La UE enmienda la totalidad de las cuentas de Sánchez

Considera que los ingresos están inflados y que los gastos están infravalorados. Advierte de que el incremento del salario mínimo hasta 900 euros frenaría la creación de 80.000 puestos de trabajo.

Puede que ni siquiera se aprueben, pero la Comisión Europea ha comenzado ya a poner la lupa en los presupuestos españoles. Según las previsiones económicas publicadas ayer por el Ejecutivo comunitario, España cerrará el año que viene con un déficit público del 2,3%, tres décimas por encima de lo vaticinado por el Gobierno y ocho décimas respecto a la senda pactada, hasta el momento, con las autoridades europeas. Además, el ritmo de crecimiento económico se aminora. Bruselas vaticina una rebaja de dos décimas tanto en 2018 como en 2019 –2,6% y 2,2% respectivamente– respecto a sus anteriores previsiones.

Este desfase en los presupuestos se debe a varias causas: unos ingresos inflados, unas partidas de gasto público infravaloradas en algunos capítulos y la ambivalencia de ciertas medidas estrella. En este capítulo, Bruselas muestra una especial prevención respecto a las consecuencias de la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros al mes. Según los cálculos de los técnicos europeos, este incremento puede ocasionar un frenazo en la creación de entre 70.000 a 80.000 puestos de trabajo en los dos próximos años, aunque la masa salarial global aumentará también en este mismo periodo de tiempo un 0,35%, lo que redundará en un mayor poder adquisitivo de la población, mayor ahorro y en incrementos de los ingresos a través de mayores aportaciones a la Seguridad Social, los denominados efectos de segunda ronda. A pesar de esto, las cuentas siguen sin cuadrar. O al menos, no completamente. El Ejecutivo español asegura que esta subida del salario mínimo tendrá un efecto en la recaudación de 1.500 millones de euros mientras que fuentes diplomáticas se muestran menos optimistas y calculan que este montante será de unos 1.000 millones de euros, «ligeramente inferior» a los números del Gobierno.

Bruselas tampoco cree en las previsiones ingresos del Ejecutivo español. Los técnicos de la Comisión calculan que se recaudará un 20% menos de lo asegurado por el Gobierno a través de la denominada «tasa Google» y el impuesto a las transacciones financieras y que el plan de lucha contra el fraude fiscal sólo conseguirá aflorar la mitad de lo prometido. En el capítulo del gasto, Bruselas también considera que Economía no ha cuantificado de manera suficiente las consecuencias del fin del copago farmacéutico para los jubilados y las nuevas medidas de escolarización. Según el informe de la Comisión Europea, los nuevos impuestos y el incremento de algunas tasas tan sólo «compensará parcialmente» el incremento del gasto.

Pero todo está en el aire. El Ejecutivo comunitario menciona en su informe que «algunas de las medidas de gasto planeadas pueden no ser ejecutadas plenamente» y reconoce que su análisis de la economía española es «cauteloso». El pasado lunes, la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, abría la puerta a una prórroga de los presupuestos de 2018 con ciertos «ajustes» en forma de la subida de impuestos comunicada a Bruselas, aunque para esto último también se necesita el apoyo del Congreso.

A pesar de que los números no cuadran, todo indica que el Gobierno puede beneficiarse de una coyuntura especialmente benévola. En una rueda de prensa monopolizada por el caso italiano (cuyo déficit público puede superar la barrera del 3% en 2020), el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, se mostró particularmente conciliador con España y recordó que este tipo de discrepancias entre Bruselas y las capitales suelen ser frecuentes. Las cifras, sin embargo, no engañan. Sus socios europeos han pedido a España un esfuerzo estructural del 0,65% del PIB ( sin tener en cuenta los vientos favorables del ciclo económico) mientras que el Gobierno de Sánchez confía en llegar a una cifra menor del 0,4% que Bruselas acabaría dando por valida a regañadientes. Sin embargo, los pronósticos de los técnicos europeos aseguran que el esfuerzo estructural se situará muy lejos de esta horquilla: entre el 0 y el 0,1% del PIB.

No es la primera vez que se producen discrepancias en este terreno entre España y la Comisión. Ha sido el pan de todos los días tras una década bajo el brazo corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por superar el umbral del 3%. En el informe publicado ayer, el Ejecutivo comunitario regaña de manera póstuma al Gobierno de Mariano Rajoy al recordar que la reducción del déficit durante este año fue posible gracias al vigor del crecimiento económico, ya que ciertas medidas como la revalorización de las pensiones, los incrementos salariales para los funcionarios y la bajada de impuestos para las rentas más bajas no ayudaron a este objetivo. Sánchez, lejos de enmendar a Rajoy, ha continuado esta senda.

Pero las cosas pueden cambiar. Según las previsiones de ayer, el déficit público de este año cerrará en el 2,7% y España conseguirá salir de la lista negra de los países por encima del 3%. Las normas europeas ponen ahora un mayor énfasis en el esfuerzo estructural, lo que pone a Sánchez en un difícil aprieto.