El Gobierno fija el objetivo de déficit autonómico en el 0,3%

El Gobierno ha fijado hoy el objetivo de déficit para las comunidades autónomas en el 0,3 % del PIB para 2016, con el rechazo de diez y el apoyo de cinco autonomías gobernadas por el PP, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El Gobierno ha fijado hoy el objetivo de déficit para las comunidades autónomas en el 0,3 % del PIB para 2016, con el rechazo de diez y el apoyo de cinco autonomías gobernadas por el PP, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Poco antes de terminar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que preside el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la consejera del ramo de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha informado de que se ha aprobado el objetivo de déficit y deuda del 0,3 %.

La consejera se ha mostrado totalmente de acuerdo en que el reparto sea igual para todas las comunidades y que no haya objetivos de déficit asimétricos, por lo que su postura ha sido favorable al Gobierno, a pesar de que en el anterior CPFF se abstuvo porque pedía una mayor flexibilidad y que en lugar del 0,3 % fuera del 0,5 %.

En cuanto al incremento de la financiación de las autonomías, Del Olmo ha señalado que "en el global, entre las entregas a cuenta del modelo y los ahorros de los intereses que se va a producir en el caso de las comunidades que han acudido al FLA o la facilidad financiera, son en total 10.000 millones de euros".

Al respecto, la consejera ha puntualizado que no todas las comunidades han disfrutado de igual manera de esos mecanismos adicionales de financiación y por lo tanto del mismo ahorro de intereses, por lo que hay comunidades que se ahorran en 2016 hasta 2.000 millones de euros y otras como la suya que se van a ahorrar poco más de 20.

Previamente al inicio de la reunión, todas las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, además de Cataluña, Canarias y Cantabria, habían pedido hoy al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, más flexibilidad en los objetivos de déficit para los próximos años, pues consideran "injusto"que las regiones asuman la mayor parte del ajuste.

Las comunidades que no están gobernadas por el PP cuestionan que el Ejecutivo se conceda un margen mucho mayor de déficit (un 2,2 % del PIB en 2016) que el que otorga a las comunidades autónomas (un 0,3 % ese año), cuando la mayor parte de los servicios públicos esenciales son competencia de las autonomías.

"Plantear a las comunidades un objetivo de déficit de un 0,3 % no es justo, es manifiestamente injusto y además es imposible", ha resumido el consejero aragonés, Fernando Gimeno, quien será propuesto por sus compañeros socialistas para ser vicepresidente del CPFF.

El conseller Andreu Mas-Colell ha dicho al respecto que el objetivo del 0,3 % es "absurdo e irreal" y, por ello, ha instado a su revisión, en tanto que la responsable de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero, ha acusado al Gobierno central de cargar la mayor parte del esfuerzo en las administraciones responsables de la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Montero ha aprovechado para reclamar un nuevo sistema de financiación autonómica y ha recalcado que el incremento de las entregas a cuenta por parte del Estado para 2016 no es fruto de la generosidad del Ministerio, sino de la liquidación positiva del año 2014.

El conseller valenciano, Vicent Soler, ha advertido de que es imposible cumplir el 0,3 % porque los gastos en sanidad, educación y servicios sociales "son inflexibles".

El consejero castellanomanchego, Alfonso Ruiz Molina, ha insistido en la necesidad de cambiar los términos del reparto entre el Gobierno y las autonomías, si bien se ha negado a aceptar una distribución asimétrica entre las comunidades.

Por el contrario, la responsable de Hacienda de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha pedido un estudio serio sobre el déficit asimétrico y ha criticado la opacidad del sistema actual. La consejera se ha mostrado partidaria de suavizar los plazos establecidos para alcanzar la estabilidad presupuestaria.

Asimismo, la consejera canaria, Rosa Dávila, ha pedido al Ministerio -desde la "autoridad moral"que da haber cumplido los objetivos de estabilidad, según ha dicho- que "no sea injusto"en el reparto de los objetivos.

También el cántabro, Juan José Sota, ha insistido en que "debería haber un alivio"para las comunidades autónomas y ha recalcado que son ellas quienes prestan la mayor parte de los servicios.

Los únicos consejeros que han mostrado su apoyo a las tesis del Ministerio han sido los de Castilla y León, Murcia y La Rioja.