Las políticas activas piden cambios

Los servicios públicos apenas colocan al 2% de los desempleados. Clasificar a los parados ayuda a esbozar itinerarios individualizados para encontrar empleo.

Si el número de parados registrados en el antiguo Inem escala por encima de los 3,7 millones se debe, entre otros factores, a la ineficacia de los servicios públicos de empleo, cuyos índices de colocación apenas alcanzan el 2%. De hecho, desde Europa insisten en las importantes ineficiencias que todavía persisten a la hora de implementar políticas activas en el mercado laboral. Máxime, las que atañen a los parados de larga duración. Las autoridades comunitarias instan a reforzar la coordinación de los servicios sociales y de empleo en España para proporcionar servicios integrados a las personas más alejadas del mercado laboral. De igual modo, reclaman una mayor cooperación con las oficinas autonómicas y lamentan que los servicios públicos apenas actúen en la intermediación laboral, restringiendo su labor a la gestión de prestaciones y subsidios.

El nuevo marco laboral en el que debe desembocar la revisión de la reforma tendría que hacer hincapié en la modernización de las políticas activas de empleo, en su gestión, estructura, coordinación y evaluación. Los expertos afirman que estamos aún en el pleistoceno en esta materia y que tenemos, al menos, una década de retraso respecto de otros países europeos.

Toni Roldán, portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso, destaca la necesidad de realizar un perfilado de los candidatos y admite que el Gobierno está comenzando a incorporar algunas propuestas en ese sentido, utilizando programas para categorizar. «Debemos saber qué parados tenemos, pero el sistema no permite categorizarlos por índice de empleabilidad para ayudarles a reengancharse y canalizar mejor los recursos». Roldán lamenta que cada año se pierdan miles de millones en inútiles políticas activas y en cursos que no servían para nada y que, fundamentalmente, impartían los agentes sociales. «Se está empezando a abrir la oferta a agentes externos para que haya competencia entre los cursos y mejoren. Hay que invertir más recursos en la orientación individualizada», apostilla.

Las políticas activas de empleo tratan de favorecer la búsqueda de trabajo y reducir los plazos medios de colocación. Sin embargo, una de sus principales deficiencias podría ser que, a pesar de la alta tasa de paro, los recursos destinados a estas políticas son inferiores a los invertidos en políticas pasivas. Y esto puede llevar a un estancamiento del candidato, ya que éste no continúa con su desarrollo profesional. Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, aboga por aumentar la empleabilidad de los parados a través de su acceso a trabajos temporales para que no se produzca una ruptura total del contacto con el mercado laboral y evitar que pasen a formar parte de una obsoleta mano de obra.

Público-privada

Pérez asegura que la colaboración público–privada persigue incrementar la eficiencia y la efectividad de los servicios de colocación. Y mientras que un incremento de la eficiencia implicaría menores costes de provisión, un aumento de la efectividad se traduciría en una mayor colocación de los parados. Por lo tanto, una reducción en los plazos de colocación supondría una disminución del paro de larga duración. «Se ha demostrado que una mayor presencia de empresas de trabajo temporal en el mercado de la intermediación favorece a unas menores tasas de paro», remarca.

«La falta de coordinación de los servicios sociales y de empleo obstaculiza la prestación efectiva de ayuda a las personas sin trabajo, incluido el desarrollo de ayuda personalizada para los desempleados de larga duración y las personas más alejadas del mercado laboral», se desprende de un informe de la Comisión Europea sobre la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Y es que al contar con un 47% de paro de larga duración, los desempleados ven más difícil su reinserción, ya que durante el periodo de inactividad no han continuado su formación y terminan no siendo aptos para los nuevos empleos creados. Pérez sostiene que «las políticas pasivas de empleo sólo ayudan a los trabajadores a subsistir con unos recursos mínimos, pero no solucionan los problemas del paro estructural y del de larga duración».

La gestión e intermediación de los parados de larga duración continúa estando en manos de los servicios públicos. Sin embargo, en otros países la colaboración público–privada con empresas de trabajo temporal y agencias privadas de empleo ha facilitado el aumento de la empleabilidad de este colectivo. En España, este tipo de colaboración prácticamente no existe, pero los expertos consideran necesaria la normalización y regulación de la relación de operadores públicos y privados para buscar modelos que permitan de forma eficiente y viable aumentar la empleabilidad y la inserción real de los desempleados. «Es imprescindible la segmentación para abordar el tratamiento diferenciado de colectivos de candidatos propuestos para su rápida inserción laboral de aquellos en riesgo de exclusión social», agrega.