Las autopistas rescatadas tendrán pérdidas hasta 2022

Las vías de peaje necesitan una inversión de 317 millones.

La gestión de las nueve autopistas rescatadas por el Estado reportará pérdidas durante los próximos cuatro años. El Ministerio de Fomento estima que la explotación de estas vías obtendrá un beneficio bruto de explotación negativo hasta 2022, pero prevé reducirlo desde los 19,2 millones de euros para 2019 hasta los 3,16 millones fijados para el final del periodo. Las autopistas necesitan una inversión de alrededor de 317,6 millones de euros para que recuperen un «estándar adecuado».

Según Fomento, se trata de una inversión que debería haber sido acometida por las anteriores concesionarias de las vías «con carácter previo a la reversión al Estado». Del importe total, 295 millones se destinarán a «poner al día» las autopistas en materia de conservación y mejora, refuerzo de firmes y optimización de sistemas, entre otros conceptos. Los más de 22 millones restantes se invertirán en nuevas actuaciones motivadas por cambios urbanísticos o desarrollos de nuevas infraestructuras. Las autopistas que mayor acondicionamiento necesitan son las radiales, con la R-4 –que une Madrid con Ocaña– a la cabeza, con 86 millones. El resto de autopistas varía entre los 7,6 millones que requiere la M-12 y los 24,3 millones que necesita el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera.

El Gobierno espera que los ingresos de las autopistas crezcan un 7,1% gracias al aumento del tráfico por el descenso del 30% en los peajes a partir del 15 de enero, pero no será suficiente para cubrir los gastos. Las autopistas cerrarán el año con unos ingresos de 77,5 millones, mientras que en 2019 facturarán 122,8 millones. La cifra ascenderá hasta los 126,4 millones en 2020, 129 millones en 2021 y 131,6 millones en 2022. No obstante, las cifras de tráfico previstas por el Ministerio no se ajustan a la realidad. Para este año, el Ministerio esperaba un crecimiento del 7,5%, si bien sólo crecieron un 2% en los nueve primeros meses del año.

Las pérdidas se sumarán a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración. Es decir, la cantidad que el Estado deberá pagar a los dueños de las concesionarias que construyeron las autopistas rescatadas, estimada en más de 2.000 millones.