El coste para el Estado de las autopistas radiales quebradas se dispara

La cantidad escala desde los 1.800 millones inicialmente estimados hasta los 3.305 millones. La cifra sigue lejos de los más de 4.000 millones que piden los fondos acreedores

La R-3 es una de las autopistas de peaje que quebraron
La R-3 es una de las autopistas de peaje que quebraron

La cantidad escala desde los 1.800 millones inicialmente estimados hasta los 3.305 millones. La cifra sigue lejos de los más de 4.000 millones que piden los fondos acreedores

El Estado ya ha hecho el cálculo de lo que considera debe pagar por la quiebra de las nueve autopistas radiales que se construyeron durante el Gobierno de José María Aznar. Y es mayor de la que en principio se dijo. Según su estimación, los fondos acreedores tienen derecho a recibir un máximo de 3.305 millones de euros. Así lo ha establecido conforme al nuevo sistema de cálculo de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) impulsado por el Ministerio de Fomento, aprobado el pasado mes de abril en el Consejo de Ministros y que ha sido publicado hoy por el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La compensación final, no obstante, seguramente variará respecto a esos 3.305 millones de euros. Como asegura la resolución hecha pública, quedan todavía pendientes de determinar los costes derivados de las modificaciones y las obras adicionales. Además, de la cifra de obras y expropiaciones no amortizadas (vía peajes) se restarán las inversiones que se consideran necesarias para la «puesta a cero» de estas autopistas o coste de reposición. Según una auditoría encargada por el Ministerio de Fomento a la compañía de ingeniería pública Ineco, las autopistas rescatadas requerían inversiones de, al menos, 317,6 millones hasta 2022, tanto para su puesta a punto como para hacer frente a nuevas actuaciones.

La cantidad estipulada para la RPA es sensiblemente superior a los 1.800 millones de euros que el Gobierno comunicó a Bruselas que costaría la indemnización por la resolución anticipada de los contratos de concesión de estas vías de gran capacidad. Y a pesar de ello, sigue estando muy lejos de lo que exigen los fondos de inversión que compraron la deuda a la banca y que se han convertido en las acreedoras del Estado. Estos fondos la cifran en unos 4.500 millones de euros, de los que 400 millones corresponderían a intereses de demora. Esta diferencia tan importante, y la falta de voluntad que, según los fondos, ha mostrado el Gobierno para alcanzar algún acuerdo, es lo que, en principio, abocará a un largo proceso judicial. Ayer, no obstante, estos inversores prefirieron no hacer valoraciones sobre la cantidad estipulada.

El dinero que el Estado deba finalmente abonar a estos fondos irá directamente a engrosar el déficit público, lo que complicará todavía más la consecución de los objetivos de déficit. En sus últimas previsiones, las de primavera, la Comisión Europea ya advertía de que el fracaso de algunos peajes podía complicar la consecución de los objetivos de déficit de España este año. Una advertencia que, en todo caso, hace alusión a la reclamación de 3.000 millones de Abertis al Estado por la AP-7. El conflicto está pendiente de una resolución judicial que se hará pública en cualquier momento.

Las radiales afectadas por la RPA son la R-2 (Madrid-Guadalajara), la M-12 (Eje Aeropuerto), la R-3 (Madrid-Arganda del Rey), la R-4 (Madrid-Ocaña), la R-5 (Madrid-Navalcarnero), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-41 (Madrid-Toledo), la Circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera. La RPA más abultada establecida corresponde a las autopistas R-3 y la R-5, 637 millones, a los que habrá que sumar los costes de modificaciones y obras adicionales. Ambas se licitaron de forma conjunta en una concesión. Para la R-4 se ha establecido una compensación de 559,6 millones. Para la Cartagena Vera, 526,8 millones; para la AP-36, 487,2 millones; para la Circunvalación de Alicante, 398,6 millones; para la Madrid-Toledo, 348,8 millones; y para la M-12, 305,3 millones.

Estas vías han pasado a estar gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) desde que las concesionarias que las gestionaban entraron en liquidación, a la espera de que el Gobierno decida si saca de nuevo a licitación su explotación y mantenimiento.