La renta mínima tendría un coste de 15.000 millones

La Autoridad Fiscal Independiente advierte de que desbordaría el objetivo de déficit. Calcula en 3 millones sus potenciales beneficiarios.

Como en muchos otros ámbitos sociales, Finlandia se ha convertido en el país de vanguardia de la renta básica universal. Una paga con la que se intenta eliminar la pobreza y que, por medio de una iniciativa legal, tratan de impulsar también los sindicatos en España. La propuesta de las centrales es que la población activa de entre 18 y 65 años que no tenga derecho a otra prestación y lleve más de un año en paro cobre un subsidio de 426 euros al mes. La iniciativa se tramita ahora en el Congreso de los Diputados y allí acudió ayer el presidente de la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), José Luis Escrivá, para lanzar un aviso: la renta mínima puede poner en riesgo las cuentas públicas.

Escrivá, que compareció en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, aseguró que el subsidio podría costar entre medio y un punto más de déficit. «Nos sacaría fuera de la consolidación fiscal», advirtió. Las perspectivas de la AIReF para España, sin esta norma, pasan por una estabilización del déficit en torno al 2%, que estructuralmente sería del 2,5%, por lo que medio punto más de desequilibrio desbordaría la línea roja del 3%.

Coste de la ayuda

El coste contante y sonante de la renta podría alcanzar los 15.000 millones de euros, según Escrivá. La medida tendría un gasto inicial de entre 6.000 y 13.000 millones de euros, aunque se elevaría a un umbral de entre 7.000 y 15.000 millones de euros si se incluye el complemento por menor o persona dependiente a cargo. La cifra, no obstante, podría variar en función de las enmiendas 10.000 millones de euros al alza o, incluso, 1.300 millones a la baja si el umbral para acceder a esta ayuda se fija en 26 años.

Respecto a los potenciales beneficiarios de la ayuda, el presidente de la AIReF se remitió a la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) para remarcar que hay casi 3 millones de personas que, entre 18 y 65 años, manifestaron no haber trabajado en los últimos 12 meses, aunque en función de la renta podrían situarse entre 1,9 y 2,2 millones de personas.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) tampoco cree que la economía española esté en situación de afrontar un gasto tan extraordinario como éste de forma generalizada. «Me gustaría vivir en un mundo con recursos ilimitados, pero tenemos que mirar la situación de España y la crisis fiscal, que en España no está resuelta», aseguró José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de la institución en la comisión parlamentaria. Su planteamiento es restringir de inicio la aplicación de la renta mínima a personas en situación de desempleo durante más de dos años o que lleven un año sin recibir ninguna prestación para ampliarla después si se considera que es financieramente sostenible.

Sanciones

Para evitar que el subsidio sea una invitación a no trabajar, Conde Ruiz propuso introducir un impuesto negativo sobre la renta para, en caso de implantar la prestación, que un empleo no sustituya plenamente la ayuda económica –de esta forma el incentivo para trabajar sería mayor– y vincular la prestación a la búsqueda activa de trabajo. También propuso sanciones para los beneficiarios que no acepten ofertas de empleo.

Las estimaciones de Fedea concluyen que hay 1,3 millones de personas que no buscan empleo que, según Conde Ruiz, «se apuntarían» a la renta mínima. Esto, según los cálculos de la Fundación, elevaría los costes del subsidio hasta los 17.000 millones de euros, más en línea con el BBVA Research que con la AIReF. El servicio de estudios de la entidad bancaria eleva por encima de los 18.000 millones de euros el coste de la prestación.