aligerar la deuda, 10.000 para recapitalizar los bancos y 5.300 para los pagos a los proveedores. En este punto, habrá que estar atentos al FMI, que ha barajado postergar su parte del desembolso hasta otoño, después de un posible acuerdo sobre el alivio de la deuda.

Tanto el Gobierno de Alexis Tsipras como las instituciones antes conocidas como troika desean la mayor celeridad en las negociaciones como prueba de que el fantasma del Grexit se aleja y la confianza entre las partes se restablece. Pero no será fácil. Los propios portavoces comunitarios certificaron ayer que Grecia deberá enfrentarse a nuevas aprobaciones exprés en su Parlamento a semejanza de las ocurridas el 15 y el 21 de julio, antes incluso de que las contrapartidas del tercer rescate reciban el visto bueno general de la Cámara. Una posibilidad a la que el ejecutivo de Syriza se había opuesto ante la debilidad del Gobierno, asediado por corrientes internas contrarias al rescate. Discrepancias que Tsipras había conseguido postergar con la celebración de un congreso extraordinario en septiembre, pero que pueden reabrirse.

Si no hay contratiempos de última hora, este mismo jueves deberían aprobarse estas reformas. Uno de los capítulos que suscita más controversia es el fin de las exenciones fiscales de que disfrutan los agricultores griegos. Un sector sobre el que pivota, junto al turismo, la economía griega. Según apuntan filtraciones a medios helenos, la eliminación en dos fases de la rebaja fiscal que tienen los agricultores en la compra del gasóleo, así como la modificación de la ley recientemente aprobada que permite la devolución de las deudas a Hacienda y a la Seguridad Social en cien tramos son los dos puntos principales que se barajan a corto plazo

La troika quiere un trato diferenciado entre los deudores, de forma que los que tengan ingresos más altos dispongan de menos tiempo para hacer frente a sus obligaciones y que los intereses que se paguen por la mora aumenten de un 3 % a un 5 % para los pagos que superen 5.000 euros. Dentro de este capítulo, también genera debate cómo gestionar los 90.000 millones de euros de deudas consideradas impagables que lastran el balance de los frágiles bancos griegos atenazados por el corralito. Las opciones barajadas son una cesión a fondos «buitre» o la creación de un «banco malo»

Según estas mismas informaciones de medios griegos, como concesión al Gobierno se habrían postergado para el otoño algunas medidas de alta sensibilidad política como los cambios en las prejubilaciones y la puesta en marcha de un ambicioso programa de liberalizaciones comerciales. Otro de los puntos que más controversias suscita es la puesta en marcha de un fondo fiduciario de privatizaciones que sirva a su vez como aval ante los acreedores internacionales de Grecia por valor de 50.000 millones de euros. Una cifra que, curiosamente, no es nueva. En 2011 esta meta ya quedó reflejada en el memorándum de entendimiento suscrito entre Yorgos Papandreu y sus socios de la zona euro que pedía a Grecia una venta de activos que llegara a este valor en el año 2015 y que debía incluir desde autopistas hasta playas e incluso islas. De esa cantidad, tan sólo se había desembolsado en dinero contante y sonante antes de la convocatoria de elecciones anticipadas en enero de este año, 3.100 millones, ni siquiera una décima parte de lo prometido. La llegada de Syriza al poder paralizó quince privatizaciones en marcha, entre ellas una de las joyas de la corona: la venta del 67% del Puerto de Pireo. El Gobierno de Syriza se ha visto obligado a claudicar junto con la privatización de la red eléctrica.

Como premio de consolación, este fondo estará radicado en Grecia y no en Luxemburgo, Algunas informaciones apuntan a que este fondo podría funcionar durante un periodo de 30 años como única forma de alcanzar su meta.

Alemania gana con la crisis helena

El Instituto para la Investigación Económica de Halle (IWH) ha lanzado un duro mensaje sobre Alemania al apuntar que el presupuesto equilibrado del que se beneficia se debe, en parte, a la crisis de deuda que sufren países como Grecia. Según el Instituto, Berlín ha logrado desde 2010 hasta ahora ahorros para el presupuesto de 100.000 millones de euros, cantidad que representa más del 3% del PIB y que supera los costes de la crisis, incluso aunque Grecia no devuelva sus deudas completamente. De acuerdo con el IWH, el interés de la deuda alemana ha caído en los últimos años cada vez que se producían malas noticias sobre Grecia, y han subido cuando se producían buenas noticias.

Las condiciones de los negociadores

- Seguridad Social

Los acreedores quieren que el Gobierno griego modifique la reciente ley que permite la devolución de las deudas a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública en cien tramos. La idea es que los deudores que tengan ingresos altos devuelvan su dinero más rápido y que los intereses de la demora suban de un 3% a un 5% para los pagos que superen los 5.000 euros.

- Saneamiento bancario

Los negociadores pretenden que las entidades financieras del país vendan las carteras de deudas morosas a fondos especializados, conocidos también con el nombre de «fondos buitre». Las autoridades helenas rechazaban ayer esta idea y, en su lugar, defendían la creación de un banco malo con el objetivo de derivar hacia él esas carteras de dudoso cobro.

- Convenios laborales

Dentro de la reforma laboral propuesta como exigencia para desatascar la entrega de fondos, los acreedores presionan a Atenas para que la vigencia de los convenios colectivos caducados sea sólo de tres meses, y que después expiren. Las autoridades helenas negocian en cambio que el plazo sea mayor. Fuentes de la negociación lo cifran en concreto en seis meses.

- Privatizaciones

El formato que tendrá el futuro fondo de privatizaciones centra buena parte de las discusiones. El objetivo es que Grecia transfiera al mismo activos públicos por un importe aproximado de 50.000 millones de euros. El Gobierno ha propuesto que este fondo se materialice en 30 años para obtener más rendimiento a las propiedades en caso de tener que privatizarlas a corto plazo.

- Jubilación anticipada

Aunque centró hace meses el debate y su control constituía una de las mayores exigencias de los negociadores, el cambio de régimen podría aplazarse al otoño, con el fin de desatascar ya el pago de la ayuda y que Grecia pueda pagar a los acreedores. También podría aplazarse la exigencia de la liberalización de algunas profesiones para modernizar el sistema económico heleno.